La polémica por la contratación por parte del Gobierno de candidatos que fueron derrotados y que aparecen contratados por más de un año en dependencias públicas suma un nuevo nombre: Rubén Malvoa Hernández, esposo de la diputada de Amplitud -e integrante de la Comisión de Salud-, Karla Rubilar.

Malvoa Hernández fue alcalde de la comuna de Conchalí durante el período 2008-2012. Repostuló en las municipales de ese año, pero perdió ante Carlos Sottolichio Urquiza y en enero de 2013 fue contratado a honorarios por la subsecretaría de Salud Pública por $3.888.889. Pues bien, este año el abogado de la Universidad La República renovó el mismo contrato -según la información recopilada por The Clinic Online– por un monto de $4.083.333.

Los datos que aparecen publicados en el portal de Transparencia indican que la misión de Malvoa es “apoyar jurídica y legislativamente al gabinete ministerial, preocuparse de la revisión de contratos de licitación y tramitación en la Contraloría General de la República” por un periodo que se extiende entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de este año.
The Clinic Online intentó contactar a Malvoa, sin éxito, pero sus cercanos precisaron que “tiene un postgrado, ha recorrido Chile destrabando problemas de contratos y fue vicepresidente de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades”. Además precisan que podría renunciar el 11 de marzo.

ESCÁNDALO

El escándalo por el fichaje en el Estado de figuras de la derecha que fueron derrotadas y otros amarres como la nominación de notarios, surgió luego de que Cambio 21 publicara la situación del ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, quien aparecía como contratado por un año, pero que en realidad sólo fue convocado por dos meses para resolver la crisis del hospital de Maipú, cuya inauguración estuvo a un paso de no concretarse. Esta hebra reveló la existencia de una veintena de casos similares y provocó que el presidente (s) de la DC, Fuad Chahín, anunciara que concurrirá a la Contraloría.

“Hemos hecho una presentación a la Contraloría por los concursos “truchos” de amarre, y ahora iremos por estos asesores. No es un tema administrativo, sino que moral y ético”, dijo Chahín.

Desde el gobierno, en tanto, el subsecretario de Gobierno, Mauricio Lob, aseveró ayer que “es perfectamente normal que personas que cumplieron como funcionarios públicos y que dejaron sus labores para competir en una carrera electoral, una vez que dejen esa contienda, se reintegren a esas funciones o a otras que sean requeridas en la medida que cumplan con esa labor”.