CPLT alerta sobre irregularidades en contratación de funcionarios públicos y aumento de más de 9.400 en el último año

El Consejo Para La Transparencia (CPLT) presentó los resultados del Informe de Fiscalización Personal en la Administración del Estado 2025, que compara las cifras de septiembre de 2023 y septiembre de 2024 disponibles en los portales de transparencia de las instituciones analizadas. Esto incluye tanto a la Administración Central del Estado —compuesta por la Presidencia y delegaciones presidenciales, ministerios y subsecretarías y sus servicios dependientes— como a las municipalidades.

Dicho informe reveló que entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, la dotación total de la Administración Central del Estado pasó de 832.211 a 841.613 funcionarios, lo que representa un aumento de más de 9.400 personas. Del total, 449.443 pertenecen a la Administración Central (53%) y 392.170 a municipalidades (47%). El crecimiento se concentró en los organismos centrales, que sumaron cerca de 10 mil trabajadores, mientras que los municipios mostraron una leve baja de 287.

El análisis evidenció que, dentro de la Administración Central, predomina el empleo a contrata, que concentra un 61% de la dotación, seguido de planta (18%), sujeción al Código del Trabajo (14%) y honorarios (7%).

Sin embargo, el CPLT advirtió que casi la totalidad de los órganos revisados no cumplen con la limitación fijada en el Estatuto Administrativo, que establece que el total de sus funcionarios a contrata no puede exceder el 20% de los cargos de planta.

Por otro lado, se constató que los sectores de salud y educación siguen siendo los que más personal concentran, con un 50% del total (más de 223 mil funcionarios) y un 17% (más de 77 mil funcionarios), respectivamente.

Panorama del personal municipal

A nivel municipal, la cantidad de funcionarios se ha mantenido estable, con cerca de 392 mil funcionarios. En promedio, cada municipio cuenta con unos 1.100 trabajadores. La Región Metropolitana concentra la mayor parte, con más de 85 mil trabajadores, seguida por Biobío con 51 mil, Maule con 46 mil y Valparaíso con más de 43 mil funcionarios municipales. En cambio, las regiones de Aysén y Magallanes presentan las cifras más bajas.

En las municipalidades, la mayoría de los trabajadores son de planta, con un 32% del total. Le siguen quienes trabajan a honorarios (24%) y sujeción al Código del Trabajo y contrata, ambos con 22%.

En comunas con alta población, como Maipú y Puente Alto, la proporción de funcionarios contratados a honorarios alcanza el 67% y el 58%, respectivamente. También destaca el caso de Coquimbo, donde casi la mitad de su personal trabaja bajo esta modalidad.

Casi el 40% de los funcionarios municipales se desempeñan en el área de educación, un 36% en gestión municipal y un 24% en salud, mientras que los cementerios reúnen menos del 1% del total.

Además, el CPLT detectó que un 4% de los organismos de la Administración Central y un 8% de los municipios no publicaron de forma íntegra o actualizada la información sobre su personal en los portales de transparencia, lo que incumple con la Ley de Transparencia.

La presidenta del CPLT, Natalia González, señaló que “en 2024, el gasto en personal en los organismos de la Administración Central fue de un 21,9% del total del presupuesto ejecutado. Por su parte, en los municipios alcanzó un 48,6% respecto del total de gastos de ese año. Por lo tanto, estamos hablando de una cantidad de recursos públicos muy relevante, que lo hace una temática de especial interés ciudadano, y respecto de la cual este Consejo tendrá especial cuidado en fiscalizar que la información sea clara, accesible, completa y debidamente actualizada”.

González agregó que “esta fiscalización sobre la dotación de personal de la Administración del Estado es un ejercicio que hacemos de forma periódica y que seguiremos haciendo, ya que entendemos que es información fundamental para la formulación de políticas públicas. Es nuestro mandato fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y garantizar que el sector público, la academia, los medios y, en general, la ciudadanía, pueda acceder a esta información”.