Presidenta de la FECH anticipa demandas al próximo gobierno

Melissa Sepúlveda, elegida esta semana al frente de la poderosa Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Feuch), anunció que el movimiento de protesta en las calles iniciado en 2011 se reactivará con las demandas al Gobierno que se constituya tras las elecciones generales de mañana.

“Lo importante es retomar el movimiento estudiantil, reactivarlo, que empecemos a pensar cómo ejercer la presión suficiente para lograr la transformación”, declaró en entrevista con Efe Sepúlveda, quien se declara anarquista y feminista.

A casi tres años del inicio de las protestas estudiantiles que agitaron el panorama político y social de Chile bajo la demanda de educación pública, gratuita y de calidad, una estudiante de cuarto año de Medicina se ha convertido en la tercera mujer que dirige la principal agrupación de estudiantes de Chile.

Anteriormente ocuparon este puesto Marisol Pardo (1997-1998) y Camila Vallejo, la emblemática dirigente estudiantil que en marzo de 2011 lideró el movimiento que ha puesto contra las cuerdas el modelo educativo privatizado que en 1981 introdujo el régimen de Augusto Pinochet.

 

Sobre los planes para el próximo curso, que en Chile comienza en marzo, justo cuando tomará posesión el nuevo Ejecutivo, la dirigente estudiantil señaló que “históricamente los primeros años de Gobierno siempre han sido años de movilizaciones”, y por eso “lo importante es reactivar el movimiento estudiantil”.

Melissa Sepúlveda, que obtuvo el 31,6 % de los votos y es la primera anarquista en llegar a la presidencia desde hace 89 años, superó a Sebastián Aylwin, sobrino nieto del expresidente Patricio Aylwin, quien encabezaba la lista “Crear Izquierda Amplia”.

La estudiante de Medicina logró la victoria apoyada por la agrupación “Luchar”, una organización que reúne “colectivos, organizaciones e independientes de izquierda”.

El denominador común es su “intención revolucionaria, que apunta al desarrollo de un proyecto de universidad y de educación al servicio del pueblo”.

Sepúlveda critica la conducción que ha tenido la Feuch en los últimos años, “porque aunque los voceros han conseguido situarse mediáticamente muy bien y mantener abierto el conflicto”, considera que “han faltado avances para incidir en los cambios que se están haciendo en educación”.

Y aunque “se ha logrado detener en cierta medida la agenda privatizadora del presidente Sebastián Piñera, no hemos logrado conquistar la educación pública, gratuita y de calidad”, señala la nueva dirigente estudiantil.

El sistema educativo chileno ha experimentado notables transformaciones desde que hace casi tres años los estudiantes, hastiados del modelo que en 1981 introdujo la privatización de la enseñanza, se echaran a la calle para exigir educación pública, gratuita y de calidad.

El Gobierno de Piñera sostiene que la educación está en el centro de sus prioridades para promover la igualdad de oportunidades y el progreso del país.

De hecho, el presupuesto en educación ha pasado de 9.348 millones de dólares en 2009 a 13.305 millones en 2013, un incremento del 42 por ciento (3.957 millones) que se ha visto acompañado de una serie de leyes que han reformado algunos de los aspectos esenciales del sistema.

Sin embargo, el Ministerio de Educación -con cuatro titulares en menos de tres años debido a los conflictos que ha sufrido el sector- no ha conseguido encauzar el diálogo con las organizaciones de estudiantes de enseñanza secundaria y superior.

El peso de la educación en el porvenir de Chile se ha dejado sentir en la campaña electoral para las elecciones presidenciales y parlamentarias de mañana, en las que la reforma de la educación ha sido uno de los compromisos más importantes de los aspirantes a La Moneda, la sede de Gobierno.

Para Sepúlveda, “lo que el movimiento estudiantil ha expresado es que la educación debe ser considerada un derecho social y por lo tanto debe estar garantizada para todos”.

Y en su opinión, la propuesta de Michelle Bachelet -que aboga por la gratuidad total de la enseñanza en un plazo de seis años y una reforma tributaria para financiarla- “no elimina la lógica de una educación entendida como un bien de consumo”. EFE