Tres casas, vales para gas y reparación de plazas: los millonarios gastos que la Municipalidad de Mostazal realizó con fondos de Monticello y Contraloría cuestionó

A unos 50 kilómetros al sur de Santiago, en la comuna de Mostazal, en la región de O’Higgins, se emplaza desde 2008 el Casino Monticello. El complejo, que incluye un casino de juegos, un hotel y una arena de conciertos, es una de las principales fuentes de ingresos para el municipio y también para el gobierno regional. Sólo en 2022, aportó $37.043 millones en impuestos para entidades públicas.

Una auditoría de la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en la forma en que la Municipalidad de Mostazal ―que dirige Santiago Gárate (ind)― utilizó los fondos que recibió desde Monticello.

El ente revisó los ingresos percibidos y gastos realizados en todo 2022 por la municipalidad “en virtud de los fondos provenientes de la ley N° 19.995, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casino de juego”.

Según la investigación, el organismo consistorial transfirió $300.250.000 a la Corporación de la Cultura de Mostazal. De ellos, $122 millones no se ajustaron a la ley y “no se aviene al principio de legalidad del gasto”. Así, la Contraloría mandó a la municipalidad restituir los dineros cuestionados.

Al mismo tiempo, el órgano contralor cuestionó el traspaso de $415.940.000 al Departamento de Administración de Educación Municipal de Mostazal. Éstos se transfirieron para financiar seis proyectos. Sin embargo, no existieron rendiciones y “se desconoce en qué fueron aplicados”. “Existen a lo menos $60.940.000, que fueron transferidos sin que conste si su destino corresponde o no a obras de desarrollo”, detalló la Contraloría.

Asimismo, la municipalidad transfirió $381.594.000 desde los fondos que recibió de Monticello al Departamento de Salud. Esos dineros “no fueron utilizados en dicho periodo. No fue posible determinar si su destino correspondió a obras de desarrollo”, según el organismo de control.

La Contraloría también impugnó la transferencia de $220.962.006 para “mejoramiento, conservación y reparación de todas las plazas y áreas verdes, jardines de edificios municipales, espacios de calles y avenidas”. A eso sumó el traspaso de $651.812.040 para “recolección y transporte de residuos domiciliarios, limpieza de calles y veredas y el aseo de ferias libres”. Estos gastos “no se ajustaron a derecho”, determinó el organismo.

Además, se cuestionaron gastos en ayudas sociales ―como vales de gas― por más de $130 millones, donde “no se encontraba acreditada la recepción conforme por parte de los beneficiarios” y las inconsistencias en la compra de tres inmuebles por $1.335.105.591.

La Contraloría General de la República abrió un procedimiento disciplinario “con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas”. A su vez, ofició al “Ministerio Público y al Consejo Defensa del Estado para los fines que en derecho correspondan”.