Caso Luis Hermosilla: ministro de Justicia plantea que involucrados podrían arriesgar entre 3 a 10 años de cárcel

Tras allanamientos, citaciones a declarar y oficialización de los imputados, la situación del connotado abogado Luis Hermosilla -y sus contertulios en el audio en el que se esbozan eventuales sobornos a funcionarios públicos- levantó un tema de conversación legislativa importante para el Gobierno, que esta vez tomó la palabra de ello el ministro de Justicia, Luis Cordero.

En la semana ya había comentado la situación el ministro secretario general de Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde (PS), quien le otorgó una perspectiva al asunto desde el rechazo de la reforma tributaria que sufrió el Ejecutivo en marzo.

“Nuestro país necesita más y mejores herramientas para enfrentar la evasión y elusión fiscal. Eso estaba contenido en la reforma tributaria y lamentablemente en su momento la Cámara lo rechazó“, señaló el ministro socialista, mientras que su par de Hacienda, Mario Marcel, apelaba, en cambio, a una “lentitud legislativa“, junto con reiterar que el rechazo de la reforma no permitió modificaciones al Servicio de Impuestos Internos (SII), que buscaban aplicar mayor fiscalización.

Con ese antecedente detrás, Cordero -en Radio Infinita- comentó otra ramificación legislativa del Ejecutivo: la ley de Delitos Económicos, publicada en agosto de este año.

En ese sentido, el líder de Justicia sostuvo que el caso “devela la importancia de haber dictado la ley“, esbozando un acierto del Gobierno al iniciar la conversación sobre los delitos de “cuello y corbata”.

Asimismo, explicó que de someterse a la legislación los hechos revelados en el audio, las sanciones para los incumbentes sería “desde 3 a 10 años de cárcel, con cumplimiento efectivo y sin beneficios” enfatizando en que no existirían ni atenuantes, debido a la que la norma busca “el cumplimiento efectivo de la pena”.

Sin embargo, la condicionalidad del caso responde a la distancia de tiempo que existió entre la publicación de la ley y desde qué mes datan los eventuales delitos cometidos, dado que los audios responden a la tercera semana de junio, casi dos meses y medio de diferencia.

Daño a instituciones

Por otro lado, Cordero comentó que la situación de Hermosilla “compromete a dos instituciones que son esenciales para el sistema financiero“, refiriéndose al SII y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En la misma línea, sostuvo que ello “destruye confianzas esenciales para el funcionamiento democrático“.

Pese a lo anterior, el líder de Justicia señaló que ambas instituciones gozan de fortaleza aunque “estén sometidas a mucha presión”, pero que, en particular con la CMF, “descansa en el profesionalismo que tiene“.

De hecho, en la semana, y tras desatarse el escándalo, este organismo notificó que sabía sobre la existencia del audio un día antes de la publicación de Ciper.