El lobby feroz de los empresarios por un acuerdo en la Reforma Tributaria que dejó a la UDI sin piso para oponerse

La tarde del lunes, Hernán Büchi, fundador de Libertad y Desarrollo y quien hoy forma parte del consejo de la entidad, notificó a la directiva de UDI que él, en lo personal, estaba conforme con el protocolo de acuerdo de la Reforma Tributaria y que el empresariado también estaba por firmar.

La información hechó por tierra cualquier posibilidad de la dirigencia de abortar el pacto en el que había avanzado el senador Juan Antonio Coloma a nombre del partido y al que se sumó el ex ministro Pablo Longueira, sin el mandato de negociar, rol que de todos modos cumplió.

Así cuando el martes retornó al país el presidente de la UDI, Ernesto Silva, e intentó poner trabas al acuerdo, se encontró no sólo con que “no tenía a quien defender”, como consignan en la colectividad, sino además con que Coloma – tal como el resto de los senadores de la UDI, con excepción de Iván Moreira- estaba decidido a seguir adelante, más allá de lo que dijera Silva.

“Fue una especie de jaque mate, porque si la directiva se negaba y de todos modos los senadores votaban a favor, Silva habría tenido que renunciar”, resume una alta fuente del partido el momento de tensión que se vivió a principios de la semana pasada.

En este escenario, y pese a que personeros como el senador Jovino Novoa hicieron ver que se estaba ante un “error estratégico” respecto de cómo debía plantearse la UDI su papel opositor, el gremialismo terminó sumándose a una fotografía cuya composición se estaba fraguando desde hace al menos un mes.

De hecho, en una entrevista en Radio Duna, el ex ministro Juan Andrés Fontaine, aseveró que todo comenzó el 9 de junio cuando, a instancias de Andrés Allamand, se reunieron los senadores de Renovación Nacional con el ministro de Hacienda, Alberto Arenas y acordaron abrir un “canal técnico” para ajustar la reforma.

De ahí en adelante, aseveró Fontaine “deben haber sido unas 5 o 6 reuniones” en las que participaron Alejandro Micco, Alberto Cuevas -redactor del proyecto de Reforma Tributaria- Bernardo Fontaine, Sebastián Guerrero y Nicolás Ulloa. Sólo al final de proceso se sumó Coloma, previa intervención de Longueira a quien se le pidió sólo tender puentes, pero que el lunes en la noche figuraba encabezando tratativas.

“Esto para la UDI fue sólo pérdida: dos ‘coroneles’ fueron los que decidieron qué hacer en vez de la directiva, lo que necesariamente debilita a la mesa, y además se optó por un mal proyecto. A la UDI le convenía estar sola en la defensa de las cosas que cree, sola pero con convicciones claras”, resume un influyente militante.

Un diputado contrario al protocolo precisa que no había margen de acción porque “en el minuto en que los gremios empresariales mandan el recado de que esto es lo máximo que se va a conseguir y que para ellos es mejor aceptar la oferta del Gobierno, no queda mucho margen para seguir diciendo no, hay que aceptar”.

EL CAMINO DE LOS EMPRESARIOS
En los primeros meses de discusión de la reforma tributaria, cuando el protocolo que se firmó el martes no estaba como una posibilidad, los gremios empresariales realizaron un feroz lobby en el Congreso y en los medios.

En la prensa el peso se dejó sentir desde los apocalípticos titulares de El Mercurio anunciando la rebaja de pensiones hasta la serie de entrevistas y declaraciones que dieron figuras que rara vez se refieren a la coyuntura como el presidente de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), Eliodoro Matte quien adujo que “de aprobarse la reforma tributaria de acuerdo a su versión original, una vez completado este ciclo de inversiones el año 2015, no nos será posible seguir con este ritmo de progreso por las dificultades para aumentar el endeudamiento” o Luksic que expresó la “preocupación” por el “fuerte incremento a los tributos de las bebidas alcohólicas y azucaradas”.

En tanto, por la Comisión de la Cámara desfiló el pleno de la Confederación de la Producción y del Comercio, representada por Andrés Santa Cruz; Vinos Chile, representada por René Araneda; dirigentes de la Cámara Chilena de la Construcción; de los pisqueros y un largo etcéctera. Además expuso el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín; el doctor en Economía Eduardo Engel e incluso el Vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini, aseveró en ese entonces que en este proyecto no habían estado presentes en los pasillos del parlamentos “los profesionales de siempre”, sino una nueva casta.

“En temas sectoriales, uno ha visto en el pasado a los lobistas en el Congreso y se ha tomado algún café con ellos. Acá no, porque hemos visto un lobby distinto, de alto nivel. Se trata de expertos que trabajan en universidades e institutos y que han hecho un lobby más bien intelectual. Ahí hay ex ministros, columnistas, académicos. Algunos de ellos, tengo entendido, han asesorado a los empresarios con estudios que están en un lenguaje bastante preciso y sólo para entendidos”, explicó. Uno de estos expertos, Juan Andrés Fontaine, terminó jugando un rol clave en el pacto para sacar adelante la reforma.

En los meses de marzo y abril, uno de los que más apareció en Valparaíso fue el gerente de asuntos públicos de Coca-Cola, Pelayo Bezanilla, en su calidad de director de Anber. Y cada vez que abordó a algún parlamentario de la Alianza para exponerle sus reparos a la Reforma, la respuesta fue la misma: “Estamos de acuerdo, pero no tenemos los votos para cambiar nada. Te conviene hablar con la Concertación”.

Según fuentes de la derecha y de la Nueva Mayoría, el arribo de Bezanilla siempre estuvo precedido por un llamado de Gonzalo Cordero, quien es, junto con Cristina Bitar, uno de los socios de Azerta. “Pero la gestión en terreno no era del lobista, sino del gremio. De Anber, de la CPC”, destaca un integrante de la Comisión de Hacienda.

Como sea, en la derecha admiten que en cuanto a conversaciones, se envió a los intermediarios a revisar la situación en el oficialismo, tal como en el tradicional “compra huevos”. Y los empresarios entendieron rápido que la posibilidad de intervenir en el proyecto estaba en el Senado y en el Gobierno.

En el Senado, la CPC y Coca-Cola estuvieron especialmente activas. The Clinic Online solicitó vía Transparencia a los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta -Juan Antonio Coloma, José García Ruminot, Ricardo Lagos Weber, Carlos Montes Cisternas, Andrés Zaldívar Larraín- que explicitaran quiénes habían solicitado alguna reunión privada con ellos desde marzo hasta el 1 de julio.

Gran parte de quienes pidieron una audiencia son las mismas figuras que asistieron a exponer a la Comisión: representantes de grupos empresariales como Andrés Santa Cruz de la CPC, Hermann Vonmuhlenbrock de la SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril) o José Ramón Valente de Econsult-

Montes, por ejemplo, explicó que “en tanto el Senado aún trabaja en la implementación de la denominada Ley del Lobby y los formularios asociados, el siguiente catastro constituye un esfuerzo de recopilación de la mayor cantidad de encuentros realizados, con las dificultades propias de la inexistencia de registros formales” y efectivamente es así: la nómina es un acto de buena fe no verificable y entregada de forma voluntaria.

El parlamentario que más detalle entregó de sus citas fue Coloma quien contabilizó más de 80 encuentros, entre ellos uno con Miguel Flores, ex subsecretario de la UDI que fue fichado por Azerta, empresa que asesora a Coca-Cola. Coloma además recibió a un ejecutivo de Imaginaccion, empresa que por contrato de confidencialidad, no revela los nombres de sus clientes. Sin embargo, CiperChile realizó una lista “no oficial” de éstos y la lista es larga: Puerto Antofagasta, Lota Protein, Córpora Tres Montes, Crystal Lagoons, Colbún, Cruz Verde, Universidad Santo Tomás, Claro y la Asociación Chilena de Seguridad, entre otros.

El más escueto en su lista, fue García Ruminot, quien contabilizó 14 diálogos en el Congreso, pero más de 50 en regiones. Zaldívar, en tanto, sólo entregó la lista de audiencias de la Región del Maule.

Como sea, la presión empresarial tuvo efecto no sólo en el Gobierno, sino también en la UDI que tras constatar que los grupos productivos estaban por pactar con el Gobierno, debieron sumarse.