Inhabilidad para postular a la gratuidad y prohibición del uso de capuchas dentro y fuera de recintos: las medidas del Gobierno para enfrentar la violencia en colegios

Uno de los temas que ha marcado la contingencia de este último mes ha sido la violencia en los colegios. Y es que este nuevo año escolar no solo ha estado marcado por protestas y encapuchados lanzando molotov, como ha sido la tónica usual, sino que han habido otros hechos graves como el fallecimiento de una profesora en un liceo en Calama que fue atacada por un estudiante.

En ese sentido el Ejecutivo ha definido el área de Educación como una de sus prioridades, donde ya se promulgó, por ejemplo, la ley de convivencia escolar, pero desde el Gobierno enfatizaron que aquello no es suficiente.

Por lo mismo, se había anunciado que se ingresarían proyectos de ley destinados a fortalecer las medidas que tienen los establecimientos para combatir la violencia, y esta jornada se presentaron dos.

El primero propone modificar el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal por delitos cometidos contra la comunidad educativa y los recintos escolares.

De esa forma, se sancionará con mayor severidad los delitos contra estudiantes, docentes o asistentes, ya sea dentro del recinto o en actividades extracurriculares, así como los delitos contra la propiedad cometidos en dependencias educativas.

Los cinco puntos del proyecto “Escuelas Protegidas”

Pero quizás el más polémico o llamativo de los que ingresó el Gobierno es el denominado “Escuelas Protegidas”, que consta de cinco puntos principales.

En primer lugar, plantea que los sostenedores de colegios puedan implementar medidas para evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que pudiesen ser utilizados para agredir a otros, dañar la infraestructura escolar o que podrían ser potencialmente peligrosos para los miembros de la comunidad educativa.

Se propone la revisión de bolsos, mochilas o pertenencias personales de los establecimientos, lo que deberá ser incorporado al reglamento interno de los establecimientos.

En segundo lugar se propone que los docentes tengan la posibilidad de implementar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias orientadas a resguardar el normal desarrollo de la actividad educativa, las cuales tendrán carácter obligatorio para los estudiantes y podrán ser de acción inmediata.

Además habrá sanciones por interrupción de clases, entendiendo que afectan gravemente la la convivencia escolar aquellos actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa que tengan como consecuencia la paralización total o parcial de las clases o en que se afecte la continuidad del servicio educativo.

El punto más llamativo de la propuesta es la inhabilidad para acceder a la gratuidad.

Y es que se propone que entre los requisitos para acceder al beneficio en la educación superior el no haber sido condenado por sentencia firme por delitos que atenten contra la vida o la integridad física o psíquica de las personas, contra la propiedad o la infraestructura.

Otro de los lineamientos llamativos de la propuesta es el de escolares a cara descubierta, que establece que en los reglamentos internos de los colegios se deberá contemplar la prohibición del uso de accesorios tales como gorros, capuchas, pasamontañas o cualquier otro elemento que impida la identificación facial y que no responda a una necesidad de salud, climática u otra debidamente justificada.

Ello aplicará tanto para el interior de los colegios como fuera de ellos, durante el desarrollo de actividades programáticas o extraprogramáticas. Así también deberán prohibir el uso de accesorios o vestimentas que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a las drogas, a conductas delictuales u otras.