Caso Sartor: Tribunal determina prisión preventiva para Michael Clark, hermanos Larraín Mery y Sergio Yáñez

A 19 días del inicio de la jornada de formalización por el caso Sartor, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó prisión preventiva para cuatro de los once imputados: el fundador del conglomerado financiero Pedro Pablo Larraín Mery y su hermano Carlos, Michael Clark -ligado a Azul Azul- y Sergio Yáñez.

En tanto, Rodrigo Bustamante y Juan Carlos Jorquera quedaron sujetos a arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Entre los delitos económicos expuestos por el Ministerio Público y acreditados por la jueza Paulina Moya, se encuentran administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa, estafa, fraude por omisión de oferta pública de adquisición (OPA), lavado de activos y apropiación indebida.

En detalle, la magistrada Paulina Moya dio por acreditados delitos de administración desleal y entrega de información falsa correspondientes a los capítulos 1 y 2 de la investigación, además de estafas. En el capítulo 3, relativo a la adquisición de Azul Azul, acreditó el fraude por omisión de OPA y el lavado de activos, pero no el otorgamiento de contratos simulados. Finalmente, en el capítulo 4, acreditó los delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida.

Previo a la resolución de este martes, el tribunal decretó las medidas cautelares para el resto de los imputados. A Óscar Ebel, Alfredo Hartz y Hugo Baranda se les impuso arresto domiciliario total, mientras que Mauro Valdés y Miguel León quedaron sujetos a arresto domiciliario nocturno. 

Los alegatos se desarrollaron a lo largo de 14 jornadas de formalización, en las que se expusieron los argumentos de 16 querellantes y las defensas de los imputados. El proceso judicial se sustenta en los antecedentes de la Administradora General de Fondos (AGF), que operaba bajo un modelo de negocios que, mediante la gestión de fondos de terceros, habría desviado recursos hacia empresas vinculadas a los propios ejecutivos del conglomerado.

El primer hito del caso data de 2024, cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) identificó la existencia de un modelo de negocios marcado por conflictos de interés, en que los recursos de terceros eran invertidos en sociedades vinculadas al mismo grupo, que a su vez diseñaban nuevas estructuras de inversión según los proyectos que buscaban desarrollar.