La grave crisis que afecta a Las Condes: investigación contra municipio apunta a estafa, fraude y falsificación

La polémica en la municipalidad de Las Condes está lejos de terminar. Esto, porque durante este jueves se conocieron nuevos detalles de la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público. Las diligencias ya se han extendido por siete meses y donde, presuntamente, se estaría frente a delitos de: estafa, fraude y falsificación.

Cabe señalar que todo se originó cuando un grupo de concejales del municipio hizo una denuncia a la Fiscalía Local de Las Condes. ¿La razón? Se habrían detectado presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de 10 inmuebles, que serían usados para la instalación de un nuevo Cesfam en la comuna.

De hecho, Contraloría ya se había pronunciado respecto a lo anterior. El órgano fiscalizador, en un documento de 36 páginas, estableció que hubo sobreprecio en la compra del paño donde la alcaldía buscaba concretar el centro de salud.

Así las cosas, los ediles del municipio de la zona Oriente aseguraron que podían estar, incluso, en un peor escenario al que enfrentaba el municipio de Santiago, por el caso de la exclínica Sierra Bella. ¿La diferencia? En Las Condes ya había indicios de cobros abultados, la compra se había ejecutado y los dineros ya estaban retirados desde las arcas municipales, según constató La Tercera.

Debido a la situación anterior, el fiscal Rodrigo Mena encargó a la PDI allanar las dependencias de la municipalidad de Las Condes. En dicha oportunidad, se llevaron computadores, documentos y otros insumos. La alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI), en ese momento, descartó la posibilidad de que existieran ilícitos. Sin embargo, reconoció que podrían haber errores administrativos, por lo que ordenó una auditoría externa.

Con respecto a las diligencias que está dirigiendo el persecutor, y según el medio citado, se espera que la próxima semana se levante el secreto de la investigación, por lo que los intervinientes en el caso podrán tener acceso al material. Eso sí, los concejales ya apuntan a Peñaloza como la responsable del caso que está enfrentando el municipio.

Los orígenes del caso que complican la administración de Daniela Peñaloza

El pronunciamiento nació a partir de una denuncia que realizó la concejala republicana de la comuna, Catalina Ugarte, en contra de la alcaldesa Daniela Peñaloza en marzo de este año. En esa oportunidad, Ugarte denunciaba el precio por el cual el municipio adquirió un paño en el que se buscaba establecer un Cesfam. Sin embargo, el valor por el que se adquirió este, junto con el antecedente de a quien se lo compró, levantaron las primeras sospechas.

A pesar de la denuncia que se realizó, el origen se remonta a marzo de 2022, cuando a los concejales del municipio se les citó a una comisión reservada . En aquella oportunidad, el secretario general de la Corporación de Salud y Educación, Ricardo Gutiérrez, y el director de la Secretaria de Planificación, Alejandro Contreras, le presentaron a los ediles los antecedentes sobre establecimientos y condiciones para efectuar la construcción del Cesfam.

Según la denuncia ingresada en la Fiscalía, los concejales afirmaron que ese día se les pidió pronunciarse por la voluntad de comprar terrenos. Al día siguiente se les mandó una revisión del acuerdo que se tomó. ¿Qué decía? Se aprobaba la adquisición de lotes correspondientes a 5.315 metros cuadrados por un monto total de hasta 353.956 UD.

Sin embargo, todo “explotó” cuando la concejala Catalina San Martín asumió la Comisión de Hacienda del Concejo, desde el municipio afirmaron que habían “asuntos” que no cuadraban. Cuando se revisó el detalle del proceso de la compra de los terrenos, “se nos informó que el precio de compra por parte de la municipalidad de estas 10 casas era de 68 UF el metro cuadrado, por casa. Sin embargo, el concejal Leonardo Prat hizo el cálculo y se dio cuenta que la casa que la municipalidad compró directamente a Vulcon y no a su propietario primitivo, como las otras 9, superaba con creces las 68 UF el metro cuadrado. En efecto, según la información entregada y haciendo el cálculo nosotros, se pagaron a Vulcon 112,6 UF m2 por la décima casa”, dice la denuncia ingresada en la Fiscalía.

Debido a la situación, dijeron que ese “antecedente de sobreprecio, y la eventual posibilidad de estar ante una compraventa viciada, con lesión enorme o un fraude a las arcas municipales, prendió las alertas”

Los ediles del municipio de la zona Oriente también acusaron que se les ocultó información y que el acuerdo que tomó el consejo se hizo sin toda la información pertinente. En la denuncia, también se lee que “el acta del Concejo, cargada y publicada en la página web de la municipalidad, hacía referencia nominativa a las sociedades vendedoras (Vulcon e Inmobiliaria FG Oriente II) y explicitaba un porcentaje de comisión de corretaje para la operación“.

Producto de lo anterior, afirmaron que las arcas municipales ya habían sido intervenidas. “La adulteración en el Acuerdo suscrito por el Concejo Municipal, además de constituir, a juicio de esta parte, el delito de falsificación de instrumento público, es del todo relevante puesto que sin aquella modificación no se podrían haber suscrito las compraventas posteriores, en especial aquella donde se adquirió el inmueble ubicado en calle Nueva Delhi Nº 1775, de la comuna de Las Condes, a un sobreprecio que alcanza casi 100% de aquel monto acordado como “máximo” por m2 en la cláusula cuarta del Contrato de Promesa de Compraventa”, agrega la denuncia.

“No han sido días fáciles para ninguno de nosotros”: la reflexión de Daniela Peñaloza

El 6 de octubre fue un día clave para el municipio: la Contraloría declaraba ilegal la compra de inmueble para la construcción del Cesfam.

El tema fue abordado en una sesión del Concejo Municipal, que se desarrolló el 12 de octubre. En dicha sesión la jefa comunal abordó la polémica y dijo que “obviamente no han sido días fáciles para ninguno de nosotros… En lo personal porque obviamente no deja de indignar, no deja de doler, de dar rabia también que un proceso tan importante como la compra de un terreno para la construcción de un Cesfam, que sabemos tenga tantas fallas, errores, omisiones administrativas y que finalmente ha provocado que se pare este proceso, obviamente se vuelva lento”.

Sobre el informe del órgano fiscalizador, Peñaloza aseveró que “da cuenta de errores, faltas y omisiones administrativas graves. No quiero tapar con un dedo el sol y no quiero quitarle seriedad, ni importancia a este informe”.

Por último, jefa comunal se dirigió a los concejales: “Estoy frustrada, que estoy indignada, que siento rabia por haber recibido mala información, incompleta, e incluso porque me omitieron información y debido a eso no pude detectar las irregularidades que estaban pasando, no lo pude detectar a tiempo. No pude detectar esos errores, esas irregularidades, esa falta de rigurosidad, incluso la descordinación”.