Operación Tokio suma a ejecutiva del BancoEstado: fue formalizada junto a otros 16 imputados

Nuevos antecedentes surgieron en el marco de la llamada “Operación Tokio”,investigación que permitió desarticular una organización criminal acusada de lavar más de $75 mil millones y transferir cerca de US$ 84 millones al extranjero.  Durante la audiencia de formalización de 17 imputados, el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, reveló que una de las detenidas señaló que se desempeñaba como ejecutiva de BancoEstado, sumando así una segunda funcionaria bancaria a la causa.

“El día de hoy se logró determinar que una de las personas que también estaba detenida era ejecutiva del BancoEstado, según ella misma lo refirió el día de hoy en la audiencia”, indicó el persecutor.

La revelación se suma al caso de José Carlos Pérez Asencio (33), ciudadano venezolano y ejecutivo de Banco Santander desde 2019, quien también fue detenido en el operativo realizado la semana pasada.

Fiscalía apunta a captación de funcionarios bancarios

Según explicó Barros, la organización buscaba incorporar personas con conocimientos del sistema financiero para facilitar el movimiento de grandes sumas de dinero y dificultar el rastreo de los recursos. “Ellos ya están dentro de las funciones en un banco determinado y ahí son contactados por los distintos sujetos que se dedican a cometer estos delitos“, señaló.

De acuerdo con la Fiscalía, el dinero se distribuía entre múltiples cuentas corrientes y de ahorro para fragmentar los montos y perder la trazabilidad de los fondos. El mecanismo contemplaba depósitos a ejecutivos bancarios y otras personas, quienes luego realizaban una serie de transferencias entre distintas cuentas. Tras varios movimientos, los recursos terminaban concentrados en empresas falsas desde donde los enviaban al extranjero.

14 imputados quedaron en prisión preventiva

La “Operación Tokio” permitió la detención de 17 personas, quienes fueron formalizadas por delitos de lavado de activos, asociación criminal, asociación ilícita para el lavado de activos, cohecho, contrabando, extorsión y otros ilícitos vinculados al crimen organizado.

Tras la audiencia, el tribunal decretó la prisión preventiva para 14 de los imputados, mientras que los tres restantes quedaron sujetos a distintas medidas cautelares de arresto domiciliario. La investigación tendrá un plazo de 150 días.