Columna de Carolina Urrejola | Caso Luis Hermosilla: Better Call Luis

El chiste ha corrido por las redes sociales. La comparación entre el abogado -caído en desgracia- Luis Hermosilla y el protagonista de Better call Saul, la serie de Netflix sobre un “jurista” carente de todo escrúpulo, único salvavidas de narcotraficantes y estafadores, dispuesto a cometer delitos para seguir adelante con el negocio. Porque alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no?

La corrupción corroe la democracia y eso lo reconoce el derecho penal, siempre estricto, al permitir que cualquier habitante de la provincia donde se ha cometido el eventual delito pueda querellarse. ¿Un ejemplo? La Fundación Ciudadano Inteligente fue querellante en el Caso Penta.

Es más, tan peligrosa es la corrupción que los fallos judiciales en los casos del exalcalde Miguel Ángel Aguilera y la exalcaldesa Karen Rojo dicen explícitamente que los actos que cometieron son delitos contra el Estado de Derecho y la democracia. Ese es el alcance y la gravedad de la trama que se ha conocido esta semana gracias a la publicación de Ciper Chile. Ni más ni menos que una amenaza al funcionamiento de nuestra democracia.

Para cualquier auditor, resulta impactante la evidencia de que exista una maquinaria perfectamente calibrada para corromper. Pero basta preguntarle a un abogado penalista qué tan comunes son las coimas y te dirá que son habituales y conocidos los casos de profesionales que compran favores de policías e instituciones, perjudicando al resto del gremio de los defensores que actúan con probidad. La caja negra y los sobres con billetes son pan de cada día.

En la conversación filtrada el abogado Hermosilla no habla en ningún momento con su cliente de una estrategia judicial. En los 105 minutos de diálogo no se menciona norma jurídica alguna. Lo que el abogado intenta estructurar para sacar del apuro a Daniel Sauer es un esquema de coimas a funcionarios de servicios públicos a través de las gestiones de la otra persona presente, María Leonarda Villalobos.

“El cabro de la CMF es bueno y ayuda”, se escucha decir al influyente jurista que figura hoy en calidad de imputado. Ese funcionario sería el sobornado, algo que determinará la investigación penal y el sumario interno. En los hechos, la Comisión ha sancionado desde marzo hasta ahora de manera severa a las dos sociedades del empresario Sauer. La defensa de Hermosilla, en ese sentido, fracasó.

¿Y qué rol cumple el Fiscal de la Unidad de Investigación de la Comisión de Mercado Financiero? Andrés Montes, que es mencionado en el polémico audio, tuvo a lo menos dos reuniones con Luis Hermosilla. Una se produjo en el contexto del proceso sancionatorio contra la corredora de Sauer. La segunda reunión fue el 31 de mayo, solicitada por Hermosilla vía Ley de Lobby, seis días después de que la CMF informara la suspensión de todas las actividades de STF Capital y la mantuviera excluida del registro de la Comisión. El motivo informado para esa reunión fue “conocer y colaborar en los actos que contemplan el área de la sanción actualmente impuesta a la sociedad”.

¿Puede cualquiera acceder con esa celeridad a una reunión con el Fiscal de la CMF? ¿Es igualitario el acceso a la autoridad fiscalizadora? Ese es un punto a aclarar. El otro: ¿Facilitó Montes la información reservada que Luis Hermosilla señala? No es de extrañar que ambos -uno abogado penalista, el otro un ex fiscal del Ministerio Público-  se conozcan y hayan coincidido en más de una causa. Por eso es clave investigar si hubo o no un acceso privilegiado y si se entregó o no la información.

La defensa de Luis Hermosilla, hasta ahora, se ha centrado en que la grabación es ilícita y no se puede usar como prueba. También alude al resguardo del secreto profesional. Pero este privilegio de los abogados es en beneficio del cliente al que representan y no cubre (no puede cubrir) la comisión de delitos. Sobre la licitud de la grabación hay distintas interpretaciones, pero el argumento de que en esa conversación se fraguaba un delito contra la democracia seguramente será considerado por la justicia a la hora de decidir la formalización de los involucrados.