Columna de Álvaro Ramis: ¿El principio del fin del CAE?

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ha comenzado a despejar la incertidumbre que ha rodeado la posible condonación de las deudas por créditos CAE. Se estaría delineando una propuesta que no sería universal ni retroactiva para quienes ya pagaron, sino gradual, pero de amplio impacto social. 

Siendo un factor clave una alta morosidad, de carácter estructural y de larga data, es una buena noticia que se pueda trazar un camino de solución que analice este fenómeno con mayor seriedad y altura de miras, desde una perspectiva de Estado. Más aún si el informe anual de Ingresa (entidad administradora del CAE) mostró un 54,3% de morosidad al término del año 2022. Cifra que se eleva al 79,6% en el caso de quienes desataron de la educación superior y no terminaron sus carreras.

Entre los especialistas del sector existe consenso en que la mora masiva es un lastre financiero que afecta al conjunto de las instituciones de la educación superior, lo que se debe tener en consideración junto con el evidente daño generado a los deudores y al propio Estado, en cuanto actor central en el este esquema de financiamiento. Este fenómeno es de carácter estructural, y responde a un diseño defectuoso del sistema de créditos desde su origen, y no es un efecto inmediato a este debate.

Un primer error en la formulación del CAE fue de escala: se calculó una colocación de unos 40 mil créditos al octavo año de implementación, cifra notoriamente lejana a los 300 mil que fueron fueron otorgados en dicho período.

El segundo error de diseño fue el imprevisto deterioro del “premio salarial” vinculado a la titulación universitaria, lo que se explica por las dificultades ligadas a la empleabilidad y los desacoplamientos que esto genera frente a una estructura laboral como la que impera en Chile, de alta informalidad y bajas remuneraciones. Los procesos macroeconómicos del país han dificultado que muchas personas deudoras del CAE puedan insertarse laboralmente de la forma esperada y sus niveles salariales se han estancado por debajo de lo esperado en el momento de contratar este crédito.

Para el gobierno de Gabriel Boric, es clave dar prontas señales respecto a que el compromiso de campaña referido a diseñar  un proyecto de ley específico en este ámbito se mantiene. Para eso, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, también ha asumido que este proceso se deberá incluir dentro de los plazos de la discusión presupuestaria de 2025.

Como antecedentes, es bueno recordar que la morosidad CAE descendió entre 2011 y 2015, tanto por la mayor incorporación al ciclo de pago de personas que terminaron sus estudios, como por la introducción de subsidios y beneficios a partir de la Ley N° 20.634 del año 2012, que rebajó de la tasa de interés al 2% y opción de contingencia de cuotas al ingreso con tope de 10% mensual. Luego de esa fecha la morosidad ha crecido de forma progresiva y constante, hasta alcanzar niveles superiores al 2011.

El perfil de los deudores críticos lo describe el “Primer Informe del Crédito con Aval del Estado (CAE): Características de la población deudora e impactos”, presentado por el MINEDUC en 2022, que muestra que el 70% de los deudores gana menos de 750 mil pesos. A la vez el 57% son mujeres deudoras, donde el 40% de ellas no supera los $250.000 como ingresos. Otra variable es la de quienes no terminaron sus carreras, ya que su condición de deudores se agrava porque no consiguieron los beneficios de la obtención de un título profesional. Esta población, altamente feminizada y perteneciente en más de un 50% a los quintiles más pobres, es un segmento que exige una respuesta urgente a este problema.

Además, este grupo de morosidad, de tan bajos ingresos, es de muy dudosa cobranza. Más aún si se considera que desde 2020 existe la prohibición legal de acuerdo a la ley 21.214 que prohíbe informar deudas educacionales en cualquier de sus niveles, lo que desincentiva que regularicen su deuda, ya que no rige en este caso el registro de su morosidad en el boletín comercial.

Si se constata este diagnóstico es totalmente rebatible que exista una relación directa entre el anuncio de programa del presidente Boric de avanzar hacia una ‘condonación de la deuda educativa’ con el hecho de que más personas hayan seguido abandonando el pago de sus cuotas. Sea cual sea el gobierno que hubiera surgido de las últimas elecciones, dado el contexto social de los deudores, afectados por la precarización generada en la pandemia, y del marco normativo que les rige y que desincentiva su cobranza, la morosidad hubiera seguido evolucionando de manera muy similar en cualquier escenario.

La propuesta que se espera del Gobierno se refiere a un reconocimiento efectivo del derecho social a la educación, que ponga término a una serie de situaciones que afectan a los 818 mil deudores CAE de la actualidad, que en su gran mayoría suscribieron sus créditos en situaciones de indefensión al no tener alternativa viable de financiamiento para acceder a la principal vía de ascenso social y mérito democrático que dispone nuestra sociedad.

Junto con la condonación en las condiciones que fije la ley, la solución estructural radica en que el gobierno presente un nuevo instrumento de financiamiento que reemplace de forma viable al CAE, ya que ello puede conversar con la actual estrechez fiscal del país. El costo del actual CAE no es fiscalmente sostenible, por lo que su reemplazo es inevitable y necesario. Un nuevo mecanismo, bien diseñado, permitiría disminuir lo que hoy gasta el sector público al activar garantías por estos créditos, lo que ha llegado a casi US$300 millones.

Al respecto sería de interés analizar un modelo de financiamiento adecuado para el 60% de la población que no forma parte de los hogares de menores ingresos y que por lo tanto no accede a la gratuidad. Para este amplio segmento cabría pensar una formula de arancel diferenciado que pudiera dar cuenta de la enorme diversidad que abarca la clase media que no califica para los beneficios sociales y que en la actualidad tiene grandes dificultades para acceder y permanecer en la educación superior.