La epidemia de casos de violencia a personas con TEA: radiografía a los episodios de discriminación a adultos y jóvenes dentro del espectro autista

En diciembre de 2024, un caso de bullying estremeció al país: un niño de 10 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) fue empalado por dos compañeros en la Escuela Cervantes Básica. Según los médicos, el menor sufrió una “herida compleja recto-uretral por empalamiento” y necesitó cirugía reconstructiva de vejiga y reconstitución del tránsito intestinal. Más allá de un incidente puntual, este suceso fue uno entre varios que expusieron la violencia y discriminación contra las personas TEA.

Meses después, en septiembre de 2025, se conoció un caso de agresión contra un trabajador TEA del Hospital San Borja Arriarán en Santiago, aunque estos ataques ocurrían incluso antes de la pandemia. La madre de la víctima aseguró que le pegaban, lo insultaban y le hacían bullying. Al revisar el teléfono de su hijo, la mujer descubrió videos de las agresiones. En uno de ellos se ve a quien era su jefe en el hospital.

Ese mismo mes, el Juzgado de Garantía de Bulnes decretó la prisión preventiva contra un hombre por los delitos de sustracción de menor y abuso sexual. El sujeto se acercó a la víctima, quien es autista, y le ofreció dinero a cambio de relaciones sexuales. Ante la negativa de la adolescente, el hombre la sustrajo y la trasladó hasta su domicilio, donde la forzó a realizar actos de connotación sexual.

En 2024, según datos de la Superintendencia de Educación, las denuncias por “discriminación a necesidades educativas especiales” crecieron un 19% respecto al año anterior. Los casos pasaron de 1.086 durante los primeros tres trimestres de 2023, a 1.296 casos en el primer período de 2024.

Las denuncias relacionadas con “maltrato a párvulos y/o estudiantes” mostraron seguir siendo las más frecuentes, con un 58% de los casos.

“No querían a una niña TEA porque era un cacho”: Las dos caras de la inclusión escolar

Renata tiene 11 años y presenta grado 1 de TEA. En 2024, mientras cursaba cuarto básico y tenía promedio 6.2, su colegio, ubicado en Concepción, tomó la decisión de dejarla repitiendo. El 4 de marzo de 2025, la Corte de Apelaciones de Concepción estableció que la decisión del establecimiento educacional había sido discriminatoria y ordenó que Renata pasara a quinto básico.

La madre de Renata, Andrea Srain, cuenta que el colegio la citó a una reunión para comunicarle que su hija repetiría de curso, argumentando que no tenía la asistencia necesaria para pasar. Sin embargo, el tribunal estableció que la niña sí contaba con la asistencia completa, llegando a 86%. “Lo que querían era que mi hija se fuera, no querían a una niña TEA porque era un cacho”, relata Andrea.

La madre asegura que, desde el primer día, el colegio les puso trabas para que sacaran a Renata del establecimiento. “Yo salía llorando de todas las reuniones, porque era un estrés enorme”, recuerda Andrea. “Me exigieron una tutora para mi hija y me dijeron que si no accedía, ellos tenían que proceder a destituirla del establecimiento“, cuenta. “Un día la tutora se enfermó y a mi hija la hicieron devolverse a la casa porque no querían que entrara sin ella”, relata.

Además, a Renata “no la dejaban participar de misas y actos para que no molestara”, añade. “Cuando ella quedó en el colegio, nunca escondimos el diagnóstico de mi hija. El colegio siempre supo que era TEA”, sentencia.

El caso de Renata no es aislado. Una situación similar vivió Clemente, un niño de sexto básico que fue expulsado de su colegio tras confirmarse su condición de TEA. Su familia también decidió llevar a la justicia su caso.

El establecimiento, ubicado en Talca, indica en su página web: “Contamos con el Programa de Integración Escolar (PIE), diseñado para apoyar a estudiantes con necesidades educativas especiales, promoviendo un aprendizaje inclusivo. ¡Juntos construimos una comunidad educativa donde la diversidad es nuestra fortaleza!”. 

El colegio justificó su decisión de expulsarlo en que el alumno presentaba muchas anotaciones negativas. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Talca definió la medida como un acto de discriminación y ordenó al colegio reincorporarlo. 

En una de las anotaciones negativas, “no tenían claro si Clemente había sido o no el culpable, y a pesar de eso, le aplican la máxima sanción”, asegura el abogado del caso, Hugo Escobar. El menor “estuvo vagando por distintos colegios luego de que fuera expulsado”, añade el abogado.

Un intento de exclusión que “coincide extrañamente con el momento en que la funcionaria hace presente su neurodivergencia”

Los casos judicializados que afectan a personas con autismo no son exclusivos en niños, niñas y adolescentes. En septiembre de 2023, una funcionaria del Cesfam 2 de septiembre de Los Ángeles presentó un recurso de protección en contra de la Municipalidad.

Esto luego de que el municipio pidiera a la COMPIN una evaluación de salud irrecuperable, un informe médico que establece que el trabajador tiene una condición de salud que le impide seguir en el cargo. La medida llegó justo después de que ella informara sus antecedentes de neurodivergencia y solicitara adecuaciones laborales bajo la Ley de Inclusión.

La mujer “tenía excelentes informes de desempeño y calificaciones en el servicio, pero sí necesitaba algunas adecuaciones en función al espacio físico donde trabajaba, por el nivel de ruido, por la contaminación lumínica y otros elementos que no deberían ser de mayor dificultad en términos de manejo”, explica su abogada, Paula Oyarzo.

La municipalidad actuaba “de forma caprichosa, discriminatoria y arbitraria porque la misma ley impone la obligación al servicio de estas adecuaciones”. La abogada también relata que la ley obliga a no considerar a los funcionarios neurodivergentes como “incapaces de prestar su servicio”.

Así, los argumentos de su defensa se centraron en que la Municipalidad pidió evaluar su supuesta incompatibilidad con el cargo, que “coincide extrañamente con el momento en que la funcionaria hace presente su neurodivergencia y solicita sus adecuaciones laborales”, explica la abogada. En segundo lugar, sus licencias médicas derivaban de la falta de adecuación, lo que hacía discutible si correspondían a una enfermedad común o causada por su trabajo.

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso de protección y le ordenó al municipio adoptar —en un plazo no mayor a 30 días— “todas las medidas que sean útiles, necesarias y oportunas para que la nombrada recurrente pueda desempeñarse laboralmente en un lugar y ambiente de trabajo que se condiga con su condición de persona que presenta Trastorno del Espectro Autista”.

Oyarzo valoró que el fallo dejó de lado el análisis tradicional centrado en la cantidad de licencias médicas emitidas y “lo enmarca en el reconocimiento de una neurodivergencia que, para ser mitigada, requiere adecuación”.

“Los apoderados me decían que la profesora jefe los había llamado y les había dicho que reclamaran para poder expulsar a Dante”

Dante, un niño con autismo grado 2 y alumno de primero básico de un colegio en la Región del Biobío, fue expulsado en septiembre de 2025 en aplicación de la Ley Aula Segura. Esta ley permite a los directores aplicar sanciones más duras contra estudiantes en casos de violencia grave, como la expulsión.

Su mamá, Francisca Piña, asegura que solían llamarla 10 minutos después de entrar al colegio para retirarlo: “Me decían que se había descompensado. Cuando llegaba, yo vivo a cinco minutos del colegio, Dante estaba bien. También lo empezaron a llenar de anotaciones negativas, tiene alrededor de 50”.

Ante esta situación, Francisca empezó a investigar de qué se trataba: “Empecé a averiguar quiénes eran los compañeritos y los apoderados me decían que la profesora jefe los había llamado y les había dicho que reclamaran para poder expulsar a Dante”. Francisca agrega que “los niños les decían a los papás que era mentira que Dante les había tirado el pelo, que estaban bien”.

Sin embargo, la expulsión de Dante se concretó luego de que le pellizcara la mano a una educadora diferencial. “Dijeron que esa era la falta más grave por haber agredido a un funcionario, pero en realidad no fue una agresión, fue una desregulación, algo propio de un niño con TEA”, explica su madre.

Francisca difundió la situación en redes sociales, donde usuarios la replicaron más de 500 veces. Tras ver el alcance de su publicación, la llamaron desde el colegio para conversar. La reunión se realizó cuatro días después de la expulsión y recién ese día le informaron a Francisca que podía apelar. “Esta profesora jefe les avisó el primero de septiembre a todos los niños que Dante no iba a volver, antes de que me avisaran a mí, antes de que yo hiciera la apelación, antes de todo”, explica la madre.

Después de unos días, a Francisca le aseguraron que Dante podía reincorporarse al colegio y que le cerrarían el año de manera anticipada, pero no buscaba eso: “Siento que pueden manipular cualquier cosa. No me siento segura en el colegio”.

La madre afirma que va a demandar a la profesora jefe: “Necesito que ella tenga algún tipo de amonestación porque lo que hizo no está bien, ella insistía en que los apoderados fueran a alegar para expulsar a Dante”.

Ley TEA: “La presencia de personas autistas en los distintos entornos, paradojalmente, trae conflictos que antes pasaban desapercibidos”

El director de la Fundación TEA Chile, Matías González, cree que aún falta mucha educación a la ciudadanía sobre las personas que están dentro del espectro autista. “Acá en Chile todavía estamos en pañales. Falta mucha, pero mucha empatía a nivel nacional”, asegura.

Durante el último año, muchos adultos TEA se han dirigido a la Fundación en busca de ayuda. Llegan pidiendo orientación sobre cómo desenvolverse “a nivel social, tanto en universidad como en ámbitos laborales”, cuenta González. “Sienten que están teniendo muchos problemas al momento de comunicarse con su equipo de trabajo”, asegura. Una de esas personas relataba que en su oficina “hablaban de él a sus espaldas”, añade.

La Fundación Wazú se dedica a la inclusión laboral. El encargado de Educación de la Fundación, Alejandro Wasiliew, quien además es autista, entrega su visión sobre los motivos de la discriminación hacia la comunidad.

Wasiliew atribuye el aumento a que, de forma contradictoria, leyes como la del TEA incluyen hoy a las personas autistas en espacios laborales y educativos. El gobierno promulgó la ley en marzo de 2023, con el objetivo de garantizar la inclusión y protección de las personas con autismo.

“En la medida en que se acepta la presencia de personas autistas en los distintos entornos, eso también, paradojalmente, trae acarreado muchas veces el que se manifiesten conflictos que antes pasaban desapercibidos en la medida en que las personas autistas estaban relegadas a otros espacios”, comenta.

Por ejemplo, en el sector educativo, “la presencia efectiva de los estudiantes autistas, también ha visibilizado que, en nuestro sistema educativo, muchas veces no contamos con las condiciones adecuadas para la diversidad”, sentencia Wasiliew.