La nueva forma de fiscalizar

Con los nombramientos de Ministros y Subsecretarios creíamos haber visto lo peor en materia de conflictos de intereses, es decir, entre sus intereses privados y nuestros intereses públicos. Hemos visto a dueños de empresas, ahora fiscalizándose a sí mismos, como sucede con el Subsecretario de Deportes; a ex empleados tomando decisiones sobre sus ex empleadores, como sucede con el Ministro de Educación y una universidad privada, o al Ministro de Salud y una clínica privada, al Ministro de Relaciones Exteriores y empresas con presencia internacional, a los Ministros de Hacienda y Economía y algunos bancos, o a la Subsecretaria de Obras Públicas y empresas concesionarias.

Lamentablemente todo puede ser peor. Así lo hemos visto con el nombramiento de ciertos Jefes de Servicios y con la actuación práctica de otros. Veamos.

Por lo pronto, el Director del Servicio de Impuestos Internos tiene que fiscalizar a los clientes de la consultora tributaria que lo empleó; el Fiscal Nacional Económico a los clientes que defendió ante el Tribunal de la Libre Competencia. Este último prometió “una suerte de guía interna de conflicto de interés, que incluso se hará pública”, la que todavía no existe.

Pero puede ser aún peor. En los últimos días hemos presenciado la obscenidad máxima con el nombramiento del Superintendente de Salud. Este funcionario tiene a su cargo, entre otros, la regulación y fiscalización de las instituciones de salud, es decir, las Isapres. Para cumplir este rol de supervigilancia y control, el propio perfil del cargo establece expresamente como “condición de desempeño” la siguiente: “El alto directivo que se desempeñe en el cargo, está sujeto al siguiente motivo de abstención, de acuerdo a lo señalado por la Ley N°19.880, Artículo 12, N°5: “Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar”.”
Increíblemente, el Consejo de Alta Dirección Pública encabezó la terna propuesta al Ministro de Salud y Presidente de la República con un ex directivo de una Isapre. Es decir propuso a quien no podrá, durante la mitad de su período de nombramiento, participar en ninguna decisión que afecte a la Isapre que lo empleó, ni a las Isapres en general, ya que esto afectaría a su ex empleador. Es decir, a alguien que no puede hacer el 100% del trabajo por expreso mandato legal.

Y el Gobierno, de manera contumaz, persistiendo en el error que los ha acompañando durante todo este tiempo, lo nombró.

Pero esto no es todo, al momento de hacer su trabajo, las cosas no van mejor. Por ejemplo, pese a lo prometido en el programa de campaña sobre una mejor fiscalización en el mercado financiero, hemos visto que la primera acción pública de control por parte de la Superintendencia de Bancos, por el mal uso de la palabra “banco” en ciertas publicidades, tuvo sólo como resultado el envío una carta a las Corredoras de Bolsa involucradas, indicándoles que no habían cumplido el mandato expreso de la ley. Es decir, sólo un “tirón de orejas”.

Este hecho, es una compleja “señal” para el mercado: que no cumplir la ley es gratis; que mientras no los pillen tiene permiso para no cumplir y abusar; que cuando los descubran, les avisarán para que se ajusten en el futuro.

De “la nueva forma de fiscalizar”, lamentablemente, hasta ahora, solo podemos decir que es con conflictos de interés y sin tarjetas amarillas ni rojas.