Herida a la Alta Dirección Pública

Con “estándares morales superiores”, el Frente Amplio venía a renovar la política de sus vicios y malas prácticas, esas por las cuales los partidos habían perdido legitimidad. En el camino se dieron cuenta de que era más difícil de lo pensado darle vida a la política partidista fuera de los patios universitarios. Un enjambre de movimientos atomizados se tuvo que reagrupar para alcanzar una entidad comparable a la de un partido.

También apareció el problema, aún no resuelto, de la corrupción masiva o sistémica, con el caso de las fundaciones. El oscuro asunto le pegó de lleno al principal dirigente FA, luego de Boric: Giorgio Jackson, un paladín de la doctrina radical de Atria, de estándares morales superiores, del mercado como moralmente condenable y la deliberación como el camino a la más plena emancipación moral. Todo parece indicar que montaron un verdadero sistema de financiamiento irregular de la política que todavía no se aclara.

Luego (para hacer más corta una historia que es mucho más larga) vino el episodio Orellana-Amor. Isabel Amor, literata y magíster en sociología, cumplía con los requisitos establecidos por el sistema de Alta Dirección Pública para optar a un cargo en el que fue seleccionada y elegida. La Ministra Orellana la destituye. ¿Por qué? Porque Amor tiene un papá condenado por delitos de derechos humanos (a una pena baja, debe decirse) y ella, reconociendo el hecho de la sentencia ejecutoriada, iba a mencionar en una entrevista, escuetamente, no en plan de explicación del caso ni de justificación, la versión de su padre.

¿No se puede ser hijo o hija de personas condenadas por violaciones a los derechos humanos para ser parte de un gobierno del FA?

Ser hijo o hija de, se sabe, suele ser en Chile un factor que ayuda en las carreras profesionales. El FA opera -en una especie de compensación de esa inclinación, claro que sólo aplicándosela a otros- perjudicando carreras profesionales por razón de parentezco. De paso se salta el Sistema de Alta Dirección Pública, uno de los escasos avances institucionales que ha registrado el país en el último tiempo. 

Lo que se quiere evitar con ese sistema es que simple: que primen los contactos personales por sobre los méritos en cargos burocráticos relevantes. Es conocido que en Chile el primado de los contactos ha terminado en muchos casos convirtiendo al Estado en botín de los grupos políticos menoscabando la legitimidad de las instituciones. 

La excelencia burocrática es reemplazada por la homogeneidad ideológica. Las cabezas lúcidas por las cabezas de fierro. Los testaferros están dispuestos a operar obedientemente, hacen lo que se les dice, porque su vida laboral no depende de méritos sino de los contactos que los mandan. 

Además de ese inconveniente, las designaciones por mera cercanía política privan al Estado de la posibilidad de darle continuidad a políticas públicas más allá de un gobierno determinado. Que en asuntos donde los plazos son largos, como educación, salud, invesión, no cambien demasiado las cosas con el cambio de gobierno.

En Chile pueden ser miles los funcionarios nombrados por contactos políticos, gracias a los sistemas de contratación existentes. Con todos sus defectos, la Alta Dirección Pública pretendía morigerar el partidismo en las designaciones. Brindarle al país cabezas ilustradas antes que testaferros; burócratas comprometidos con el interés superior del Estado antes que con un credo partidista estrecho.

Orellana le ha inferido una herida profunda a ese incipiente sistema de nombramientos. Con ello no sólo revela una cabeza estreñida en términos ideológicos, dispuesta a discriminar a alguien simplemente por ser hija de alguien determinado, pese a su excelencia curricular y a su propiedad en el comportamiento. Además, muestra que le importa poco o nada el fortalecimiento institucional del Estado y que no hay claridad en su mente entre la nueva noción de una burocracia continua y profesional y la banda de correligionarios que llega al Estado como a la captura de algo.