Gobierno admite que no se sorprendió con los archivos que dicen que Pinochet frenó la investigación del caso Quemados

El gobierno, a través del ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz se refiró esta mañana a la revelación de archivos de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU, que que dan cuenta de la participación del tirano para tapar el brutal ataque que sufrieron Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri el 2 de julio de 1986.

El diario español de El País cita una investigación de la Universidad de Georgetown que sostiene que el mismo Pinochet fue quien mandó frenar la investigación, y de hecho buscó levantar la imagen de que las dos víctimas no eran tales, sino que se trataba de terroristas.

Pues bien, pese a que el canciller reconoció en entrevista con radio ADN que “no he leído esos textos todavía, debo anticipar que no me sorprende, porque los que conocimos el denominado caso Quemados sabemos que hubo encubrimiento por parte de la Fiscalía Militar de la época, basta leer los diarios y publicaciones de esos tiempos”.

En esa línea el secretario de Estado manifestó que “queda muy claro que hubo testigos, vecinos, que vieron todo esto, que contaron la verdad y sin embargo el juez que se hizo cargo del asunto no investigó y acogió 100% la versión trunca, de encubrimiento que le presentó en ese momento la Fiscalía Militar”.

Así, se dio el tiempo de aplaudir la gestión del Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad de Goergetown, destacando que “es gente seria que hace una muy buena investigación, y me alegra que estén haciendo una contribución. Esperamos la verdad, que ahora está en manos de la justicia”.

En concreto, la información que revela el National Security Archive del gobierno de Estados Unidos, refiere que la trama del ocultamiento partió en la misma Posta Central, donde llegaron Quintana y Rojas de Negri tras ser quemados vivos.

La publicación recoge que días después del ataque, la embajada gringa en Chile envió a su gobierno un cable que reza que Rojas de Negri, quien ya había fallecido fue “quemado de forma deliberada por soldados”.

“Médicos en la Posta Central afirman que el director de la Posta obstruyó el traslado de Rojas a una clínica mejor equipada para tratarlo”, asegura el documento.

Asimismo, agrega que fue el propio director por entonces del centro asistencial quien “escribió una nota en el historial médico (de Rojas) ordenando que no recibiera visitas debido a los problemas legales de su caso y de Quintana, y que tampoco debía ser trasladado”.

Este hecho habría sido determinante, pues “impidió que se tomara cualquier declaración legal”.

Casi una semana más tarde, exactamente el 14 de julio de 1986, otro cable sostiene que “el Gobierno chileno, siguiendo directivas de Pinochet, está tratando de tachar públicamente como terroristas a Rojas y a Quintana, que habrían sido víctimas de sus propios cócteles molotov”. “No es probable que Pinochet vaya a permitir que se juzgue a soldados, ni siquiera si un investigador oficial los señalara como los culpables. Si se desbarata la defensa del cóctel molotov, deberíamos esperar otras explicaciones, como que responsabilicen a comandos comunistas”.

Otro documento es enviado el 22 de julio donde se advierte que un informe de Carabineros “indica claramente que los miembros de una unidad militar chilena de patrulla estuvieron involucrados en la quema de los dos jóvenes”.“El presidente Pinochet le dijo al general Stange que no creía el informe y se negó a recibir el documento del general Stange”, por entonces director de Carabineros.

El 27 de agosto, casi un mes después, la inteligencia de EE.UU. asegura que la Dictadura “ha cambiado varias veces su versión sobre su implicación en la quema y posterior muerte de Rodrigo Rojas y aparentemente ha emprendido una campaña de intimidación para presionar a los testigos (…) Algunos miembros del Gobierno probablemente seguirán intimidando a los testigos para convencerles para que cambien su testimonio, con el objetivo de liberar al régimen de responsabilidad alguna del crimen”.

“El ministro de Justicia, Hugo Rosende Subiabre, está ejerciendo presión sobre el fiscal del Estado y los jueces para atascar y finalmente desestimar el caso por falta de pruebas”, dice el último cable, fechado en diciembre de 1986.

En Chile, en tanto la sobreviviente del caso, Carmen Gloria Quintana, presentó esta semana un querella contra todos los exmilitares y civiles que hayan participado como autores, encubridores y cómplices.

La Presidenta Michelle Bachelet, por su parte, se comprometió a no medir esfuerzos para llegar a la verdad.