Abogado Ronald von der Weth: “Hoy no hay una estrategia nacional de inteligencia y el Estado no puede seguir funcionando como islas separadas”

A las 03.15 horas del miércoles, el exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno fue secuestrado desde un departamento ubicado en Independencia por cuatro individuos que se hicieron pasar por efectivos policiales. La investigación ―que quedó en manos del Ministerio Público― tomó un carácter reservado y encendió las alertas por posibles fallas en los sistemas de inteligencia del país.

Esto, en medio de la discusión del fast track legislativo en materia de seguridad, que aborda, entre sus tópicos fundamentales, una nueva norma que regule los servicios de inteligencia y la ley antiterrorista.

En entrevista con The Clinic, el abogado Ronald von der Weth, exsecretario ejecutivo de la reforma a Carabineros durante el último mandato del expresidente Sebastián Piñera, aborda la necesidad de “tener un enfoque de seguridad integral nacional” y acusa que “la clase política ha sido torpe y no ha sido capaz de modernizarse”. En ese sentido, advierte que la administración actual está frente a “una oportunidad histórica” de avanzar en una agenda que modernice el combate a los nuevos tipos de delitos, apoyando, a su vez, el trabajo de las policías.

―¿Qué gravedad tiene el episodio del secuestro del teniente (r) venezolano, Ronald Ojeda Moreno?

-Demuestra que tenemos una nula capacidad de prevenir y alertar riesgos y amenazas, que no tenemos un sistema de contrainteligencia y de inteligencia en Chile. Eso es muy grave, porque refleja que como país estamos desnudos. No tenemos cómo accionar frente a un organismo extranjero o incluso frente a bandas de crimen organizado que operan al interior del país.

―¿Qué fallas observa en los sistemas de inteligencia en Chile, que permiten que secuestros como estos ocurran y después no se pueda dar con el paradero de las víctimas?

-Hay una falta en la arquitectura nacional en materia de seguridad. Lo que se requiere es una nueva arquitectura para responder a los riesgos y amenazas, que sepa integrar las capacidades, tanto públicas como municipales y privadas, para dar una respuesta eficiente a los ciudadanos. Pero la clase política ha sido torpe en materia de inteligencia y no ha sido capaz de modernizarse.

En 2018, post Operación Huracán, el gobierno de turno le bajó el presupuesto a los gastos reservados de Carabineros. La oposición ―actuales senadores de este gobierno― presentó una indicación para tener un presupuesto de un peso a los gastos reservados, junto con rebajar otros ítems. Al año siguiente llegó el estallido social y todos se preguntaban dónde estaba la inteligencia. No había inteligencia policial porque a Carabineros le habían reducido el presupuesto. Tenemos que situarnos en la realidad: a las instituciones hay que formarlas mejor, apoyarlas, darle más herramientas, generar un proceso de fiscalización, pero no castigarlas cuando se cometen errores, porque se perjudica a todos los chilenos.

En último lugar, necesitamos con urgencia que el Ministerio Público, las policías y también los distintos sistemas de alerta, como Aduanas, el SAG y todos los servicios, se puedan integrar para entregar información a las agencias. Es urgente que las agencias puedan recibir información de todos los servicios del Estado para poder alertar mejor estas situaciones.

―Ante el aumento de casos de secuestros, ¿hacia dónde cree usted que deberían apuntar los proyectos de ley que sean tramitados este año que apunten a enfrentar este fenómeno?

-Es fundamental tener un enfoque de seguridad integral nacional, mirando los secuestros, el crimen organizado, las conductas de agrupaciones insurgentes y los delitos violentos. La seguridad ya no puede ser vista sólo como el accionar de las policías. Hay que integrar todas las capacidades público-privadas para entregar una mejor respuesta al ciudadano.

Hoy se está discutiendo la nueva casa común, el Ministerio de Seguridad Pública. Yo no estoy a favor de crear nuevos ministerios, pero hay uno que falta: el de Seguridad Pública. Debe tener una mirada interagencial, coordinada e interoperable, para que las capacidades puedan integrarse y dar una respuesta en común.

También, se necesita un Ministerio Público más moderno. Se está creando la nueva Fiscalía Supraterritorial, pero tenemos que tener al menos tres tribunales especializados en terrorismo, crimen organizado y lavado de activos en el territorio. Para proteger a los jueces, pero también para que sean personas preparadas y puedan fallar correctamente estas causas, que son muy complejas y requieren una preparación especialísima. Por último, hay que pensar desde ya en la reforma a la reforma del sistema procesal penal. Tenemos que parar con el excesivo garantismo judicial y centrarnos en la realidad que está viviendo Chile actualmente. No es la misma realidad que hace veinte años. Debemos ser capaces de enfrentar con firmeza estos nuevos fenómenos delictuales. Porque si no, no va a haber vuelta atrás y, literalmente, nos vamos a convertir en un narco país.

“El fast track legislativo no tiene una estrategia detrás”

―Este año se seguirá tramitando el fast track legislativo en el Congreso. ¿Qué expectativas existen de poder avanzar en materias como la ley antiterrorista, o la nueva ley de inteligencia para este año?

-El problema es que el fast track legislativo no tiene una estrategia detrás. Por lo tanto, termina siendo una lista de supermercado. Primero tenemos que determinar una estrategia nacional en materia de seguridad integral. Sin una estrategia no sacamos nada con tener los mejores proyectos de ley. Hay que tener coherencia en todas las actuaciones, tanto legales como administrativas, que se van a implementar.

En cuanto a la Ley Antiterrorista, la comisión de Seguridad Pública del Senado, votó el proyecto del senador [Manuel José] Ossandón y la senadora [Paulina] Vodanovic. Fue un proyecto transversal y espero que en marzo se le dé la urgencia necesaria en la Sala. Fue un gran acuerdo que cambia la Ley Antiterrorista de una ley de carácter subjetivo a objetivo en la tipificación de los delitos.

Sobre el sistema de inteligencia, esperamos que en marzo el Ejecutivo ingrese nuevas indicaciones para el proyecto que se está viendo en la Cámara de Diputados. Que le dé un enfoque más integral, con centros de fusión de datos, y una nueva arquitectura en materia de inteligencia donde las agencias tengan que compartir la información de forma segura. Que se haga una política y una estrategia en materia de inteligencia. Hoy no hay una estrategia nacional en materia de inteligencia y el Estado no puede seguir funcionando como islas separadas. Tenemos que coordinar las capacidades para enfrentar los riesgos y amenazas. Si no hacemos eso, la verdad es que en la práctica no tenemos inteligencia.

―¿Qué tan factible cree usted que es lograr una estrategia más integral de seguridad dada la dificultad de alcanzar acuerdos en el Congreso?

-El fast track legislativo ha avanzado súper bien. Lo que yo he visto es que senadores de distintos sectores, la ministra Carolina Tohá, el subsecretario Manuel Monsalve y el subsecretario Ricardo Montero, han sido capaces de dialogar. Han tenido una mirada que escapa de la izquierda y la derecha. Se ha tratado de mirar la seguridad como un problema de Estado que trasciende a los partidos políticos y a los gobiernos de turno. Por primera vez en 20 años nos estamos sentando para construir una estrategia de Estado, que no ha sido muy pública, porque estas reuniones son de carácter reservado. Pero se ha avanzado muy bien en los aspectos del diálogo.

―Muchas veces se culpa a la administración actual por los problemas de seguridad, pero los datos demuestran que la crisis es anterior. ¿Qué visión tiene usted? ¿Dónde están las responsabilidades?

-Buscar responsables individuales es un error. Pero los últimos 20 años han sido un fracaso en materia de seguridad pública. La última estrategia de seguridad se hizo en 2008. Desde ahí, no hemos tenido un planteamiento formal de cómo avanzar y cómo responder a riesgos y amenazas. Los cuatro gobiernos antes del Presidente Gabriel Boric tienen grandes responsabilidades en las tomas de decisiones que se han dado, pero hoy hay que preocuparse de las soluciones. Ya tenemos los diagnósticos, hay que mirar hacia el futuro y no seguir buscando responsables.

El gobierno del Presidente Boric tiene una oportunidad histórica, porque la izquierda tradicional ha sido incapaz de modernizarse en seguridad, inteligencia y defensa. Esta nueva izquierda tiene la oportunidad única de dejar atrás los fantasmas del pasado y enfocarse en una agenda modernizadora basada en la seguridad integral.

“Carabineros no es el más enfermo del sistema. Ha sido vulnerada por la clase política”

―Usted ha formado parte de diferentes instancias, tanto en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera como en el actual, de discusión en torno a la reforma de Carabineros. ¿Tiene sentido avanzar en este tema?

-En el gobierno del Presidente Piñera plasmamos muchos avances. Se planteó la necesidad de aumentar el plazo de formación del personal de nombramiento institucional de Carabineros, se creó la Defensoría Jurídica de Carabineros y se modernizó el plan de desarrollo estratégico institucional. También se planteó la necesidad de crear el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. En este gobierno yo fui invitado, como un experto más, a la Unidad Consultiva, para poder opinar sobre la implementación de diferentes medidas.

Si me preguntas personalmente, yo creo que Carabineros no es el más enfermo del sistema. Carabineros ha sido una institución vulnerada por la clase política. Quiero contextualizarlo bien. En los ’90 había cerca de 33 mil carabineros y hoy son 64 mil. En todo este periodo, los Presidentes han dicho que se necesitan más carabineros en la calle. Entonces, bajaron los plazos de formación y les dieron cada vez más funciones. Hoy tenemos carabineros que cumplen 252 funciones ajenas al rol de orden público y prevención del delito. Entonces, cuando decimos ‘¿por qué no hay tantos carabineros en la calle o haciendo prevención?’, es porque están haciendo funciones que las podrían hacer otras instituciones.

Entonces, más que una reforma se necesita una modernización que se enfoque en el bienestar del personal y en las capacidades que les queremos dar. Cuando el Estado no le entrega herramientas a Carabineros y no los forma bien, porque esa es su responsabilidad, se le están vulnerando sus derechos humanos. Necesitamos carabineros bien formados, bien equipados, con buen entrenamiento y con enfoque en derechos humanos. Pero hay que ser bien sinceros: la responsabilidad de formar y equipar a las policías es del Estado.

―¿Y ve urgencia en este tema en el corto plazo?

-José Roa ha liderado esta mesa, y ha logrado grandes avances. El gran proyecto que ha impulsado es la especialización preferente de funciones de las policías. Esto permite generar una dirección de mando y control a nivel estratégico y, en segundo lugar, que las policías no dupliquen sus esfuerzos. Así podemos concentrar los esfuerzos en los delitos más complejos, por un lado, y la prevención reforzada por otro.

“Varios parlamentarios han incurrido en populismo militar”

―Desde hace unos años se ha hablado en forma recurrente de la opción de tener a militares apoyando las labores policiales en lugares donde hay focos de violencia o en las fronteras. ¿Le parece viable esta idea? ¿Cree que tiene sentido?

-Yo creo que varios parlamentarios han incurrido en populismo militar. Los militares están para proteger la soberanía o para cumplir funciones específicas en materia de seguridad. Quizás puedan apoyar a las fronteras, pero ese no es su rol principal. Pero lo que no se ha discutido es que a las fuerzas armadas se le han bajado los recursos en la ley de presupuestos y se les quiere dar cada vez más funciones. También, tenemos que ocupar las capacidades existentes antes de disponer de los militares. Hoy, las capacidades no están integradas y, por lo tanto, no veo que la solución militar sea lo más efectivo.

En tercer lugar, creo que si queremos disponer de las fuerzas armadas, tienen que tener atribuciones y funciones fiscalizadoras y hoy no las tienen. Es lo que pasa en el Estado de Excepción Constitucional que estamos llevando en la Macrozona Sur. Si vamos a disponer de un jefe de defensa allá, que tenga todas las atribuciones y las facultades fiscalizadoras existentes. Y no las tiene. En definitiva, hoy no se están ocupando bien las fuerzas del Estado. Lo que necesitamos es crear fuerzas de tarea para poder dar una respuesta eficiente a este problema. Si no, esto no se va a solucionar con militares en la calle o en la zona de la frontera. Y menos si no tienen atribuciones, como pasa ahora.