Imagen: Agencia Uno

Uno habría pensado que, dado el carácter contaminante de la generación eléctrica a carbón y los peligros de la nuclear, sobre los cuales ya no es necesario insistir, la generación hidráulica era parte de la solución, no del problema.

Uno habría también pensado que las objeciones (¡medioambientales!) a un proyecto determinado serían menores, no mayores, si ese proyecto era capaz de sortear las exigencias legales para asegurar que su impacto ambiental quedara dentro de los límites de lo aceptable. Ambas observaciones, por supuesto, habrían sido no sólo erradas, sino groseramente erradas, como lo muestra el caso de la aprobación del proyecto de Hidroaysén. Pero esto sugiere una pregunta: ¿cómo entender la indignación pública que dicha aprobación suscitó?

La explicación que en primera persona ofrecerían los que protestan en contra de dicho proyecto debe ser considerada, pero es insuficiente. No hay razón para pensar que el proyecto de Hidroaysén causará un daño medioambiental mayor que otros proyectos, y problemas de contaminación más graves que los que se alega que causará Hidroaysén se están viviendo actualmente en otras partes del país (como Jorge Correa sostuviera, ni el arsénico en Arica ni el humo en Ventanas, que están matando personas, han movilizado tanta gente).

A mi juicio, parte de la oposición a Hidroaysén es manifestación de un malestar que supera el caso de la represa: es la manera en que se manifiesta una especie de queja genérica con el mundo. Ver como líderes de estas manifestaciones contra la represa a quienes en mi época universitaria eran dirigentes comunistas, transformados en dirigentes ecologistas, lleva a pensar que los que protestan están dispuestos o se han visto forzados a aceptar la explotación del hombre por el hombre que caracteriza al capitalismo, pero no están dispuestos a aceptar la explotación de los bosques por el hombre.

La oposición a Hidroaysén es, entonces, una manifestación de un malestar con el mundo que se expresa en la defensa del Río Baker porque ya no puede manifestarse en defensa de los derechos de los trabajadores. Pero no es sólo eso.

Esa oposición explotó precisamente cuando, a través del órgano competente, se declaró que el proyecto satisfacía las exigencias medioambientales que contiene la legislación relevante. Dicho en breve, esas exigencias son que el proyecto “cumple con la normativa de carácter ambiental” y “propone medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas”.

El gobierno, por su parte, ha defendido el proyecto con entusiasmo, reclamando que Chile necesita aumentar considerablemente su producción energética en los años que vienen, para mantener un ritmo de crecimiento adecuado. La CONAMA ha decidido que el impacto ambiental que el proyecto causa en el lugar cumple con las exigencias legales. Y la oposición sigue. ¿Qué ocurre?

El problema fundamental es que la razón por la cual Hidroaysén ha sido proyectada y, de continuar las cosas como van, será construida, es que Colbún y Endesa creen que de ese modo obtendrán buenas utilidades, aumentando el valor de sus acciones. Que ellos hayan presentado un proyecto como el que presentaron, emplazado en el lugar en el que lo emplazaron, da cuenta del hecho de que ellos creen que para ellos lo más conveniente es hacer ese proyecto en ese lugar.

Y yo no creo que pueda entenderse la indignación que ha causado la aprobación de este proyecto sin notar que lo que está en juego es permitirles inundar algunos valles de Aysén con el objeto de lucrar con ello.

El problema es que la razón por la cual esos valles serán inundados no es que a todos nos interese lo que se va a obtener de ese modo, sino que de ese modo los dueños de Hidroaysén se harán más ricos.

Pero, podría decirse, la anterior es una manera especialmente tendenciosa de plantearlo. Después de todo, se harán ricos vendiendo energía, y la energía (como el gobierno ha insistido una y otra vez) la necesita Chile. Pero la pregunta no es si Chile necesita o no energía. La pregunta es si va en el interés de todos producir esa energía precisamente en Aysén, precisamente usando las aguas del río Baker y del río Pascua.

Sabemos que va en el interés de Colbún y de Endesa, que ellos han decidido que es la manera para ellos más barata de generar 2.75 MW. Pero ¿quién se ha preguntado si esas represas, en ese lugar, son la manera en que desde el punto de vista del interés general conviene producir esa energía?

Institucionalmente, nadie :no hay, ni en la regulación sobre generación eléctrica ni en la regulación sobre impacto medioambiental, un procedimiento cuyo fin sea establecer si un proyecto como Hidroaysén va en el interés general.

Por consiguiente para que un proyecto se realice basta que dicho proyecto satisfaga los estándares mínimos de impacto ambiental y que alguien esté dispuesto a llevarlo a cabo. Lo primero no garantiza que el proyecto sea, desde el punto de vista del interés general, la mejor manera de hacer lo que se trata de hacer (en este caso, generar 2.75 MW): sólo garantiza que no produce lo que la legislación ha definido como un daño medioambiental inaceptable; lo segundo tampoco garantiza que vaya en el interés general; sólo que va en el interés particular del individuo que lo propone. Asegurar estas dos cosas es, desde luego importante. Pero no es lo más importante.

¿Quién vela por el interés general?

La cuestión, por ejemplo, es distinta tratándose de autopistas urbanas. En ese caso sí hay un órgano del Estado que decide que dadas las necesidades de la ciudad (etc) se requiere o es conveniente una determinada autopista, que tenga ciertas características y que esté ubicada en un lugar determinado. Sólo una vez que se ha decidido que desde el punto de vista de todos (o de la ciudad, etc) dicha autopista es necesaria o conveniente, el proyecto se licita.

El que participa de la licitación, desde luego, lo hace porque va en su interés adjudicarse el proyecto. Pero su intervención comienza cuando la cuestión de si hay un interés público en la construcción de esa autopista en ese lugar ya ha sido decidida por un órgano que, en su caso, tiene responsabilidad por la decisión que toma.

En el caso de la construcción de una represa como la de Hidroaysén, nadie asume esa responsabilidad, porque nadie toma esa decisión. Eso quiere decir: todo el territorio nacional se ofrece al mejor postor, con la única exigencia de que quien lo quiera utilizar satisfaga ciertas condiciones mínimas.

Las protestas contra Hidroaysén son una manera, oblicua y difusa, de reclamar en contra de esto. Son una afirmación de que antes de autorizar la construcción de una enorme represa alguien, responsable ante todos los ciudadanos, debe decidir que va en el interés de todos hacerlo.