No se acaba la industria, pero sí habrá licitación de stock y cambios en el rol del IPS: lo que se propone para las AFP tras acuerdo por pensiones

“Si bien estas AFP siguen existiendo, va a haber más competencia”. Esa fue una de las frases que entregó la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, al detallar la serie de indicaciones en materia de pensiones que permitieron que ayer la comisión de Trabajo del Senado aprobara la idea de legislar la reforma, luego de dos años y medio de tramitación en el Congreso.

Ahora, la reforma previsional debe continuar su curso en la revisión artículo por artículo, luego pasar por la comisión de Hacienda del Senado, y finalmente por la Sala. Si bien el acuerdo unánime de los integrantes de la comisión anticipa el respaldo en el pleno, el proyecto todavía debe sortear el criterio de la Cámara de Diputados y Diputadas.

El principal nudo en la discusión previsional siempre ha sido el destino de la cotización adicional. Pero también hay otro, que dice relación con la reorganización de la industria de las AFP.

Inicialmente, el proyecto de ley que el Ejecutivo ingresó al Congreso en noviembre de 2022 ponía fin a las AFP como se conocen hasta ahora y separaba la industria en inversores y administradores. Además, eliminaba el Decreto de Ley 3.500, que creó el actual sistema de AFP hace ya más de cuarenta años.

A pesar de que La Moneda no logró cumplir con su anhelo original de poner fin a las administradoras de fondos de pensiones -el que estaba plasmado en el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric-, el principal cambio en la industria dice relación con la licitación de afiliados.

Actualmente existe una licitación de nuevos afiliados, donde la AFP que oferte la menor comisión se queda con los nuevos cotizantes que ingresan al sistema, sin embargo, eso ya no existirá.

En cambio, ahora se creará una licitación del stock de afiliados, es decir, se licitan grupos de afiliados que ya estén dentro del sistema de AFP. los que serán seleccionados de manera aleatoria, y que equivalen al 10% de los afiliados del sistema. De esta forma, la administradora que oferte la menor comisión será la ganadora.

Con todo, solo podrán participar las AFP que tengan menos del 25% de los afiliados del sistema, y se realizará cada dos años.

Una minuta de dicha cartera plantea que “los afiliados licitados pueden desistir de la licitación o cambiarse de administradora en cualquier momento, respetando la libertad de elección y permitiendo la retractación”.

Agrega que la AFP que resulte ganadora deberá mantener su comisión por al menos cinco años, “la que además deberá, conforme a las reglas generales, ser uniforme para todos los afiliados de la administradora. Concluido dicho plazo, los afiliados de la administradora podrán ser incluidos en nuevos procesos de licitación. Particularmente, si la administradora incrementa sus comisiones la proporción de afiliados de la misma que podrán ser incorporados a la próxima licitación se incrementará a 20%”.

Asimismo, los nuevos cotizantes que entren al sistema se incorporarán a la AFP de menor comisión, pudiendo cambiarse de inmediato si así lo desean.

Pese a que no hubo acuerdo en la creación de un ente estatal que pueda competir con las AFP, una minuta que el Ejecutivo hizo circular entre parlamentarios oficialistas, anticipa que “se ingresará en marzo la creación de un inversor público”.

Con respecto al nuevo rol del Instituto de Previsión Social (IPS), las indicaciones presentadas por el Gobierno proponen “focalizar el rol de las administradoras en la gestión de inversiones de fondos previsionales, permitiendo, facilitando e incentivando que las funciones de apoyo y gestión de cuentas sean subcontratadas a una o más entidades especializadas”.

“El costo de estas funciones será registrado contablemente de manera separada, generando transparencia respecto de los costos efectivos de aquellas funciones distintas a la inversión de fondos. Con todo, siempre la respectiva administradora será responsable del desempeño de las funciones de soporte y del buen servicio a los afiliados“, añade.

Lo anterior, implica que un gestor privado que busque competir en la administración de fondos previsionales puede ingresar sin necesidad de tener que montar un sistema de administración de cuentas y de sucursales a lo largo del país, sino que más bien lo podrá subcontratar. Por eso mismo, la minuta apunta a “autorizar al Instituto de Previsión Social (IPS) a prestar servicios de administración de cuentas, por si o en asociación o subcontratación con otras entidades o empresas“.

Y agrega que podrán formar AFP “personas naturales o jurídicas que cumplan los requisitos legales, incluyendo entre éstas a las AGF no bancarias y cajas de compensación”.