Consejo de Transparencia obliga a los pacos a revelar cuánto gastan en lacrimógenas

El Consejo para la Transparencia (CPLT) obligó a Carabineros a revelar cuánto gastó entre abril y agosto de 2011 –pleno apogeo de las marchas estudiantiles- en bombas lacrimógenas, luego de acoger un amparo por acceso a información pública presentado por la Fundación Ciudadano Inteligente.

La decisión del organismo -que publica The Clinic Online- se basó en que los datos son de carácter genérico por lo que no afectan la seguridad nacional ni el secreto que intentó sostener la policía uniformada en los oficios de respuesta, basándose en el Código de Justicia Militar.

“Conocer los presupuestos destinados a la compra de determinado armamento pone en riesgo la mantención del orden público y la seguridad pública interior, función esencial encomendada a Carabineros de Chile, toda vez que por la vía de correlacionar inversión, gasto, precio de mercado, es posible determinar la cantidad de implementos usados en el cumplimiento de la función y con ello entregar información que posibilite contrarrestar la acción operativa institución”, arguyeron los hombres de verde.

Sin embargo, el consejo directivo, conformado por Alejandro Ferreiro, Jorge Jaraquemada, José Luis Santa María y Vivianne Blanlot, no le compró ni un metro a los pacos.

“… no se aprecia de qué forma la publicidad, comunicación o conocimiento de la suma total de dinero empleada por Carabineros de Chile en la adquisición de implementos de gases lacrimógenos, para el control del orden público, durante el periodo de tiempo comprendido entre abril y agosto, ambos meses inclusive, de 2011, pudiera afectar la seguridad de la Nación, particularmente el orden público o la seguridad pública, o el debido cumplimiento de sus funciones, o verificarse una expectativa razonable de que ello ocurra”.

Por esta razón, además, los consejeros hicieron una ironía jurídica al razonamiento de los policías. “Que, en conclusión, si bien Carabineros de Chile invoca causales de secreto o reserva y señala los hechos que, a su juicio, las configurarían, no ha aportado antecedentes específicos y concretos que permitan a este Consejo estimar, con suficiente fundamento, que se produciría la afectación alegada en caso de entregarse la información solicitada”.

¡Toy’ que te creo!

A los hombres de verde no les ha ido bien con el CPLT. El constante secretismo de la institución queda claro en otra solicitud presentada por la misma Fundación Ciudadano Inteligente. Esta vez para conocer en qué cantidad ha aumentado, desde 1990 hasta 2010, la dotación de Fuerzas Especiales, las mismas que salen a las protestas.

En esta oportunidad los pacos argumentaron lo mismo: seguridad nacional, afectación del orden público, Código de Justicia Militar y bla bla bla. Sin embargo, el CPLT les volvió a dar por la cabeza.

En el fallo -que puede leerse al final- uno de los argumentos que le llamaron la atención de los consejeros fue el siguiente:

“En consecuencia, atendidos los roles que desempeñan la Unidad de Fuerzas Especiales, develar su dotación significaría poner en riesgo a los civiles a quienes dicha unidad está llamada a resguardar, dificultando la labor de restablecimiento del orden público que tiene asignada y finalmente, arriesgaría la integridad de quienes la componen, toda vez que implicaría entregar valiosos datos que permitirían elaborar planes de respuesta tácticos entre quienes quieran repeler su actuación”.

Lo particular de la respuesta es que la fundación jamás pidió nombres, a qué unidades estaban destinados los efectivos, ni los planes tácticos o estratégicos para resguardar el orden público, sino que sólo guarismos.

En todo caso, los pacos, no contentos con aludir a la seguridad nacional y al resto de la vocinglería jurídica, intentaron una segunda estrategia para negar la información. Esta vez, señalando que no tenían registros de quién había ingresado y dónde fueron destinados, que los habían destruido y que por tanto no cachaban ni una hueá. En esa línea pensaron que era fácil engrupirse a los consejeros, pero una vez más les salió el tiro por la culata.

El CPLT les indicó primero que para cualquier destrucción de documentos, debían tener un acto administrativo –decreto o resolución- que diera cuenta de ello y les recordó los “criterios orientadores” en materia de transparencia.

“De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, el órgano administrativo deberá agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información solicitada, disponiendo la instrucción de sumarios administrativos y la aplicación de medidas disciplinarias…”.

A continuación el CPLT le insistió a los carabineros que no era verosímil la supuesta ausencia de los datos, que era “poco plausible… pues para satisfacer la solicitud bastaría conocer la cantidad de funcionarios que se han ido integrando a la institución y a la Unidad de Fuerzas Especiales… información que no puede sino obrar en sus registros”.

Lea el fallo sobre lacrimógenas

Lea el fallo sobre las Fuerzas Especiales