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Opinión

10 de Marzo de 2024

Columna de Carolina Urrejola | Educación no sexista contra la violencia: no existe otro camino

Carolina Urrejola

Si bien el Congreso despachó la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, parlamentarios opositores decidieron acudir al Tribunal Constitucional, ya que consideraban que "atenta contra la libertad de enseñanza y el derecho de los padres para educar a sus hijos.". La periodista indica que "una educación que enseñe la igualdad de dignidad y derechos entre hombres y mujeres es la base para prevenir la violencia".

Por Carolina Urrejola

Tras siete años finalmente fue despachada por el Congreso la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres. La dilatada tramitación es, en si misma, un símbolo de la poca urgencia que el mundo político le ha otorgado a este tema. Afortunadamente la espera terminó porque se trata, literalmente, de un asunto de vida o muerte.

Es cierto que importa legislar bien y no hacerlo a la rápida. Pero en siete años miles de mujeres fueron agredidas por culpa de un sistema que hasta ahora no está integrado para que la prevención de la violencia y la protección de las víctimas sea efectiva.

Si bien existe hace años una ley de femicidio y se han incorporado nuevas normas para ampliar su aplicación, esta legislación recién aprobada será la estructura principal para políticas públicas efectivas.

Es de esperar que entre su publicación y la redacción del reglamento pase el menor tiempo posible, y que la nueva institucionalidad que se crea -Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género y un Sistema Integrado de Información– entre en vigor como corresponde.

El proyecto recorrió un camino largo. Al comienzo tuvo una tramitación rápida en la Cámara de Diputados, pero se entrampó en el Senado. La debilidad técnica que presentaba el texto inicial debió ser enmendada en la Cámara Alta. Pero una vez que llegó a la Comisión de Constitución, compuesta sólo por hombres, la iniciativa quedo guardada en el cajón.

Cuando el Senador Matías Walker llegó el presidir esa comisión reactivó el trámite y propuso avanzar en conjunto con la Comisión de Mujeres, presidida entonces por la Senadora Claudia Pascual. Tuvieron que pasar dos años para que saliera de esa instancia.

La ley se aprobó en general con 120 votos a favor, 13 en contra y 11 abstenciones. No tan mayoritaria fue la votación del artículo que establece la obligación de los colegios de promover una educación no sexista y con igualdad de género, que se aprobó con 80 votos a favor. Un grupo de 45 diputados de derecha y centro derecha decidió recurrir al Tribunal Constitucional por considerar que atenta contra la libertad de enseñanza y el derecho de los padres para educar a sus hijos.

Argumentan que el artículo en cuestión “contiene una indudable carga valórica de gran intensidad, que incluso va más allá del concepto de perspectiva de género, no existiendo, hasta la fecha, una normativa vigente de estas características en nuestro derecho.

Señalan también que la educación no sexista no era parte de las ideas matrices del proyecto original, “todas relacionados con la prevención de la violencia contra las mujeres y no con interferencias excesivas en el núcleo educativo familiar, que es propio de los padres”.

Pero lo cierto es que una educación que enseñe la igualdad de dignidad y derechos entre hombres y mujeres es la base para prevenir la violencia.

Según los patrones culturales existentes, las mujeres son vistas por sus agresores como un objeto, parte de su propiedad. Y para cambiar esos patrones culturales se necesita intervenir desde los primeros años en la familia y en el colegio. Es comprensible que ante el avance de cierto progresismo totalitario, el mundo conservador tema que la educación no sexista se convierta en un panfleto anti hombres.  Por eso el gobierno tendrá que actuar con astucia e involucrando a las comunidades educativas para que no se convierta en una imposición arbitraria.

Por su parte a la derecha le vendría bien recordar los datos de ONU Mujeres para comprender la gravedad del asunto: en 2022 unas 48.800 mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas u otros familiares en el mundo. Es decir, más de cinco mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia. Mientras que el 55% de los homicidios de mujeres son cometidos por sus parejas u otros miembros de la familia, solo el 12% de los homicidios de hombres se producen en la esfera privada.

No se pueden defender determinadas libertades soslayando que la violencia machista mata a las mujeres. Estado, familias y colegios debieran trabajar en común para lograr ese objetivo, derrotarla.

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