Democracia Viva llega a su fin: Dictan su disolución tras escándalo de fraude al fisco

El 17° Juzgado Civil de Santiago sentenció el cierre definitivo de la Fundación Democracia Viva, tras acoger una demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Esta decisión se produce a raíz del denominado caso Convenios, que surgió como consecuencia de una investigación de fraude al fisco y otros delitos de corrupción relacionados con el traspaso de $426 millones de pesos desde la SEREMI de Vivienda de Antofagasta.

La jueza suplente María Isabel Kokisch dictaminó que la Fundación incurrió en una infracción grave a sus estatutos al no cumplir con sus obligaciones legales. Sumado a esto, la organización falló en responder a las solicitudes del gobierno tras el escándalo de los convenios. Por esto, se declaró en rebeldía al representante legal, Daniel Andrade Schwarze. El ex militante de Revolución Democrática tampoco contestó la demanda ni presentó pruebas a su favor, por lo que se le condenó en costas.

Una breve historia cargada de corrupción

La Fundación Democracia Viva fue fundada en septiembre de 2021 por Daniel Andrade y otros miembros de Revolución Democrática. Tan solo dos años después, se convirtió en el epicentro de un escándalo político y judicial tras verse involucrada en el Caso Convenios, que sacudió el Gobierno de Gabriel Boric.

La arremetida contra la fundación se intensificó luego de que la Subsecretaría de Justicia realizara una fiscalización entre junio y agosto de 2023. La indagatoria reveló una serie de desórdenes internos e incumplimientos de sus estatutos. En primer lugar, el directorio de la fundación debía estar compuesto por un mínimo de cinco integrantes. Sin embargo, no se aplicó el procedimiento de reemplazo de miembros del directorio. Las actas de las sesiones siguientes demostraron que algunas se realizaron con un número insuficiente de dirigentes. Adicionalmente, no se encontró registro de que hayan habido sesiones del directorio en los últimos diez meses.

El Consejo de Defensa señaló también que el patrimonio inicial de la Fundación ($300 mil) era “exageradamente exiguo para el abultado objeto de la entidad”. El objeto social de Democracia Viva era “aportar a radicalizar la democracia, contribuir a la co-creación de un país justo, feminista ecologista, descentralizado, plurinacional e inclusivo, con nuevos liderazdos sociales y políticos”, según un post de Andrade en su cuenta de Facebook. La autoridad consignó que en la práctica, el fin de la fundación era ambiguo y no estaba adecuadamente definido.

Además, “el aporte social se gastó prácticamente en su totalidad en actividades propias de la constitución de la Fundación y no en la consecución de su objetivo social”. Los convenios en Antofagasta, que generaron ingresos significativos para la Fundación, no guardaban relación con su objetivo social, lo que llevó a la conclusión de que no se destinaron los fondos para cumplir con su propósito fundamental.