Columna de Jaime Mañalich: El cigarrillo, ¿la caja chica del narco?

Chile lleva más de dos décadas construyendo un marco de control del tabaco, pero con lagunas que explican por qué sigue siendo uno de los países con mayor consumo de la región.

En 1995 se fijó los 18 años como edad mínima para fumar y se prohibió la venta cerca de establecimientos escolares. En 2005 se ratificó el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y el salto más importante llegó con la Ley N° 20.660 de 2013, del gobierno de S. Piñera, que prohibió fumar en todo lugar cerrado de acceso público o uso colectivo (eliminando las “zonas de fumadores”), prohibió la publicidad del tabaco y restringió su presencia en radio y televisión en horario infantil. Recientemente la Ley N° 21.642 regula los cigarrillos electrónicos y vapeadores: prohíbe su venta a menores, exige advertencias sanitarias en los envases, restringe la venta cerca de colegios y centros de salud, y prohíbe publicidad engañosa. En materia tributaria, Chile aplica impuestos específicos elevados sobre tabaco, una de las herramientas que la evidencia considera más efectiva para reducir el consumo, aunque también incentiva el mercado ilegal cuando la fiscalización aduanera es deficiente.

Los resultados de este esfuerzo son que la prevalencia mensual de tabaquismo en población general cayó de 43,6% en 2002 a 28,6% hacia 2020, y el consumo diario bajó de 30,6% a 17,7% en el mismo período. Entre escolares la caída fue aún más pronunciada.

El avance se estancó desde 2018. Chile sigue apareciendo entre los países de mayor consumo de tabaco de América Latina, con 52 muertes diarias atribuibles al tabaco y un 16% del total de fallecimientos del país. A esto se suma el repunte del vapeo entre adolescentes, que se ha duplicado en cuatro años, sin voluntad de aplicar la ley.

En mayo pasado, en un sector despoblado en Antofagasta, Carabineros interceptó tres camiones que transportaban más de 2,2 millones de cajetillas de cigarrillos de contrabando, avaluadas en cerca de $6.000 millones. Apareció también una subametralladora UZI cargada. Esa armaes la prueba física de algo que hace tiempo policías, fiscales y el Senado vienen advirtiendo, que el contrabando de cigarrillos dejó de ser un delito menor y se convirtió en una fuente de financiamiento del crimen organizado.

Las mismas redes que trafican droga y armas cuentan así con los corredores transnacionales, los contactos aduaneros y la logística necesaria desarrollada por el contrabando de cigarrillos, un producto de alta demanda, consumo masivo y bajo riesgo pena. El comercio ilegal de tabaco se estima entre el 50% y el 60% del consumo nacional, con pérdidas fiscales entre US$800 y 1.150 millones al año. Es, literalmente la caja chica perfecta para financiar operaciones más sensibles sin exponer al grueso de la organización. El Senado discute dos vías legislativas. La que busca elevar las penas hasta 20 años cuando exista vínculo con crimen organizado, tipificar como delito autónomo la fabricación clandestina de cigarrillos en territorio nacional y establecer agravantes para bandas armadas o con participación de funcionarios públicos. El proyecto de Reconstrucción Nacional incorpora ajustes aduaneros, como hacer obligatoria la incautación de los vehículos usados en el ilícito.

Mientras el contrabando de cigarrillos siga tratándose como un asunto tributario menor y no como lo que las propias policías ya reconocen,seguiremos aceptando el crecimiento de una red amplia de soporte delictual. El caso de Antofagasta no debería leerse como una anécdota policial exitosa, sino como una advertencia de lo que ya ocurre a una escala mayor de lo que las cifras oficiales logran capturar.