Compartir
Un pasaje al Caribe ha dicho más sobre el Congreso que cien discursos sobre austeridad. El viaje del diputado Leandro Kunstmann durante la semana distrital abrió una grieta conocida, pero pocas veces asumida con seriedad. La pregunta de fondo excede a un parlamentario. Apunta al modo en que el poder entiende su tiempo, sus privilegios y su vínculo con quienes pagan la cuenta.
La semana distrital existe para representar. Para caminar el territorio, escuchar urgencias, mirar escuelas, hospitales, caminos, seguridad, empleo, vivienda. Esa es la promesa institucional. Cuando ese espacio termina convertido en margen disponible para vacaciones familiares, seminarios ambiguos o agendas privadas, el problema deja de ser administrativo y se vuelve político.
Las personas perciben una señal irritante, porque mientras los ciudadanos piden permiso para ir al médico, descuentan días, justifican ausencias y rinden cuentas por cada hora trabajada, los parlamentarios operan con reglas diseñadas para una época de menor vigilancia pública.
El diputado Kunstmann además encendió la mecha con su frase sobre un trabajo parlamentario concentrado de lunes a miércoles. Esa explicación agravó el episodio porque redujo la labor legislativa a asistencia formal. Un diputado vota, estudia leyes, fiscaliza, recibe organizaciones, acompaña conflictos locales y responde ante su distrito. La función pública requiere presencia, criterio y sentido de oportunidad. En política, una mala explicación suele pesar tanto como el hecho original.
Sería razonable que se pudiera distinguir viajes oficiales, actividades partidarias, representación institucional y vacaciones. También revisar una fórmula para que las salidas personales durante semana distrital tengan descuento o se realicen bajo permiso sin goce de sueldo. Pero en la base de este debate importa la discusión desde la indignación pasajera hacia una reforma concreta.
La Cámara ya cuenta con una obligación básica. Informar salidas del país. Ese requisito sirve para resguardar quórums y funcionamiento ante sesiones especiales. Resulta insuficiente para una democracia sometida a escrutinio permanente. El estándar público exige trazabilidad, motivos claros, agenda verificable y consecuencias proporcionales. Un viaje académico con invitación formal pertenece a una categoría distinta a una estadía de descanso. Mezclar todo bajo el mismo paraguas alimenta sospechas y castiga también a quienes realizan trabajo serio.
El año pasado, ya se había discutido este mismo tema por otros parlamentarios que también realizaban viajes familiares en tiempos que se suponía estaban es sus distritos, pero más allá de la indignación no pasó nada. Ahora, por el caso Kunstmann además se informó de otros nueve parlamentarios viajaron al extranjero en semanas distritales o en periodos destinados a labores parlamentarias.
Es esperable que el actual debate avance hacia reglas concretas, como el registro público oportuno de viajes con declaración de objetivos, el informe de actividades con verificadores, el descuento de a dieta ante salidas personales en semanas destinadas al territorio. Es decir, criterios uniformes para que aseguren la buena gestión, el resguardo de los recursos públicos y transparencia en el trabajo parlamentario.
Chile atraviesa una profunda crisis de confianza que convierte cada gesto en una prueba y una oportunidad. El Congreso puede tomar este caso como otra anécdota incómoda o como el momento para realmente mejorar sus procesos y cumplir con la ciudadanía. La política recupera autoridad cuando se impone exigencias antes de que la calle las grite. La semana distrital debe volver a significar territorio, representación y trabajo. Un escaño parlamentarios entrega poder, dieta y visibilidad, pero también exige corrección en el actuar y trasparencia.
