Condonación del CAE y desmunicipalización: la agenda educacional que entrampa al Gobierno de los exdirigentes estudiantiles

La pausa acordada en la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y la discusión sobre qué hacer con el Crédito Aval del Estado (CAE) golpea en el alma de los líderes del Gobierno liderado por el Presidente Gabriel Boric.

Era el año 2011 cuando los dirigentes estudiantiles universitarios salían a las calles exigiendo educación “gratuita” y de “calidad“. Es fácil distinguir en las imágenes y registros que hay de ese tiempo a la actual vocera de Gobierno, Camila Vallejo, al exministro Giorgio Jackson, y al mismo Boric, en donde se les solía ver sosteniendo lienzos por la Alameda.

Pero, 12 años después, las situación dista de aquellos años. Hoy, la propuesta de una desmunicipalización de la educación pública y la conversación sobre el CAE aparecen como una piedra que roza en los talones del Gobierno.

La primera se vio afectada notablemente luego del paro de profesores ocurrido en Atacama, en donde más de 30 mil alumnos vieron “suspendido” su derecho a la educación. Lo anterior recayó en la responsabilidad del SLEP de Atacama sede Copiapó, del cual sus docentes acusaron fallas en la infraestructura y la gestión administrativa, que abrió la grieta de ese flanco.

Esa situación levantó reproches desde el sector del Gobierno, inclusive. Diputados oficialistas de la zona señalaron la idea de pausar la implementación del programa. La vicepresidenta de la Cámara, Daniella Cicardini (PS) dijo —a finales de octubre— que se debían detener los SLEP “hasta que se haga una mejora en nuestra legislación vigente“.

Esa idea prevaleció en la discusión de la Ley de Presupuesto 2024. Para salir adelante con el erario público en la partida de educación, el Ejecutivo debió acordar un principio de acuerdo con el Congreso en el que se pausaba la continuación de los SLEP, y —además— se condicionó la implementación de nuevos Servicios Locales a un informe del Mineduc.

De esa forma, una de las tareas gestionadas en el mandato de la expresidenta Michelle Bachelet —en pos de desmunicipalizar la educación pública, una de las herencias de la dictadura militar y con la cual los antiguos dirigentes estudiantiles del Gobierno combatieron en sus tiempos— comenzó a desacelerarse.

La incómoda conversación sobre el CAE

Sin embargo, la conclusión del debate sobre el erario 2024, así como le cerraba la puerta a los SLEP, parecía abrirle una ventana al CAE. Al menos, así lo sustrajo otro acuerdo del Gobierno, que estableció “un proyecto de ley para la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento y modernización para la educación superior“.

El punto anterior vendría condimentado con declaraciones que dieron autoridades de Gobierno durante la semanada pasada.

Primero fue el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana (Comunes), en donde sus palabras recibieron el eco de Vallejo. “Esto (la discusión sobre la condonación CAE) debiera ocurrir en el primer semestre del próximo año“, señaló la vocera. “La solución del tema del CAE nunca ha estado fuera del programa de Gobierno“, secundó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la misma jornada.

Pero, bastó que iniciase a esbozarse la idea para que la oposición y algunas facciones de Gobierno marcasen su postura. “El Gobierno ha dicho que no es prioridad debido al alto costo fiscal y nosotros no vamos a aprobar un alza de impuestos (…). Sería una torpeza reavivar ese tema“, dijo el diputado Guillermo Ramírez (UDI), integrante de la comisión de Hacienda de la Cámara y jefe de bancada del gremialismo.

A la vez que la oposición se mostraba reacia, en parte de Socialismo Democrático la idea no era de su completo agrado. Allan Álvarez (PS), presidente de la Juventud Socialista, en una entrevista a El Mercurio cuestionó la prioridad que se debía tomar sobre el tema.

“Además de costosa, no está en las prioridades de la ciudadanía“, señaló el dirigente PS sobre el CAE, lo que desencadenó una ola de respuestas y diferencias entre sectores del Frente Amplio y sus pares socialistas.

“Terminar con las deudas educativas es una medida que cuenta con importante apoyo en encuestas al menos desde 2020, y un debate que lleva más de una década“, le respondió la diputada Emilia Schneider (CS).

Asimismo, Marcel, ante la presión generada, bajó una revolución con una eventual condonación. “La ayuda a los deudores del CAE va a ser a escala de nuestra realidad“, dijo a fines de la semana pasada.

El antecedente del Simce

En junio de este año se dieron a conocer los primeros resultados del Simce —correspondientes a 2022—, después de la pandemia de coronavirus. Las conclusiones no fueron alentadoras: bajas en Lenguaje y Matemática materializaron una idea que ya se esbozaba y que guardaba relación con el deterioro en la educación de los niños tras años de educación a distancia.

De esa forma, los reproches a la coalición gobernante vinieron desde sus antecesores, quienes recordaron los reproches que recibió el exministro de Educación, Raúl Figueroa. Este último fue acusado constitucionalmente por levantar la idea de volver a clases en 2021.

Por lo anterior, Boric hizo su mea culpa en enero. “Chile fue uno de los países que tuvo durante más tiempo sus escuelas cerradas. Eso también lo pienso en retrospectiva. Quienes estuvimos en el Parlamento en ese momento también fuimos responsables de aquello, lo pienso autocríticamente“, señaló en su participación en el Congreso Futuro.

Los resultados del Simce se verían replicados en la evaluación Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) 2022. Fue allí donde los resultados de Chile, en concordancia con el globo, retrocedieron.

Pese a ser el mejor ranqueado de América Latina (Chile está por sobre México, Brasil y Uruguay en Lenguaje y Matemáticas), su distancia con los países OCDE —hacia adonde apunta el país— se visualiza desde lejos.