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Si es tardía o no, si Bachelet demoró en sacar a su hijo… lo cierto es que el gobierno anunció una estrategia para enfrentar la crisis política que dejó los casos Penta, y últimamente Caval, donde el oficialismo salió dañado por un asunto que desde hace rato viene generando un ruido incómodo, como es la relación entre el mundo público y el privado.

Ayer, en el marco del comité político convocado en Palacio, la Jefa de Estado, instruyó a sus ministros a que elaboren un proyecto que regule de manera estricta la cuestionada relación entre la política y los negocios, o entre la política y la plata.

“Esta reunión es para mirar los proyectos legislativos, prioridades, cómo vamos a ir avanzando (…) Y también algunas otras decisiones que yo he tomado y que creo que son importantes para partir el año”, dijo Bachelet al iniciar el encuentro en la sede de gobierno.

La Tercera consigna que la labor encomendada, en medio de cuestionamientos como el que hizo ayer Marco Enríquez-Ominami, no nace de la nada, ni de cero,
porque ya fueron definidos los criterios básicos que contendrá el documento que sería entregado en unos 15 días.

En lo medular, y claramente recogiendo el guante por la situación en que se vio involucrado Sebastián Dávalos, uno de los puntos es reformular el sistema con que se realizan las declaraciones de intereses. Por ejemplo, se buscará ampliar la cantidad de funcionarios que estarán obligados a emitirlas, además de sumar más sanciones para quienes incumplan con esta entrega.

Otro aspecto que recogerá el proyecto es aumentar las causales de inhabilidad para asumir o postular a cargos en el sector público. Asimismo, se planteará endurecer las penas para quienes en el sector privado hagan uso de información privilegiada, este último uno de los supuestos vicios que la derecha le achaca a Dávalos por el negocio que armó su esposa, y por el cual el caso está instalado en la Fiscalía, que indaga eventuales delitos.

Algo que también se abordará es la norma que regula la permanencia de parlamentarios en sus escaños si es que incurren en ilícitos, como lo que podría dejar establecido el caso Penta y su arista SQM.

En ese sentido, el proyecto apuntaría a sancionar el mal uso de recursos en campañas, así como también durante su gestión parlamentaria. Para llevar a cabo la misión se planea crear una superintendencia que reemplace o se coordine con el Servel.

Finalmente, se acordó que se fortalecerá el proyecto de financiamiento y se realizarán modificaciones a la actual ley de lobby.

A la cita de ayer en Palacio concurrieron la titular de la Segpres, Ximena Rincón, el vocero Alvaro Elizalde, el ministro de Hacienda Alberto Arenas, la jefa de gabinete de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, además de Nicolás Eyzaguirre y el titular de Interior, Rodrigo Peñalillo, quien sorprendió con su asistencia, ya que se encontraba con vacaciones, las que interrumpió para llegar a Palacio.

Ayer, desde Estados Unidos, el líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami, criticó la reacción de Bachelet respecto del caso Dávalos, acusando que debió haber apurado la salida de su hijo y no haber permitido que se estirara tanto el chicle. Además sostuvo que “éticamente faltó un pronunciamiento. Nos farreamos la oportunidad de que la principal líder político del país, la con más credibilidad, hubiese tenido una potente reacción sobre lo ético”.

En un tono similar, este jueves en Radio ADN el abogado y analista vinculado a la DC, Jorge Navarrete, dijo que “el día lunes, cuando volvió de sus vacaciones, perdió la oportunidad de haber contextualizado lo que aquí ocurrió, las razones por las que incluso le pide la renuncia a su propio hijo”.

“Más allá del gesto personal, lo que tenemos es una explicación que no logra satisfacer los requerimientos no sólo de la oposición sino que incluso de sus propios aliados”, aseguró.