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El diputado del PS, Leonardo Soto, presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, salió a hacer frente a la polémica que se levantó luego de que dicha instancia aprobara un indicación sobre el proyecto de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia que permitiría los aportes de empresas a los partidos políticos, con un tope anual de 500 Unidades de Fomento.

“La moción en cuestión tenía el objetivo acotado de abrir el debate sobre una realidad práctica en cuanto a una actual forma de financiamiento de algunos partidos políticos, en particular sobre los recursos que reciben a partir del patrimonio que gestionan fondos de ahorros de inversión o administradoras inmobiliarias”, precisó el legislador a través de una declaración pública.

Soto Ferrada explicó que “ante la posibilidad de que con el proyecto original ese flujo pudiese verse bloqueado se buscó establecer un límite razonable, -poco más de un millón de pesos mensuales (500 UF anuales)-, en el entendido de que sea utilizado para los gastos básicos y corrientes de cada partido”.

Soto insiste en que “todo lo anterior está en el contexto de un proyecto de ley que recién se encuentra en su primer trámite constitucional, y que por tanto puede perfeccionarse durante el desarrollo de su discusión. Si se entiende que la redacción de la indicación puede abrir un espacio para que las empresas en general sigan aportando a los partidos, entonces manifestamos nuestro absoluto compromiso de introducir las modificaciones que sean necesarias para establecer claramente su prohibición”.

“Por último reafirmamos nuestra voluntad de seguir trabajando para terminar la relación incestuosa entre el dinero y la política, erradicando completamente un modelo de financiamiento que creemos es perjudicial para la democracia”, cerró el parlamentario.