Dictamen de Educación prohíbe negar matrícula a alumnos morosos: colegios subvencionados alertan incentivo al no pago y posible riesgo financiero

Preocupación ha provocado en colegios subvencionados el reciente dictamen de la Superintendencia de Educación, que fija que la matrícula de los alumnos debe ser renovada, a pesar de que los apoderados no paguen la colegiatura, amparado en el derecho a la enseñanza sin discriminación.

Según consignó El Mercurio, lo anterior significaría que los apoderados de los recintos con copago podrían, por distintos motivos, no pagar y el alumno seguir estudiando.

De acuerdo a los registros del Ministerio de Educación, en 2024 había 702 colegios particulares subvencionados con copago, que podrían verse afectados por esta medida, los que concentran alrededor de 480 mil alumnos. Si se suma la educación diferencial y de adultos, el número de colegios sube hasta 711, con 546.967 inscritos.

Pedro Díaz, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide), indica al diario mencionado que “hemos ingresado a la Contraloría una solicitud para que se pronuncie sobre la legalidad de este dictamen, asumiendo que hay sospecha, incluso de parte de los abogados, de que esto puede incluso estar pasando sobre la ley”.

Desde la agrupación de Colegios Particulares de Chile (Conacep) sostienen estar revisando, junto a sus equipos jurídicos, “el impacto e implicancias del dictamen en nuestros proyectos educativos”.

La resolución plantea, además, que la garantía de mantener la matrícula, a pesar de no pagar, solo opera si se acredita “un impedimento económico”. Los otros caos deben resolverse por vía judicial.

Diaz señala que este último criterio “es ambiguo, porque indicia que el padre tendría que justificar o llevar algún documento que demuestre que no puede pagar, pero creemos que deja un espacio demasiado grande para la interpretación que puedan hacer los tribunales sobre el particular”.

Puntualiza que “buscamos no afectar el bien mayor, que son miles de estudiantes que pueden perder su educación o bajar su nivel de formación en la eventualidad de que los padres dejen de pagar”.

Y es que, por ejemplo, las dificultades financieras de los colegios podrían afectar también el pago a su personal, incluidos en los profesores.

La respuesta del Ministro de Educación

En conversación con El Mercurio, el ministros de Educación, Nicolás Cataldo, indicó que “lo que hace la Superintendencia es ir construyendo la unificación de jurisprudencia, que incluso tribunales han sancionado ya, en una visión única para que el sistema se oriente”, y agrega que “esperemos que sea bien acogido por los sostenedores”.

Cataldo afirma que “tampoco estamos hablando de un número significativo de casos; no estamos hablando de que el sistema va a colapsar por esto, solo está puesto en el centro el resguardo del derecho a la educación de esos niños y esas niñas cuando hay situaciones sobrevinientes en términos socioeconómicos”.

Descarta, además, que esta medida pueda incentivar el no pago de las colegiaturas, argumentando que “hay causales que finalmente determinan esto, las que tienen que ver precisamente con la condición socioeconómica de los estudiantes”.