El delicado presente financiero del Club de la Unión: exfuncionarios piden quiebra del icónico lugar de encuentro de la élite santiaguina

En 1864, en el marco del gobierno de José Joaquín Pérez, un grupo de aristócratas fundó el Club de la Unión, con el objetivo de crear un lugar de diálogo intelectual entre distintas posturas. La institución se convirtió es un espacio icónico para la élite santiaguina, que se reunía para celebrar eventos, comer, compartir y hacer tertulias.

Aunque su actual sede está ubicada en la Alameda, no siempre estuvo ahí. Cuando se fundó se instaló en calle Estado, luego se movió a la Alameda, a calle Bandera y, finalmente, en 1925 se estableció en su ubicación actual, declarada Monumento Histórico en 1981.

Sin embargo, los tiempos de apogeo del Club de la Unión quedaron atrás. Como publica La Segunda, este jueves 21 de marzo, dos exfuncionarios pidieron la quiebra de la institución. Esto porque, según su relato, la corporación no ha pagado más de $180 millones en prestaciones laborales.

Los extrabajadores afirmaron que en 2023, el club fue condenado por el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago a pagar $97 millones y $83 millones a cada uno. En ese momento, descubrieron que la corporación enfrentaba una serie de juicios por cobranza que superaban los $419 millones. “En la actualidad, existen más de dos juicios ejecutivos en los que, habiendo sido requerido de pago, no ha presentado bienes suficientes para responde a las prestaciones”, se lee en la acción.

La demanda asegura que el Club de la Unión “irreversiblemente, carece de liquidez para atender sus obligaciones. Asimismo, carece de bienes liquidables que puedan hacer frente a éstas y ha dejado de explotar su giro o actividad económica. Todo lo que deja de manifiesto que se cumple con estar en presencia de un hecho revelador objetivo del estado de insolvencia por el que atraviesa”.

Los exfuncionarios sostienen, además, que la institución “registra morosidades previsionales por $95 millones, morosidades laborales por $47,7 millones y otras morosidades comerciales por $328 millones”.

También, citando al Servicio de Impuestos Internos (SII), la acción plante que el club “no registra documentos tributarios que den cuenta que percibe ingresos, tales como boletas de ventas y servicios o facturas para 2023 o 2024. Eso deja de manifiesto que su cesación de pagos también responde al cese de la explotación de sus actividades económicas”.

Además, los extrabajadores solicitan que se nomine como interventor durante el juicio al abogado Tomás Lacámara.

Las dificultades del Club de la Unión

El pasado 2 de enero, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) multó a Unión Inmobiliaria, la sociedad propietaria del edificio y los muebles del Club de la Unión, por $7,3 millones de pesos (200 UF). Esto, luego de que la CMF detectara que la firma “no tiene movimientos, como se da cuenta en los balances y estados financieros”.

La arremetida de la comisión dejó en evidencia el delicado estado financiero de la otrora exitosa institución. Sin embargo, Unión Inmobiliaria decidió presentar un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con el objeto de anular la multa.

En el recurso, plantearon que “es de público conocimiento de la crisis en que se ha visto envuelto dicho Club, desde un punto de vista financiero y social. Todo además seriamente agravado por los hechos ocurridos en los últimos años en el centro de Santiago”.

“Me refiero al denominado estallido social y a los meses de pandemia. Éstos afectaron notoriamente en el deterioro del centro de Santiago y consecuentemente al referido Club. Se vio en la incapacidad de sostener incluso aquellas obligaciones legales de esta sociedad”, afirmaron.

A juicio de la sociedad propietaria del edificio del Club de la Unión, “la sanción de 200 UF resulta absolutamente desproporcionada. Esta desproporción puede afectar incluso la viabilidad de la sociedad inmobiliaria sancionada, afectando así a los accionistas de esta sociedad, fin último que busca proteger este organismo regulador”.

“La dimensión de la sanción es absolutamente desproporcionada a la realidad de los hechos, pudiendo afectar la viabilidad de la sociedad fiscalizada […]. Constituye y comete una profunda injusticia a la firma, que ve en peligro su viabilidad y los derechos de sus accionistas que son aquellos que se busca proteger finalmente”, concluyó.