El Consejo de Ministros cambia el reglamento ambiental y aumenta las exigencias a las inmobiliarias

La instancia desechó una modificación realizada durante el gobierno de Piñera, que en ciertos casos permitía a las empresas saltarse el proceso de evaluación ambiental. “Bajo el reglamento que aprobó el gobierno anterior, un proyecto gigantesco como el Costanera Center no habría estado obligado a presentar un Estudio de Impacto Ambiental, lo que es una barbaridad”, explicó el director del Laboratorio Ciudad y Territorio de la UDP.

edifico A1

En una reunión reservada, el Consejo de Ministros eliminó una modificación al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aprobada durante el Gobierno de Sebastián Piñera, la que permitía a las inmobiliarias no presentar estudios para proyectos en zonas de gran contaminación.

“Se exceptuarán dichos proyectos de su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en aquellas zonas declaradas latentes o saturadas, que cuenten con un Plan de Prevención o Descontaminación vigente, dictado de acuerdo al artículo 44 de la Ley y se permita el desarrollo de proyectos inmobiliarios en un Instrumento de Planificación Territorial aprobado ambientalmente conforme a la Ley”, señalaba según Pulso el derogado artículo.

Con la modificación, que sería ingresaría a Contraloría esta semana, todos los proyectos de más de 300 viviendas, 7 hectáreas de extensión o torres de más de 5.000 personas de capacidad o mil estacionamientos, deberán ser evaluados medioambientalmente, sin importar el tipo de zona en el que se encuentren emplazados.

Para el director del Laboratorio Ciudad y Territorio de la UDP, Genaro Cuadros, la medida es positiva. “Bajo el reglamento que aprobó el gobierno anterior, un proyecto gigantesco como el Costanera Center no habría estado obligado a presentar un Estudio de Impacto Ambiental, lo que es una barbaridad”, explicó.

En la misma linea opinó Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos La Ciudad. Según el activista, la modificación busca “restituir el estado de derecho y darle mayor seriedad a la institucionalidad ambiental. Con esta acción, se exige mayor grado de profesionalismo a las consultoras ambientales”. UDP.

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