Desde Democracia Viva al Caso Hermosilla: análisis profundo al impacto y los riesgos de la corrupción en Chile

Chats filtrados, autoridades con esposas, parlamentarios desaforados, jueces cuestionados. Del oficialismo a la oposición. Del poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Alcaldes emblemáticos, como Raúl Torrealba (RN) y Daniel Jadue (PC), tras las rejas. Los últimos dos años en Chile han estado marcados por una crisis de corrupción y de legitimidad que tiene al mundo político e intelectual en alerta: casos como el de Democracia Viva —o Convenios— y el Caso Audio —de Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva—.

La principal preocupación que se transmite son los efectos que puedan tener estos casos en la ciudadanía. ¿Qué tanta corrupción hay en Chile? ¿Se ha profundizado la desconexión de las élites desde el estallido? ¿La democracia está frágil? ¿El descrédito a la política tradicional genera un aumento en los populismos? ¿Qué soluciones concretas hay para solucionar la crisis de legitimidad?

The Clinic envió un cuestionario a cuatro expertas y académicas para analizar el impacto de la corrupción en Chile, las consecuencias que han tenido en la gente y los riesgos que hay para el futuro.

Las expertas seleccionadas fueron:

• Sandra Quijada: Magíster en Economía. Investigadora y coordinadora del Área de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos (CEP) —que esta semana lanzó el Estudio Nacional de Opinión Pública N°92—. Exdirectora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
• Sylvia Eyzaguirre: doctora en Filosofía. Investigadora del CEP.
• Claudia Heiss: doctora en Ciencia Política. Académica e investigadora de la Universidad de Chile.
• Elisa Walker. Magíster en Derecho (LLM). Consejera del Colegio de Abogados.

Desde Democracia Viva al caso Hermosilla, ¿qué tan corrupto está el poder en Chile?

Sylvia Eyzaguirre: Es difícil poder sacar conclusiones generales sobre casos individuales. Es un error extender al resto del poder judicial las acusaciones que se hacen a la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Lo mismo en el caso Hermosilla. Ahí se habla de pagos a funcionarios públicos, pero aún no sabemos si dichos pagos se realizaron o era una estrategia para obtener más recursos de los clientes. Creer que la conducta de Leonarda Villalobos o de Luis Hermosilla está extendida en los abogados sería otro error. Por cierto, estos casos son de alto impacto y nos muestran que el sistema es frágil, pero todavía siguen siendo casos aislados.

Claudia Heiss: Aunque seguimos teniendo menos corrupción que otros países de América Latina, las redes de poder y tráfico de influencias que hemos conocido hace poco sin duda debilitan nuestra instituciones y la democracia. La corrupción en municipios, que incluye el uso de fundaciones para desviar recursos, son muy preocupantes. Hay que decir que no son inéditos. Recuerdo los casos de malversación de fondos públicos y fraude al Fisco que se conocieron en la Región de Valparaíso desde mediados de los noventa. Pero, a finales del año pasado, había en la justicia casi 650 causas relacionadas con delitos que involucraban a alcaldes o funcionarios municipales.

Hermosilla y su influencia en la Suprema hablan de grave corrupción en el Poder Judicial, pero también siembran dudas sobre su rol de operador político. Por otro lado, también están los fraudes del Pacogate y Milicogate. En el Legislativo PENTA-SQM, que llevaron a reformas sobre probidad y funcionamiento de los partidos políticos. Todo habla de insuficientes mecanismos de control para garantizar legalidad y transparencia. Pero, también de cómo actores políticos e institucionales se mueven fuertemente por intereses personales. Hay que mejorar los controles institucionales, pero también hacer un esfuerzo por dignificar la actividad política.

Elisa Walker: Los casos de Democracia Viva y el caso Hermosilla son casos graves, que tienen que ser investigados y, en caso de que eventualmente existan responsabilidades, deben ser sancionados. Han generado un impacto en la sociedad, pero no es bueno generalizar. Desde mi experiencia profesional, trabajando como abogada, primero en el sector público, y luego en el sector privado, es que las reglas se respetan, y que los presupuestos se usan para los fines previstos.

Sandra Quijada: Los datos de la Encuesta CEP de septiembre – octubre de 2023, unos meses después de que estallara el Caso Fundaciones, mostraron que un 73% creía que mucha gente, o casi todas las personas en el servicio público, están involucradas en la corrupción, siendo el porcentaje más alto desde 2014. Sin embargo, a pesar del Caso Audio, en la Encuesta CEP de junio-julio 2024 esta percepción cae a 69%, similar al 67% de la medición de agosto del 2015, cuando estaba vigente el Caso Penta.

En general, los datos reflejan el fuerte impacto de los casos de corrupción en la percepción de la población: un 63% piensa que mucha gente o casi todas las personas en el Congreso están involucradas en la corrupción, 60% en el Gobierno, 50% en los Tribunales de Justicia, lo mismo que en las Fundaciones. Esto coincide con los casos de corrupción que hoy se investigan en nuestro país. Por lo demás, el Índice de Percepción de la Corrupción indica que Chile en los últimos 10 años ha tenido un descenso de 7 puntos en el ranking, ocupando la posición 29 de 180 países (medición 2023). A pesar de todo, esta sigue siendo una posición favorable, aunque el descenso es preocupante y es necesario tomar medidas necesarias al respecto, como fortalecer nuestras instituciones.

El estallido tuvo varias causas. Una de ellas tuvo relación con cómo las élites actuaban. ¿Se ha profundizado la desconexión del país desde el estallido?

Sylvia Eyzaguirre: No tengo elementos para decir que se ha profundizado la desconexión del país desde el estallido social, más bien los acontecimientos recientes dan cuenta de prácticas anteriores al estallido e involucran a personas puntuales. Sí me parece que el gobierno y el Congreso están desconectados del país.

Es increíble cómo durante este gobierno las listas de espera han aumentado, se ha disminuido la construcción de viviendas sociales, la inversión pública. En materia de gestión, este gobierno deja mucho que desear y eso impacta directamente en el bienestar de las familias. Por otra parte, todavía no hemos podido avanzar con una reforma integral al sistema de salud, tampoco hemos podido zanjar las diferencias en materia de pensiones, dos asuntos que son prioritarios para la ciudadanía.

Claudia Heiss: El informe del PNUD 2024 habla de las élites como “los villanos del cambio”. Creo que tenemos un problema importante de mediación entre la ciudadanía y los espacios de toma de decisiones políticas, que redunda en la incapacidad de producir mejoras redistributivas, ambientales o de reconocimiento, que en años recientes se expresan más por movimientos sociales que a través de formas institucionalizadas de acción colectiva como los partidos. Esto agrava la crisis de representación y deteriora la cohesión social.

A partir del estallido hubo una apertura de las élites y especialmente de la derecha que permitió abrir los procesos constituyentes. Sin embargo, el fracaso de esos procesos ha conducido, lamentablemente, a negar las causas de más de una década de movimientos sociales y un estallido que fue muy transversal, y a retroceder en espacios de negociación política como el Congreso. El discurso del “octubrismo” y de presentar las movilizaciones como acciones vandálicas y de delincuencia le permite a los sectores más conservadores atrincherarse en su defensa del statu quo. Hoy las élites aparecen más polarizadas, menos dispuestas a buscar acuerdos y más desconectadas de las demandas ciudadanas que a comienzos de las movilizaciones, en 2019.

Elisa Walker: Tiene sentido que hubiese una crítica hacia la élite durante el estallido, especialmente recordando comentarios de autoridades del gobierno que reflejaban dicha desconexión: que uno va temprano al consultorio porque es un espacio de vida social.

Dicho eso, los casos Democracia Viva y Hermosilla nos han removido, pero no son casos que se generan desde una élite. El querer saltarse las reglas y buscar el beneficio personal a costa de terceros es una forma de desconexión.

Asimismo, los dos procesos constitucionales que vivimos tampoco fueron construidos desde una élite, pero al final del día mostraron una desconexión, al no haber sido posible ofrecer el país un texto que generara bases comunes de entendimiento, sino que apuntaban a proyectos con una agenda política específica. La desconexión puede venir de distintos lados, no solo de la élite. Por ello, es importante que todos seamos conscientes del rol que cumplimos en la sociedad y pensar en cómo actuar, no sólo para lograr el bien personal, sino que también debemos siempre buscar el bien común.

Sandra Quijada: En la última Encuesta CEP podemos ver que las personas ven con distancia el proceso del estallido. Un 50% de los encuestados lo evalúan como malo o muy malo, cifra que se refleja en la disminución al apoyo de las manifestaciones de dicha fecha, con una caída de 55% (en diciembre de 2019) a 23% en la última encuesta.

Esta percepción puede estar influida por los hechos de violencia ocurridos, la decepción por el nulo avance en las demandas sociales y el fracaso de los procesos constitucionales. Esto puede verse en los datos de nuestro sondeo, donde un 20% de los encuestados señala que la principal lección fueron los efectos negativos de la violencia, mientras que para un 10% no hubo lecciones y un 9% manifiesta que la desigualdad permanece.

¿Está frágil la democracia con los eventos de corrupción ocurridos recientemente?

Sylvia Eyzaguirre: Sí, los últimos acontecimientos afectan directamente a la democracia. Acusar a tres ministros de la Corte Suprema envía un mensaje de que el problema es sistémico, de ahí la gravedad de presentar acusaciones que en algunos casos son débiles. El audio del caso Hermosilla también arroja un manto de duda sobre instituciones que juegan un papel clave como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII). Aún cuando no haya mérito para las acusaciones o sea falso lo que escuchamos en el audio, producen un daño enorme a la democracia, pues permite pensar que esta es de mentira, que el principio de igualdad, fundamento de la democracia, no se estaría cumpliendo.

Claudia Heiss: La democracia chilena sigue resistiendo. Pero tenemos señales preocupantes de deterioro que requieren medidas inmediatas de control y de prevención. Estuve en Perú la semana pasada, donde la penetración de las economías ilegales y la defensa descarada de intereses en el Congreso es un impedimento para la estabilidad institucional. Perú ha tenido seis presidentes en seis años. Sabemos el daño que produce el deterioro de la política.

Es deber de todos los sectores fortalecer la calidad programática de los partidos, su representatividad y conexión territorial. Ojalá podamos abandonar el discurso populista y anti partidos que busca un rédito electoral de corto plazo, pero hace un daño al sistema. Hay que mejorar la capacidad de diálogo y la calidad del debate público antes de que sea demasiado tarde.

Elisa Walker: Sin duda alguna estamos en un momento donde enfrentamos desafíos importantes. La base de la democracia es el Estado de derecho, y éste se sostienen bajo la lógica de que las reglas que fijamos como sociedad deben ser respetadas por todos. Si se genera la sensación de que las reglas no importan y cada persona tiene que salvarse como pueda, eso debilita la democracia. Por otro lado, hay factores que tampoco son positivos, como la lentitud en el nombramiento de autoridades que cumplen roles importantes en Chile. Todavía está pendiente el nombramiento del Contralor/a y pasaron muchos meses con el nombramiento pendiente de ministros de la Corte Suprema. La democracia también necesita buena gestión.

A pesar de que hay dificultades, creo que en Chile todavía tenemos una base democrática sólida y, por lo mismo, hay que cuidarla. Hay experiencias de gobiernos de países vecinos que dan cuenta de una fragilidad democrática real, por ejemplo, tener presidentes que no logran terminar sus mandatos, o no respetar los resultados electorales. Es importante tener presente nuestras dificultades y trabajar para fortalecer nuestras bases democráticas, pero no caer en la sensación de que tenemos un problema mayor al que realmente enfrentamos, ya que las actitudes catastrofistas a veces no son capaces de valorar los aspectos positivos de nuestra democracia.

Sandra Quijada: A pesar de los eventos que han ocurrido en el país, no solo recientemente, sino en los últimos años con el estallido social y los procesos constitucionales fallidos, cerca de la mitad de los encuestados indica que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno según nuestra última encuesta.

Eso sí, un 31% dice que “a la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario”. Si bien esto ha aumentado desde el 17% de la medición de 2021, no necesariamente implica que las personas desestimen un modelo democrático, sino que más bien buscan que un otro solucione los problemas que los aquejan. Eso mismo, de hecho, podría explicar la oscilación en la elección de los gobiernos entre izquierda y derecha que hemos tenido los últimos años.

¿El descrédito a la política tradicional genera un aumento en los populismos? ¿En qué figura ve esto último en la política?

Sylvia Eyzaguirre: Esta crisis de las instituciones junto con la crisis en seguridad, donde el Estado se encuentra desafiado por las bandas criminales, el narco y la mafia, es propicia para el surgimiento de liderazgos populistas, autoritarios o demagogos. Un ejemplo claro es Franco Parisi o el Partido de la Gente. Siempre van a existir excepciones a la regla, casos puntuales de corrupción.

Claudia Heiss: Lo respondí en la pregunta anterior.

Elisa Walker: Más que en una figura, pueden haber atisbos de populismo en ciertas iniciativas, como lo es seguir insistiendo en hacer retiros a las pensiones, iniciativa donde existe un gran consenso que genera una inestabilidad económica seria para el país.

Sandra Quijada: Un 63% de los encuestados de la última Encuesta CEP indican que no se sienten afines a un partido político, considerando los tradicionales y los emergentes. De hecho, ninguno de los partidos tradicionales consigue más de 5% de adhesión ciudadana. Esto se ha reflejado en cómo la población ha confiado más en las figuras no-tradicionales. Por ejemplo, la ciudadanía depositó su confianza en los independientes en el primer esfuerzo constitucional, y en el Partido Republicano en el segundo.

El Congreso y los partidos políticos, de hecho, sólo alcanzan un 8% y un 4% de personas que tienen mucha o bastante confianza respectivamente en ellos. Las instituciones que sobrepasan un 50% de confianza son la PDI, Carabineros y las Fuerzas Armadas, además de las universidades. Tanto el Congreso como los partidos no están escuchando el llamado de atención. Las personas prefieren que los líderes políticos privilegien los acuerdos, aunque tengan que ceder en sus posiciones (65%, según la Encuesta CEP 91). Eso no está sucediendo, y el no resolver las urgencias de la sociedad y quedarse en la pelea pequeña sólo puede generar espacio para el populismo.

¿Qué soluciones concretas hay para solucionar la crisis de legitimidad?

Sylvia Eyzaguirre: Lo fundamental es evitar que esto se vuelva algo sistémico. En todos los países donde ha penetrado el narcotráfico ha producido un debilitamiento del Estado y la corrupción de los funcionarios públicos. Es cosa de mirar a México hoy y antes a Colombia. No hay ninguna razón para pensar que el narco en Chile operará distinto. Ellos van a intentar corromper a los servicios públicos como Aduanas, PDI, Carabineros, jueces, etc.

Por eso es tan importante aprobar la ley de inteligencia y adoptar medidas rigurosas de fiscalización a los propios órganos del Estado. Asimismo, urge cambiar la forma en que se nombran a los jueces de la Corte Suprema. La última encuesta CEP muestra la desafección de la ciudadanía con los partidos políticos. El partido con mayor adhesión alcanzaba apenas el 4%. ¿Cómo funciona una democracia con partidos sin adhesión? Creo que este fenómeno no plantea preguntas para las cuales todavía no tenemos respuestas.

Claudia Heiss: No creo que haya una receta mágica, pero eso no quiere decir que no debamos hacer algo. Desde la academia, contribuyendo a comprender el fenómeno y sus causa. Desde las políticas públicas, fomentando el involucramiento ciudadano y la capacidad de responder a las demandas y necesidades de las personas. Y desde la política representativa, generando resultados, mostrando capacidad de negociación, y estableciendo canales para atender demandas y rendir cuentas. La crisis de legitimidad en Chile tiene que ver con una sensación de impotencia, de falta de agencia de la ciudadanía.

“Da lo mismo quién gane una elección porque igual me tengo que levantar a trabajar al día siguiente”. Esa frase apunta a la imposibilidad de que la política produzca un cambio en sus vidas. Muestra que el sistema político le parece inmune a sus demandas, anhelos, preferencias y condiciones materiales de vida. Esto varía por nivel socioeconómico y por nivel de educación. Las personas más educadas y con más ingresos sienten que su opinión importa e incide más. Una cultura política democrática requiere cierto grado de involucramiento y sentido colectivo.

Elisa Walker: Primero, los casos que dan cuenta de posibles situaciones de corrupción o abusos de poder para beneficio propio y de terceros deben ser investigados. Y, en caso que existan responsabilidades, sancionarlos. No puede existir impunidad.

En segundo lugar, la democracia no solo es una forma de organización sobre la base de la participación. La historia da cuenta que también es una forma de gobierno que ofrece las mejores condiciones para el respeto de los derechos humanos. También para mejorar la calidad de vida de las personas. Para que eso se cumpla, se necesita que las políticas públicas respondan a las responsabilidades de las personas.

Por ello, es impresentable que el Congreso Nacional todavía no haya sido capaz de acordar una reforma al sistema de pensiones. Sabemos que el sistema actual no funciona, pero llevamos años sin ser capaces de cambiarlo. Eso no ayuda a la crisis de legitimidad que estamos viviendo.

Sandra Quijada: Las crisis de legitimidad son siempre el último eslabón de la cadena. Lo anterior porque son el resultado de una serie de eventos y procesos que derivan en la pérdida de legitimidad de las instituciones. La nuestra viene desde mucho antes del estallido, por la inefectividad de las instituciones sociales para ofrecer soluciones concretas. Y relativamente rápidas en salud, educación y pensiones. Ello siguió con el bajo crecimiento económico y, después, con la fragmentación y polarización de la política.

Por eso, las crisis de legitimidad son difíciles de recuperar, y solo pueden lograrse en el largo plazo. Un aspecto importante para comenzar a abordar el problema es lograr acuerdos políticos. Para ello, resulta fundamental en este minuto una reforma del sistema electoral que produzca una representación efectiva. Al reducirse la fragmentación, los acuerdos políticos se hacen más factibles en distintas áreas relevantes para la ciudadanía, como pensiones, o salud o educación.

Asimismo, un acuerdo fundamental que debemos perseguir es el control de la delincuencia, que no se logrará con “peleas chicas” ni acusaciones cruzadas. Se logrará con la unidad de las fuerzas políticas en la defensa del Estado de derecho. Si hubiese acuerdo para enfrentar estos problemas con eficacia y decisión, la legitimidad política y las instituciones, sin duda, comenzarían a fortalecerse.