Políticos en el banquillo

En Chile, el desfile de políticos por los tribunales se está convirtiendo en un hecho cada vez más recurrente. Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que esta imagen ya forma parte del paisaje de la política chilena lo que a nadie ya parece sorprender. Este fenómeno, conocido como la judicialización de la política, plantea serias interrogantes sobre las interacciones entre nuestros sistemas judicial y político. Con la prisión preventiva de figuras como los exalcaldes Daniel Jadue y Cathy Barriga, y las continuas imputaciones a otros políticos como el ex subsecretario Monsalve (detenido y en proceso de formalización) incluidos varios parlamentarios (Mauricio Ojeda y Francisco Pulgar), se instala una reflexión crucial: ¿Estamos ante un sistema que persigue la corrupción o ante una politización de la justicia?

La actual judicialización de la política refleja un escenario donde las disputas políticas son cada vez más gestionadas a través de procedimientos judiciales en lugar de los mecanismos políticos tradicionales. Este fenómeno puede ser visto como un signo de madurez democrática, donde ningún actor está por encima de la ley, pero también puede interpretarse como un síntoma de una polarización que encuentra en los tribunales un nuevo campo de batalla.

Así, mientras que la judicialización podría ser una herramienta para limpiar la política, también existe el riesgo de que se convierta en un arma de doble filo que podría socavar la estabilidad política si es percibida como injusta o sesgada. Por ello, es esencial promover un debate público informado y crítico sobre el rol de la justicia en la política y viceversa.

De este modo la política y la justicia parecen entrelazarse más frecuentemente, evidenciando un fenómeno que nos lleva a una pregunta central: ¿la persona que entra en política se corrompe, o es el poder y el sistema el que corrompe?

Tradicionalmente, la política ha sido vista tanto como un campo de servicio público, pero también como un escenario que genera incentivos para desviarse por el camino de la corrupción en todas sus expresiones. Sin embargo, el patrón recurrente de políticos involucrados en escándalos judiciales sugiere una crisis sistémica más que casos aislados de mal juicio personal. La pregunta entonces no es meramente si las personas se corrompen al entrar en la arena política, sino más bien si el sistema político actual, con sus dinámicas de poder y falta de transparencia, fomenta un ambiente donde la corrupción puede florecer.

El aumento en el número de políticos enfrentados a casos judiciales puede interpretarse de dos maneras: como un signo alentador de que las instituciones de justicia están funcionando con independencia y vigor, o como un alarmante indicador de que la corrupción está más arraigada de lo que se temía. Esta dualidad es crucial para entender no solo los casos individuales, sino también las estructuras subyacentes que permiten o incluso incentivan estilos y prácticas corruptas.

Este estado de las cosas debe impulsarnos a reflexionar sobre las reformas necesarias en el sistema político y judicial, para garantizar que sirvan a su propósito original: servir al público y preservar el bien común. Asimismo, es imperativo que se fortalezcan los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, asegurando que aquellos que decidan servir como representantes públicos mantengan los más altos estándares éticos.

Resulta clave que, como sociedad, reevaluemos y redefinamos lo que esperamos de nuestros políticos y del sistema político. La educación cívica juega un papel fundamental en esto, al igual que el compromiso ciudadano activo y crítico. Solo así podremos esperar que la política sea realmente un campo de servicio y no un camino hacia el abuso de posiciones de poder o el enriquecimiento personal a costa del bienestar colectivo.

Los casos de corrupción no son un mero reflejo de la moralidad individual de los que entran a la arena política, sino más bien un síntoma de un sistema que requiere revisión y reforma profundas. La pregunta sobre si la actual política corrompe puede ser un punto de partida, pero la respuesta definitiva y las soluciones deben enfocarse en el sistema en su conjunto.