foto: alejandro olivares

¿Qué te parece la idea del gobierno de crear una cárcel especial para mapuches?
-Me parece que no es una idea apropiada porque daría cuenta que la situación en la región o con el pueblo mapuche se resolvería con más cárceles. En definitiva sería la tesis de la mano represiva, de la opresión que mantiene el Estado chileno con el pueblo mapuche. Sería un acto verdaderamente contrario a la búsqueda de soluciones que requiere la situación mapuche. Daría cuenta que los mapuche tienen más discriminación positiva en el sistema carcelario que en la calle, que en el país y que en libertad. Una iniciativa como esa me parece verdaderamente absurda. Cuando escuché esta noticia de parte del ministro de Justicia, me puse a investigar si hay una experiencia en el mundo de pueblo indígena con sistema carcelario. No existe ningún sistema con estas características. Lo que hay de parte del sistema internacional de protección a los Derechos Humanos son varias directrices que establece la ONU y están orientadas a mejorar la infraestructura del sistema carcelario, que sea acorde con la dignidad humana y que el sistema interno sea más flexible en cuanto a los tipos de visita, de relación social, de actividades laborales, en materia de reinserción. Pero una idea parecida a la que han lanzado públicamente aquí, sería única y sería un mensaje inexplicable ante la comunidad internacional.

El convenio 169 dice que hay que buscar otros tipos de encarcelamiento, pero eso no implica una cárcel especial ni exclusiva.
-El artículo del convenio donde recomiendan que no sea la cárcel como primera medida en materia penal está referido a medidas sustitutivas. Por ejemplo, que personas de origen mapuche cumplieran ciertas condenas en la propia comunidad, realizando algún tipo de actividad útil para la comunidad mapuche o para la sociedad en general, que tenga por objeto la reinserción social. Además, los artículos 10 y 11 del convenio dicen que la sociedad indígena tiene la oportunidad de formular algún tipo de propuestas y esto no es materia unilateral del gobierno, se debe hacer con la debida consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas.

¿Qué piensas de la visita que realizó el ministro Gómez a los presos en huelga de hambre que piden el indulto de Llanca Tori, enfermo terminal? Pidió informes médicos nuevos y no habló de indultarlo.
-Creo que el ministro se está olvidando de sus propias palabras y compromiso, de sus declaraciones que dio cuando estuvo en campaña en Temuco. Él siempre dijo que éste era un problema político que había que resolverlo políticamente, y creo que él hoy día tiene la oportunidad de hacerlo. Demasiado examen médico podría entrampar los asuntos. Evidentemente son necesarios, pero a estas alturas de los hechos debiera esperarse un anuncio más claro de parte del ministro de Justicia. Sería hasta bien visto ante la comunidad internacional, el país y los propios mapuche.

¿Crees que en el gobierno de Bachelet tenga que haber algún gesto que apunte hacia los indultos de los presos políticos mapuche?
-El ministro de Justicia ha invocado el Estado de Derecho chileno. A ese respecto yo le recuerdo que en julio del 2013 tuvimos la visita del relator especial de la ONU Ben Emerson y él recomendó que, a raíz de la aplicación de la ley antiterrorista, todos los casos son susceptibles de revisión como un acto político de verdadero compromiso en materia de Derechos Humanos. Eso lo ratificó en marzo de este año ante el consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero Chile no quiso informar de esto porque estábamos previos a que asumiera Bachelet. El gesto es apropiado como un punto de toma de conciencia entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. En ese sentido todos estaríamos invitados a tener una conducta recíproca más constructiva de entendimiento entre el Estado chileno y los mapuche.

El gobierno ha dicho que no va a aplicar la ley antiterrorista pero sí la ley de seguridad de interior del Estado.
-Pienso que es peor que la ley antiterrorista porque las dos están dentro de la lógica de la dictadura militar, de la aplicación de la norma jurídica a un enemigo interno. Y en este caso aplicar cualquiera de las dos prácticamente califica al mapuche como enemigo interno, así que no resuelve en absoluto. Para eso existe un sistema jurídico penal que se puede aplicar como a todos. Recurrir a normas excepcionales da cuenta que hay un conflicto que el Estado chileno no tiene voluntad de resolver.

En estos momentos hay varios presos políticos en huelga de hambre. ¿Crees que la situación va a empeorar en la medida que no haya respuesta?
-La situación mapuche siempre ha sido tensa. En determinados momentos tiene más manifestación pública y estamos frente a ese escenario. Si el gobierno central ignora su situación, los mapuche tienen derecho a seguir manifestando su descontento y a la vez construyendo su futuro. En ese sentido aquí hay personas comprometidas fuertemente con el derecho de autodeterminación, que significa la creación de un gobierno.

¿Qué te parece el anuncio de la creación de un ministerio de Asuntos Indígenas?
-Se burocratizan cosas que son de orden político. Se anuncia la creación de un ministerio indígena cuando en definitiva eso es más Estado, y el Estado es el conflicto. Traer más Estado es aumentar la tensión. Estamos en dos rutas distintas. Posiblemente veinte años atrás podría haber sido útil el ministerio, pero en la actualidad, cuando los pueblos indígenas, los mapuche en particular, somos titulares del derecho de autogobernarnos, un ministerio indígena es indigenismo tardío. Podría ser una buena manera de tensionar más, porque es más Estado y los mapuche queremos menos Estado. Si la burocracia de Conadi hoy día es un pequeño feudo, cómo irá a ser el ministerio de Asuntos Indígenas.