Quién es Máximo Pavez, el piñerista que será funcionario del Gobierno de Boric por dos días antes de ser subsecretario de Kast

Un cambio en la Subsecretaría del Interior ocurrirá este lunes por la tarde. Pasará cuando el actual titular de la repartición, Víctor Ramos (Frente Amplio), renuncie a su cargo para darle el pase al abogado constitucionalista Máximo Pavez (UDI), el primer funcionario del gobierno del presidente electo José Antonio Kast que asumirá funciones antes del cambio de mando del miércoles 11 de marzo, con el mandato del Presidente Gabriel Boric vigente.

El cambio ocurre a raíz de que es la subsecretaría del Interior la encargada de preparar el aterrizaje de las nuevas autoridades que asumirán funciones con la llegada del republicano. La misma escena ocurrió en 2022, cuando en los últimos días de la administración del expresidente Sebastián Piñera, Manuel Monsalve (PS) pasó a formar parte del Ejecutivo, dado que él sería el subsecretario del Interior de Boric.

Así, la misión de Pavez será afinar los últimos detalles administrativos del traspaso de mando. De hecho, por un breve período de tiempo será ministro (s) del Interior, a la espera de que Claudio Alvarado (UDI) jure en el Congreso su nuevo cargo.

Será Alvarado el superior de Pavez durante la administración de Kast, en una renovada cartera que —desde que se creó el Ministerio de Seguridad Pública, trasladando las tareas de seguridad radicadas en Interior a esa repartición— ha adquirido un rol mayormente político y de coordinación entre autoridades del Gobierno, así como también el seguimiento exhaustivo de los compromisos presidenciales.

De hecho, en la Oficina del Presidente Electo (OPE) proyectan que Interior será la cartera que más peso tendrá sobre el “gobierno de emergencia”, concepto bajo el cual Kast ha querido mostrar intención de premura en el actuar en el Ejecutivo, apenas el futuro mandatario asuma sus funciones.

Máximo Pavez, un abogado piñerista en el gobierno de Kast

La carrera de Pavez en La Moneda no comenzará con sus funciones a asumir como subsecretario del Interior. Antes ya había sido subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), la cartera encargada de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, cargo que lideró en el segundo gobierno de Piñera.

En ese rol, incluso, delineó y coordinó lo que sería la Convención Constitucional, el mecanismo institucional mediante el cual el los partidos políticos con acuerdo del gobierno buscaron resolver la crisis generada por el estallido social de 2019.

Pavez tiene 42 años, estudió Derecho en la Universidad Católica y ha tenido un especial vínculo con la Fundación Jaime Guzmán, en la que en el pasado se ha desempeñado como encargado del área de jóvenes, así como también director del programa legislativo de la organización que rinde homenaje al fundador de la UDI.

En cuanto a su pasado profesional, en su cuenta de LinkedIn se relata que fue asesor legislativo del exministro de Salud Jaime Mañalich y del exsubsecretario de la cartera Jorge Díaz en 2011, en la primera administración de Piñera.

En la Universidad Católica ha impartido clases como profesor adjunto. Ha sido funcionario del Departamento de Derecho Público y del Departamento de Práctica y Asistencia Legal. Sus cursos en la casa de estudio han sido de derecho político, instituciones del Estado de Derecho chileno, derechos fundamentales y Derechos Humanos, entre otros.

Cuando fracasó el primer proceso constituyente y se conformó una segunda instancia —el Consejo Constitucional—, Pavez integró la Comisión Experta, encargada de la creación de un anteproyecto constitucional, el que obtuvo respaldo desde el PC hasta republicanos, pero que posteriormente fue desechado por los integrantes del Consejo, de mayoría republicana.

Hace cerca de un año, en tanto, Pavez tuvo un protagonismo —junto al abogado Emiliano García (Partido Republicano)— en la fallida compraventa que el Gobierno quiso hacer de la casa de Salvador Allende, de la que Isabel Allende Bussi y Maya Fernández Allende, descendientes del exmandatario, eran propietarias.

El abogado de la UDI presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para alegar la inconstitucionalidad de la operación en la que se veían involucradas la hija y la nieta de Allende, respectivamente. Lo anterior porque Isabel Allende era senadora de la República, mientras que Maya Fernández estaba a cargo del Ministerio de Defensa, en vista de que funcionarios públicos no pueden firmar contratos con el Estado.

Por el requerimiento, el TC determinó destituir a Allende de sus funciones, tal y como lo establece la Constitución en caso de que se incumpla el artículo 60, que se refiere al cese de cargo de autoridades del Legislativo.