Otra vez el alcalde de Antofagasta: Jonathan Velásquez es demandado por presunta vulneración a la Ley Karin

Una nueva polémica vuelve a girar en torno del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez.

Si hace unos meses atrás el edil era condenado a pagar una multa por “funar” a una profesora en sus redes sociales —en donde en Facebook tiene más de 150 mil seguidores—, además de hacerse viral por su comportamiento en un concejo municipal, esta vez la situación ocurrió en el ambiente laboral del municipio.

Según pudo confirmar The Clinic, el estudio de abogados Gajardo & Garate Laboristas Asociados presentó una demanda contra la autoridad comunal, en representación de una funcionaria de la municipalidad. De hecho, uno de los socios, el abogado Rubén Gajardo Morales, señaló a este medio la acción judicial fue presentada la semana pasada, en contra de la Municipalidad de Antofagasta.

“Efectivamente, la causa existe, la estamos patrocinando nosotros”, comentó el defensor, asegurando que no entregaría más detalles debido a la reserva de la causa, la que no es de público conocimiento.

Eso sí, mencionó que “la demanda ya se notificó y que el municipio ya tiene que estar notificado“.

No obstante, este medio consultó al alcalde Velásquez sobre si estaba al tanto de la situación. “No sé nada al respecto“, afirmó, y adjuntó una noticia de un medio “creado ayer” el cual informaba de una presunta demanda por Ley Karin.

La demanda por Ley Karin

De acuerdo a Antofagasta TV, Velásquez habría sido demandado por acoso laboral y sexual. De hecho, la demanda incluiría relatos y pruebas. Entre ellas habrían mensajes, fotos, invitaciones a conciertos y viajes a Santiago, en ambientes laborales no justificados.

Asimismo, se establece, de forma extrajudicial, que los actos, según la funcionaria afectada, serían constitutivos de acoso.

De concretarse la situación bajo la Ley Karin, el Ministerio del Trabajo respondió a The Clinic que la situación protocolar sería la siguiente: “Si los denunciados son alcaldes, concejales y directivos de los municipios, la investigación la debe hacer la Contraloría General de la República“.

Asimismo, la cartera se encargó de explicar que “si el sancionado por estas conductas es el alcalde o alcaldesa, los concejales pueden pedir su destitución al Tribunal Electoral Regional respectivo”.