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Una disputa legal en los tribunales del Trabajo entre el exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central, Andrés Naudón, y la misma universidad, terminó con la institución reconociendo irregularidades en los exámenes de convalidación denunciados a principios de año por dos académicos de esa carrera.

Naudón, quien al momento de hacerse pública la polémica por los exámenes convalidados en Derecho defendió el uso de actas de exámenes y lo atribuyó a la falta de papelería en las oficinas de administración de la carrera, interpuso dos demandas de tutela laboral por “violación de derechos fundamentales” en contra de su exempleador: una cinco días antes de ser despedido y la segunda una semana posterior a su despido.

A ellas, la universidad respondió por vía escrita rechazando las imputaciones sobre vulneración de derechos del académico, pero reconociendo que se utilizó un “formato inadecuado para corregir una convalidación”, el que se dejó de ocupar tras las conclusiones de una segunda investigación interna emanada el 11 de mayo pasado.

La pelea interna de la U. Central

Aunque la institución se desligó de responsabilidad, señalando en el texto que la denuncia de “exámenes fantasmas” realizada por los exacadémicos Carolina Venegas y Christián Merino, corresponden a “actuaciones individuales de dichos abogados y ex profesores, pues la universidad no comparte el camino adoptado por dichas personas, habiéndose deducido una denuncia penal y abierto una investigación interna”, sí reconoció por primera vez desde enero de este año el mal uso de las actas.

Pero además develó los conflictos internos que provocó el uso de dichas actas y los problemas que la universidad ha debido enfrentar tras hacerse públicos los hechos, enfrentando un expediente de revisión por parte de la Corte Suprema y una investigación de la División de Educación Superior del Mineduc.

Las demandas de Naudón señalan que sus decisiones se ajustaron al Reglamento, que la primera investigación a cargo del fiscal de la universidad no arrojó resultados y que sólo después de la divulgación del testimonio de un alumno afectado se le suspendió de sus cargos mientras duraba una segunda investigación.

Dicho testimonio empujó a la universidad a realizar una segunda investigación interna, donde finalmente se aconsejó suspender del cargo a Naudón, con goce de sueldo. En esa oportunidad, además, se despidió a la Directora de Memorias y Licenciaturas, Gianella Sonatore, quién fue, según el testimonio del exalumno L.F.E., la que le ofreció adulterar toda su ficha académica para poder jurar como abogado ante la máxima Corte.

Pero además, Naudón señaló que durante su suspensión le instruyeron no asistir a un claustro de profesores, que se desmanteló a su equipo en su ausencia -lo que impidió que a su regreso pudiera efectuar bien su trabajo-, que la universidad dañó su imagen a través de distintos comunicados públicos y que dicha situación lo mantiene hoy con diagnóstico psiquiátrico debiendo tomar antidepresivos, estabilizadores de ánimo y estabilizadores para dormir.

Por todo lo anterior, el exdecano exige el pago por daño moral de 100 millones de pesos.

Por su parte, la universidad -que desvinculó el pasado 14 de julio al rector que suspendió y luego despidió a Naudón, Rafael Rosell- señala que los problemas originados por la convalidaciones han sido de enorme gravedad para la marcha y prestigio de la universidad y que, a pesar de que el exdecano se atribuye el éxito de la actual acreditación de la carrera, esto no es efectivo. Peor aún, señalan que su actuar podría amenazar la próxima acreditación de la carrera.

“Nuestra representada lamenta que el actor minimice hechos que han causado perjuicios a la facultad de la cual fue Decano y los tergiverse de tal manera que los presenta al Tribunal como una especie de persecución personal”, dice la defensa de la U. Central.

De hecho, la universidad sostiene que Naudón no informó a tiempo los problemas originados con los exámenes de convalidación de Derecho y que “este proceder estaba en pleno conocimiento del señor Naudón en su calidad de Decano, quien no objetó dicha forma de proceder”.

Asimismo, el plantel negó que la exvicerrectora académica, Silvana Cominetti, quien fue despedida un día después del exrector Rosell, supiera que se utilizaban las actas de examinación.

Los otras investigaciones

Durante el juicio, además, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) respondió un oficio solicitado por el 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en relación a una denuncia sobre el proceso de acreditación en el plantel universitario.

Sobre esto, la CNA señala que el 3 de junio pasado se instruyó a la Agencia Acreditadora ADC -responsable de la acreditación institucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central- una respuesta sobre este tema.

En el documento se señala que la CNA dio por cerrada la denuncia tras la respuesta de la agencia. En ella ADC señala que si bien efectivamente no se detectaron irregularidades en las actas de convalidación y “no podían presumir que estas hubiesen sido realizadas mediante la vulneración del procedimiento establecido por la Universidad, el cual existe y es claro”.

Además, la agencia señala que “la acreditación de carrera no contempla en forma explícita elementos que lleven a ejercer una Auditoría de Control Interno, esta última tiene procedimientos diferentes y por lo tanto la acreditación cumple con las tareas que las normas le indican”.

Por su parte, la División de Educación Superior del Mineduc también respondió señalando que actualmente se mantiene en curso una investigación sobre este tema en el plantel, con las respectivas tomas de declaraciones y agregación de documentos.

Todo esto se suma a la denuncia que las propias autoridades de la Universidad Central presentaron ante la Fiscalía Centro Norte el 8 de mayo pasado, contra quienes resulten responsables de los “supuestos hechos” que afectan al plantel.

Finalmente, el propio Naudón y la universidad se verán las caras el próximo 19 de agosto a las 11 horas, en el 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.