Caso ADN: carta abierta de los padres del menor fallecido Maximiliano Trey Pérez

En relación con el reciente fallo judicial, emitido por el tribunal oral en lo penal de San Bernardo, respecto de la responsabilidad de los ahora culpables por el caso Nutricomp ADN Defectuoso, producido por el Laboratorio B. Braun Medical S.A., parece urgente poner en conocimiento de la opinión pública chilena algunos temas de la mayor importancia.

En primer lugar, los jueces integrantes de dicho tribunal (Patricio Cerda, Max Iturra, Cecilia Flores) determinaron: (1) la culpabilidad de Ezzio Olivieri y Egon Hoffman, por el delito culposo de producción del suplemento defectuoso; (2) la culpabilidad de Ezzio Olivieri, Egon Hoffman y Roberto Oetiker, por el delito doloso de atentado contra la salud pública y; (3) la culpabilidad de Roberto Oetiker y Juan Cristobal Costa, por el delito de contrabando y falsificación.

En dicho fallo, que si bien sienta un precedente respecto al reconocimiento de estos flagrantes hechos como un atentado contra la salud pública, los jueces no entendieron acreditado más allá de toda duda razonable lo que se afirma, la relación entre el consumo de los productos defectuosos y las muertes y problemas de salud causados a las personas que los consumieron.

Lo anterior, no obstante la gran cantidad de pruebas presentadas por la fiscalía, el testimonio de médicos tratantes, los certificados de defunción que indicaban como causa de muerte hipokalemia (bajos niveles de potasio en la sangre) y muchas otras pruebas más, que claramente señalaban la relación entre el consumo de ADN defectuoso y la muerte y afectación de la salud de muchas personas.

Específicamente, el fallo de los cuatro jueces señala que no se pudo determinar la causalidad entre el consumo de los productos defectuosos y las situaciones antes explicadas. Esto es muy curioso toda vez que las personas afectadas y muertas no compartían antecedentes que las relacionaran entre sí, a saber: no eran parientes, eran de distintos grupos etáreos, estaban en distintos lugares de Chile y presentaban distintas patologías de base.

Sin embargo, lo único que compartían dichas personas fue el consumo de productos Nutricomp ADN carentes de potasio (hecho probado y reconocido en el fallo) y los nefastos efectos causados por la hipokalemia (intensos dolores abdominales, vómitos, fatiga muscular, arritmias cardiacas y muerte en algunos casos).

En ese escenario parece válido preguntarse ¿cuáles fueron los criterios utilizados por los jueces para ser incapaces de relacionar la causalidad entre el consumo de los productos defectuosos y la muerte y enfermedad de las personas?. Eso pues lo que resulta evidente para la comunidad médica, incluido el Ministro de Salud y la sociedad Chilena en su conjunto, no lo fue para los cuatro jueces.

Además de ser un atentado contra la salud pública lo antes expuesto es un atentado contra la inteligencia y formación de muchos connacionales expertos, incluyendo al Dr. Enríque París, Presidente del Colegio Médico de Chile, quienes testificaron voluntaria y gratuitamente respecto a la directa causalidad entre el consumo de dichos productos y los problemas antes expuestos, validando, por el contrario, la opinión de un par de “expertos” extranjeros, traídos a Chile y financiados por el propio Laboratorio B. Braun, hecho de conocimiento de los jueces.

¿Por qué resulta curioso todo lo anterior?. Pues porque del reconocimiento de la relación causal entre consumo de dichos productos y la muerte y enfermedad de las personas, podría haberse aumentado las penas de los criminales en comento, no quedando dentro de los cinco años máxime que enfrentan bajo el actual escenario. Eso, sin considerar las atenuantes presentadas por los abogados defensores, las que incluyeron la presencia del cura español Jaime Ortiz, que señaló cuan buenos cristianos son los ahora declarados culpables, la condición de bombero de algunos de ellos, su mermada situación financiera y otros variopintos subterfugios legales.

Si los jueces operan bajo la misma lógica del fallo, es probable que nos encontremos con dichos criminales sentados en un mall en las próximas semanas o meses y debamos pedirles disculpas por nuestros muertos y enfermos.

Como familia que hemos luchado junto a otras por justicia contra estos criminales de cuello y corbata, miembros de una organización multinacional, vemos con consternación como el fallo de cuatro jueces desconoce la abismante cantidad de pruebas, evidencias y peritajes presentadas ante ellos, en más de ocho meses de juicio oral, las que medica y científicamente son categóricas, fallando por el contrario a favor de los victimarios, vulnerando de paso los derechos de aquellos que murieron y enfermaron y también los de sus familias.

Como reflexión final parece pertinente preguntarse que pasa con las sociedades cuando no son capaces de proteger los derechos de las personas de bien, favoreciendo por el contrario a los criminales. La historia nos da claras señales al respecto. La opinión pública comparte la convicción que Chile está dando peligrosas señales en ese sentido y este caso resulta paradigmático.

Por todo lo antes expuesto nosotros nos preguntamos: ¿Y AHORA QUIEN PODRÁ DEFENDERNOS?

Mario Trey y Alejandra Pérez
Padres del menor fallecido Maximiliano Trey Pérez