Voto obligatorio en Chile: las complicaciones para los Juzgados de Policía Local sobreexigidos por multas y encuestadoras en fase de “transición”

Gane la propuesta del Consejo Constitucional o se mantenga la Carta Magna vigente, ambos textos disponen el voto obligatorio en sus articulados. Lo que había sido una excepcionalidad establecida para el plebiscito de salida en 2022, terminó asentándose como la norma a inicios de este año.

Luego de once años de la reforma tramitada durante la primera administración Bachelet -promulgada con Piñera- que estableció el voto voluntario y la inscripción automática en los registros electorales, a inicios de este año se aprobó la reforma de sufragio obligatorio, manteniendo el enrolamiento a los 18 años y con sanciones por no acudir a las urnas.

Aunque se habla de la “reposición” del voto obligatorio, uno de los mocionantes de dicha reforma constitucional, el exdiputado Pepe Auth, hace una acotación histórica.

“Es por primera vez obligatorio. No es que se haya ‘restaurado’ o ‘reestablecido’ la obligatoriedad. Antes era una obligatoriedad parcial, porque era sólo para los que se habían inscrito voluntariamente. No era obligatorio para la población entera”, precisa Auth.

Si bien parlamentarios actuales y anteriores respaldan esta medida, no descartan que se puedan generar complicaciones del punto de vista técnico.

La diputada Joanna Pérez (Demócratas), autora de uno de los proyectos que permitió establecer este mecanismo, afirma que “presentamos esto para fortalecer la democracia. Hay que tener más participación y es por eso que este proyecto también era bien considerado por la ciudadanía”. 

La legisladora también destaca que podría volver el voto voluntario, en la medida que la ciudadanía se eduque sobre los procesos electorales. “Vale la pena cuando tengamos participación ciudadana, decisiones donde hayan etapas previas para fortalecer esa ciudadanía. Lamentablemente, en nuestro país desde 2012 que se cambió el voto a voluntario, se dejó de hacer todo lo que se había avanzado en materia de educación cívica”, afirma.

Pepe Auth coincide que esto refuerza la democracia. A su juicio, “hace que la política represente mejor a la ciudadanía entera y no sólo a los interesados en la política”. 

El exdiputado asegura que es irreversible esta medida, que llegó para quedarse. “Nuestro propósito era incluirlo, motivados básicamente porque había ido descendiendo de manera muy radical la participación de las nuevas generaciones. Porque los jóvenes no se inscribían sino muy parcialmente y muy cerrados socialmente. Se inscribían los jóvenes de las comunas más acomodadas y no los jóvenes de las comunas populares”, aclara Auth.

Tanto desde el punto de vista de Auth como desde diferentes encuestas, la ciudadanía exigía el voto obligatorio, algo que, según empresas, aún se mantiene.

Obligatoriedad “a medias”

Como sea, la imagen de electores haciendo largas filas en comisarías para dejar constancia de su ausencia en las urnas se ha vuelto una postal más en los últimos dos procesos bajo la obligatoriedad: 2,1 millones de votantes no acudieron en septiembre de 2022. Cifra que se empinó a 2,6 millones para el 7-M.

El Servicio Electoral (Servel) es quien reporta la nómina de electores ausentes a los Juzgados de Policía Local, quienes -a su vez- se encargan de recibir las apelaciones y de cursar las multas cuando no hay justificativo de la ausencia del votante.

Con recursos acotados dependiendo de la comuna, el Observatorio Judicial ha puesto en alerta que el mecanismo vigente “de control” del voto obligatorio no sería el más eficiente: en comunas con menos recursos -considerando que los Juzgados de Policía Local dependen de los municipios-, o donde la abstención es mayor, la persecución se vuelve compleja. 

Así lo plasmaron en un análisis publicado a mediados de este año.

El abogado Juan Francisco Cruz, investigador del estudio, explica que “la institución encargada de procesar esas denuncias y aplicar las sanciones no tienen muchos recursos. Están supeditados a los presupuestos de las municipalidades (…). El punto es cómo estos Juzgados de Policía Local, que por lo general cuentan con pocos recursos, pueden hacer frente a esta nueva avalancha de causas”. 

La metodología fue la siguiente. “Si tomamos como referencia el año 2021, en los JPL de la Región Metropolitana ingresaron un total de 6.390.438 causas. A su vez, en la RM, 1.012.720 electores no concurrieron a las urnas. Por tanto, de golpe, los JPL deberán asimilar un potencial sobrecargo del 16% en sus ingresos, es decir, un millón de causas nuevas”, señala el informe del Observatorio.

En cifras aproximadas, y teniendo como referencia -por ejemplo- los números de abstención de la comuna de San Ramón en los procesos electorales de 2021, sus juzgados “necesitarían crecer seis veces para tramitar con éxito las casi 12.000 denuncias por no sufragio”, proyecta el documento.

Ahora bien, Cruz plantea soluciones para agilizar esos procesos. “Poner la carga de cumplimiento de la sentencia no en el tribunal o en la municipalidad o en el Servel, sino en la persona misma, estableciéndole sanciones accesorias. Por ejemplo, mientras no paga la multa, se ve impedida de realizar ciertos trámites como la renovación de carnet”.

Modernización del pago de la multa

Con un volumen de abstención de los últimos dos procesos a la vista, y las proyecciones del Observatorio, la obligatoriedad corre el riesgo de convertirse en letra muerta.

Los autores de uno de los proyectos coinciden con la necesidad de potenciar a las instituciones. Incluso, la diputada Joanna Pérez afirma que hay un proyecto de ley en trámite, pero que se mantiene pausado en el Senado.

“Los tribunales pueden tener una mayor sobrecarga, también Carabineros de Chile por las constancias. Junto al Servel, nosotros avanzamos y revisamos poder generar una propuesta distinta en orden a quién notifica, a dónde se generan las excusas. Inclusive, si la multa iba a ser pecuniaria o pudiera ser de otra manera”, señala la legisladora.

Pérez responsabiliza a la Cámara Alta por la lenta tramitación, y asegura que “es el momento y el minuto para ir discutiendo cómo hacer efectiva esta obligatoriedad y si podemos adecuarlo a los tiempos, a la modernidad, a la tecnología”.

Pepe Auth coincide y agrega que “si la obligatoriedad se transforma en una consigna que no se aplica, obviamente vamos a ir bajando la participación. La gente tiene que sentir que hay una sanción. Si no lo siente, obviamente vamos a terminar volviendo a las tasas de participación de antaño”.

Para el exparlamentario es necesario que el Congreso avance en soluciones que permitan agilizar el proceso de sanciones para que “no produzcan atochamientos del sistema judicial. Tampoco se trata de desfocalizar los problemas de delincuencia para ir a reforzar la obligatoriedad”.

“Recalibrar” la máquina: casas encuestadoras aún adecuándose al voto obligatorio

Las empresas de encuestas y expertos también se enfrentan a un complejo escenario. Esto porque no solo aumenta el campo de votantes considerablemente, sino que surge un nuevo votante del cual se desconocen sus interese. Ramón Cavieres, director de Pulso Ciudadano, menciona sobre el nuevo votante que “tenemos treinta por ciento más del padrón. Un perfil particular que tiene que ver con los grupos socioeconómicos más bajos sin posición política, menos nivel educacional, más desapego de la política”.

En ese sentido, Cavieres afirma que desde el punto de vista técnico, el aumento del electorado no debiese afectar. Pero que el segmento de votantes nuevos  “si tiene un patrón distinto, que no hay un historial de cómo vota. Recién se está integrando al proceso de votación, y puede hacer inclinar una votación hacia un lado u otro, dependiendo de cómo sea su posición”.

Pepe Auth en su calidad de analista político y experto electoral también lo entiende así. Aunque afirma que las formas de entender a los votantes ya había cambiado.

“Claro (que genera dificultades). Ahora, para ser franco, hoy día casi todos los electores tienen un comportamiento incierto. Es decir, antes era el paraíso de los expertos y de los analistas que podían proyectar elección tras elección porque se repetía la conducta electoral de manera relativamente invariable. Hoy la franja de electores que toma su decisión sin referencia a un marco ideológico o una distinción política es mayoritaria”, asegura el exdiputado.

Axel Callís, director de Tú Influyes, destaca que las encuestas se encuentras en un periodo de transición. “Nosotros estamos en una transición donde hay tres millones de personas que nunca habían votado y que empezaron a votar ahora, y que no las conocemos, son personas que viven fuera del mundo de la política, viven fuera del mundo de la información dura”, sostiene.

Callís también afirma que “hay 3-4 millones de personas que antes no votaban, y que ahora votan. Por lo tanto esas personas se van a ir acercando al voto y esperamos que cuando se acerquen al voto también se acerquen al mundo de la opinión pública y de las encuestas”.

Del punto de vista logístico, asegura que también es complejo llegar a encuestar a personas de segmentos socioeconómico bajo por temas geográficos.

“Por supuesto se hace más agudo con el voto obligatorio, pero es un tema de sociedad, es decir, venía ya la tendencia hace rato a la desideologización del electorado”, concluye Auth.

Voto obligatorio: ¿Qué arriesgan las personas si no votan hoy?

Mientras siga operando el voto obligatorio con inscripción automática, que de momento nada indica que podría terminar, las personas deben cumplir con su deber cívico. En ese sentido, quien no vota arriesga a multas entre 0,5 a 3 UTM ($32.100-$192.600 pesos aproximadamente).

Las excusas válidas para no ir son: estar a más de 200 kilómetros del domicilio electoral correspondiente; enfermedad; ausencia del país; u otro impedimento grave que sea comprobado ante el juez.

No se debe realizar ningún trámite ante el Servel. Se debe esperar la citación del Juez de Policía Local correspondiente al domicilio electoral, lo cual puede tardar. En caso de no poder asistir a las urnas por estar a más de 200 kilómetros, las personas que estén en esta situación deben asistir hoy mismo, de manera presencial, a alguna unidad de Carabineros para dejar constancia de que se encuentran en ese lugar.

En ese caso, es necesario guardar el comprobante, y cuando sea citado por el Juzgado de Policía Local deben mostrar el comprobante de la constancia.