Las horas clave del Caso Australis: investigación de la Fiscalía por cartas entre PDI y uno de los querellantes abre nueva pugna entre penalistas “top” del país

La Fiscalía Regional de Ñuble lleva adelante un procedimiento a raíz de la actuación del prefecto inspector Carlos Cristián Rojas Ramírez, jefe nacional de Ciencias Forenses de la Policía de Investigaciones, en el denominado Caso Australis.

El procedimiento tiene como antecedente una comunicación que Rojas sostuvo con uno de los abogados querellantes de la causa, mientras la investigación penal todavía se encontraba abierta, y que posteriormente fue cuestionada por la defensa del empresario Isidoro Quiroga ante el fiscal nacional, Ángel Valencia, y el director general de la PDI, Eduardo Cerna.

El episodio se remonta al 19 de agosto de 2026.

Ese día, el abogado Hugo Rivera Villalobos, querellante en el caso Australis, envió una carta a la PDI consultando por la factibilidad técnica de que el Laboratorio de Criminalística Institucional —ya fuera su unidad de Valparaíso, otra repartición o una comisión especialmente designada— elaborara un informe pericial contable solicitado por la Fiscalía.

Ocho días después, el 27 de agosto, obtuvo respuesta.

El prefecto inspector Carlos Rojas, en su calidad de jefe nacional de Ciencias Forenses, respondió directamente a Rivera. En el documento, al que tuvo acceso The Clinic, señaló que los requerimientos mencionados por el abogado ya habían sido abordados mediante tres informes de la sección Contabilidad del Lacrim de Valparaíso.

Luego realizó una afirmación que terminaría convirtiéndose en el centro de la controversia.

Rojas sostuvo que los peritos institucionales contaban con las capacidades técnicas para realizar su trabajo y agregó que “la funcionaria a cargo de la labor pericial requirió en su oportunidad los antecedentes objetivos, los que no fueron remitidos”.

La funcionaria era Paula Lebuy, perito contable del Lacrim de Valparaíso.

La afirmación resultaba particularmente relevante debido a que los tres informes realizados por el Lacrim no habían logrado cuantificar técnicamente el eventual perjuicio económico investigado en la causa.

El primero, de junio de 2025, concluyó que no era posible responder lo solicitado y planteó la necesidad de recopilar nuevos antecedentes. Un segundo informe, de mayo de 2026, señaló que la información disponible no permitía realizar una “cuantificación técnica y fundada”. Un tercer informe, emitido al mes siguiente, ratificó esas conclusiones.

Durante ese período, la Fiscalía había realizado numerosos requerimientos de información a organismos como la Superintendencia del Medio Ambiente, Sernapesca, Aduanas, SalmonChile, el Instituto de Fomento Pesquero y la propia Australis.

La respuesta de Rojas adquirió rápidamente importancia dentro de la causa.

Al día siguiente, 28 de agosto, la abogada Bárbara Yévenes, en representación de Australis Seafoods, Australis Mar, Acuícola Cordillera y Salmones Islas del Sur, presentó la carta ante el fiscal Juan Pablo Araya.

En el escrito calificó la afirmación relativa a los antecedentes no remitidos como un elemento de “máxima relevancia” y solicitó que la carta fuera incorporada a la carpeta investigativa para poder utilizarla “en las instancias correspondientes”.

Ese mismo día se cerró la investigación del caso Australis.

La existencia de la carta fue además expuesta públicamente por el abogado querellante Jorge Bofill. Al salir de la audiencia, sostuvo que el documento permitía explicar por qué el peritaje contable no había logrado concretarse.

“Hoy día, por ejemplo, acompañamos al Ministerio Público un informe de valoración de perjuicios, y acompañamos una carta de la Policía de Investigaciones (PDI) que aclara que la razón por la cual no se hizo un informe pericial contable no es porque no tuvieran ellos las capacidades técnicas, sino porque no le fueron remitidos por la Fiscalía los antecedentes objetivos que la policía había pedido”, dijo entonces.

Y añadió: “Más allá de que somos de la opinión de que hoy día los fundamentos para llevar esta causa a juicio están absolutamente claros, la razón por la cual hemos insistido en todas estas diligencias pendientes es porque la ley no nos permite llevar a juicio algo que no está en la investigación”.

La advertencia en la misma carta

La respuesta de Rojas contenía, sin embargo, una particularidad.

Después de contestar la consulta del abogado y referirse a los antecedentes que habría recibido la perito, el propio jefe nacional de Ciencias Forenses advirtió a Rivera que “toda solicitud que diga relación con la causa en comento, se debe realizar a través del Fiscal del Ministerio Público a cargo de la indagatoria, al ser esta una investigación en curso”.

Es decir, en la misma comunicación en que entregó directamente a uno de los querellantes información sobre las circunstancias en que se había desarrollado una pericia, Rojas le señaló que las solicitudes relacionadas con esa investigación debían canalizarse a través del fiscal a cargo.

Ese punto, junto con el contenido de la respuesta, quedó posteriormente en el centro del cuestionamiento de la defensa de Quiroga.

Los abogados sostienen que la documentación contenida en la carpeta investigativa demostraría que la Fiscalía sí entregó sucesivamente los antecedentes requeridos por Lebuy. También cuestionan que Rojas se haya pronunciado directamente ante una de las partes acerca de pericias en las cuales él no participó.

El reclamo tiene además una dimensión institucional.

La defensa invocó el artículo 31 de la Ley Orgánica de la PDI, relativo a la independencia de los peritos respecto de sus superiores jerárquicos. Según su presentación, Rojas habría requerido explicaciones respecto del trabajo realizado por Lebuy y posteriormente habría comunicado esa información al abogado querellante.

El 14 de septiembre, los abogados pusieron estos antecedentes en conocimiento del director general de la PDI y solicitaron obtener la carta original enviada por Rivera, además de conocer cualquier otra comunicación que hubiese existido entre Rojas y los abogados querellantes.

Los antecedentes también fueron puestos en conocimiento del fiscal nacional, Ángel Valencia.

El episodio terminó abriendo un nuevo flanco fuera de la investigación original: la Fiscalía Regional de Ñuble inició un procedimiento a partir de estos antecedentes.

La respuesta de Bofill

La controversia enfrenta a algunos de los abogados penalistas más reconocidos del país.

Consultado por The Clinic, Jorge Bofill rechazó los cuestionamientos formulados por la defensa de Quiroga y sostuvo que la denuncia debe entenderse dentro de lo que, a su juicio, constituye una estrategia más amplia de la contraparte.

“Frente a la denuncia de los abogados Acosta, van Weezel, Chaves y Valenzuela, respecto de la cual usted me consulta, debo decir que constituye un patrón de conducta de Isidoro Quiroga Moreno y sus abogados atacarnos, mediante querellas y denuncias, cada vez que aparece o descubrimos un antecedente que debilita su posición”, afirmó.

Para Bofill, el punto central sigue siendo el contenido de la respuesta entregada por la PDI.

“En este caso, se trata de una respuesta de la PDI a una consulta nuestra, en la cual se nos informó que el informe pericial contable que se le solicitó no fue evacuado porque no tuvieran las capacidades técnicas requeridas, sino porque nunca recibió de la Fiscalía los antecedentes objetivos que eran necesarios”, señaló.

El abogado también defendió la vía utilizada para realizar la consulta a la policía.

“Nuestra solicitud se hizo en ejercicio del derecho de petición, que es una garantía constitucional que permite presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes”, sostuvo.

De esa manera, las dos partes hacen una lectura completamente distinta del mismo episodio.

Para la defensa de Quiroga, el problema está en que un superior jerárquico de la PDI habría intervenido respecto del trabajo de una perito y posteriormente entregado información sobre ese trabajo directamente a una de las partes de una investigación todavía abierta.

Para los querellantes, en cambio, se trató de una consulta legítima a la institución que permitió conocer por qué una diligencia que consideraban relevante no había podido concretarse.

La versión de la PDI

La Policía de Investigaciones también respondió las consultas de The Clinic y entregó su explicación sobre las circunstancias en que Rojas contestó directamente al abogado querellante.

Según la institución, la comunicación se originó “en el contexto de una carta reclamo enviada a nuestra institución, respecto a un peritaje contable realizado en una investigación dirigida por el Ministerio Público”.

La PDI explicó que, debido a la naturaleza de esa presentación, esta fue derivada al organismo técnico correspondiente.

“Es por ello que se derivó la misma al ente técnico institucional, correspondiente a la Jefatura Nacional de Ciencias Forenses, de donde dependen los Laboratorios de Criminalística de todo el país, a fin que recopilara la información y se le diera respuesta directa al recurrente mediante correo electrónico”, señaló la institución.

La explicación de la policía aborda así uno de los puntos centrales del cuestionamiento: por qué fue el propio jefe nacional de Ciencias Forenses quien recopiló los antecedentes y respondió directamente al abogado que había realizado la presentación.

La controversia se produce, además, en la antesala de una instancia judicial relevante para el caso Australis. Este jueves está fijada una audiencia en la que se discutirá una solicitud de sobreseimiento y además se revisará la solicitud del grupo chino Joyvio para reabrir la investigación penal por presunta estafa y administración desleal en contra del empresario chileno Isidoro Quiroga mientras en paralelo la Fiscalía de Ñuble lleva adelante el procedimiento abierto a partir de los antecedentes relacionados con la actuación de Rojas.