Gobierno ingresó reforma constitucional de seguridad: crea Estado de Excepción por Crimen Organizado e inhabilitación perpetua a delincuentes

El Gobierno ingresó al Senado un proyecto de reforma constitucional que busca fortalecer el sistema nacional de seguridad pública y crear un nuevo estado de excepción frente a las amenazas del crimen organizado.

La iniciativa sostiene que la delincuencia organizada representa una amenaza directa al ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía, justificando la actualización de las herramientas institucionales del Estado dentro del marco constitucional.

Entre los ejes centrales del proyecto destaca la creación del Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, regulado en los nuevos artículos 42 bis y 43 de la Carta Fundamental. Esta herramienta facultará al Presidente para decretar un régimen especial de hasta 120 días en zonas afectadas por amenazas graves e inminentes.

Bajo este estado, la zona quedará a cargo de un Oficial General y la autoridad podrá restringir las libertades de locomoción, reunión y asociación, además de autorizar la interceptación de comunicaciones y la requisición de bienes.

Crimen organizado y terrorismo

Asimismo, el proyecto introduce el artículo 9° bis, que endurece de forma sustancial las consecuencias jurídicas para los condenados por crimen organizado y terrorismo.

La norma establece la inhabilitación perpetua para ejercer cargos o funciones públicas, la prohibición por 15 años de acceder a penas sustitutivas o beneficios penitenciarios y la pérdida o inhabilitación por 15 años para recibir prestaciones estatales financiadas con recursos públicos. En paralelo, encomienda a Gendarmería la aplicación de regímenes penitenciarios diferenciados con restricciones de visitas y comunicaciones para evitar que se sigan dirigiendo actividades ilícitas desde las cárceles.

El ministro Segpres, José García Ruminot, explicó que “las eventuales restricciones que tendrían respecto de beneficios pagados con recursos fiscales quedan entregados a una Ley de Quorum Calificado. Es decir, esa materia va a tener que ser regulada, está entregada al legislador y pensamos que es una muy buena forma de que finalmente tenga todo el respaldo del sistema político y del sistema parlamentario”.

Sobre por qué se establecieron 15 años, el ministro respondió que se debe a la existencia de “normativas que establecen los 15 años, pero también tengo que señalar con toda claridad que este es un proyecto de reforma constitucional que se da cuenta mañana en el Senado. Queda sujeto a el trabajo parlamentario, al debate legislativo, a que se construyan los acuerdos”. 

Con respecto a los regímenes carcelarios diferenciados, García afirmó que “esto es parte de lo que está contenido en la reforma. Naturalmente, la separación o lo que es la administración dentro de las cárceles queda entregado a Gendarmería, pero eso depende de las sanciones que el respectivo proceso vaya determinando”.