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La Sexta Fiscalía Militar ordenó ayer la detención del ex coronel Guillermo Olivier, en el marco de la investigación por fraude al fisco con fondos presupuestarios, que se inició a fines de 2015, luego de que la propia institución denunciara el hecho a la justicia castrense.

De acuerdo a la información recabada por este diario, Olivier quedó en prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén. Fuentes allegadas al caso indicaron que la fiscal Paola Jofré se tomará los cinco días que tiene por ley antes de someterlo a proceso por el ilícito ya mencionado.

Los antecedentes conocidos hasta ahora revelan que Olivier desvió poco más de $ 30 millones desde la Tesorería del Ejército para fines personales, tal como reconoció la institución el 22 de diciembre pasado, por lo cual fue cursada su baja y denunciado a la autoridad competente.

Olivier le habría ordenado a un subalterno girar los fondos, quien lo hizo, pero obligado. Sin embargo, dijeron fuentes del caso, el mismo personero revocó el trámite administrativo, quedando al descubierto el hecho.

En la fiscalía militar se indicó que los antecedentes fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que analice su pertinencia y resuelva hacerse parte de la indagatoria, atenido a que los hay recursos fiscales que se vieron afectados por la conducta dolosa de Oliver.

Milicogate

La corrupción de Olivier se suma a otro proceso, pero que sustancia el ministro en visita civil de la Corte Marcial, Omar Astudillo conocido como el “Milicogate”. En él se indaga también el fraude al fisco de al menos US$ 10 millones, donde el principal procesado es el coronel en retiro Clovis Montero.

En este caso también están encausados suboficiales Claudio González Palominos, Miguel Escobar, y  la cabo primero Millaray Simunovic Bustamente. Esta última reconoció en diciembre pasado que participó en la defraudación a las arcas fiscales de $ 700 millones, pero que sólo habría recibido tres millones para su beneficio personal.

El Milicogate también tiene una arista en la Fiscalía Centro Norte, pero centrado en la responsabilidad penal de tres proveedores del Ejército que operaban con la red de Clovis Montero y que hasta ahora suman más de $ 2.000 millones.

De hecho, ayer la perseguidora penal Ximena Chong formalizó a tres de ellos ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Se trata de Raúl Fuentes Quintanilla, su hijo César Fuentes Campusano y Francisco Huincahue.

Los tres individuos quedaron con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, aún cuando el CDE solicitó medidas más gravosas.

En este caso ayer el SII presentó una querella criminal por fraude tributario en contra de Clovis Montero, el cabo Juan Cruz Valverde e incluyó a Fuentes Quintanilla y Huincahue.

Aún cuando el ente fiscal incluyó a los ex militares en este caso que lleva el Ministerio Público, ayer la fiscal Chong, luego de finalizada la audiencia, aclaró que los delitos cometidos por uniformados debe indagarlos la justicia castrense.

Este diario consultó su opinión al Ejército, pero se indicó que no habría comentarios, ya que el mes pasado la institución dio una versión del hecho, toda vez que el caso está siendo investigado por la autoridad judicial.