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¿Cuál es el diagnóstico de la Junaeb que recibiste en septiembre pasado, cuando asumes después de la salida de Serrano?

No es fácil hacer un diagnóstico. Cuando llegué me encontré con un pre informe de la Contraloría que detectaba básicamente debilidades institucionales que había que abordar. Esas debilidades permitían, de alguna manera, que la institución estuviese expuesta a situaciones como las que se están investigando. En el fondo, la situación de eventuales arbitrariedades en la adjudicación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y otro tipo que no solamente tienen que ver con temas de transparencia, sino que también con temas de gestión que garanticen una adecuada prestación de servicios. Entonces, ese diagnóstico que nos entregó Contraloría para mí fue una hoja de ruta de dónde teníamos que poner los principales focos de acción.

¿Qué hiciste?

Cuando asumí lo primero que hicimos fue formar una fiscalía, principalmente para garantizar un adecuado control jurídico de la institución. Es decir, que los funcionarios tuvieran certeza de que lo que estaban haciendo estuviera dentro del marco jurídico. El otro foco fue compras. La política pública de esta institución se construye a través de procesos licitatorios. Tenemos un presupuesto de 1.300 millones de dólares y esta área es particularmente sensible porque tiene 4 mil procesos de compras al año. Somos la institución más compradora del aparato público, incluso más que la Cenabast o que las Fuerzas Armadas. Debemos tener un área vigorosa, con mucha musculatura. Otra área que reforzamos fue el sistema informático. Tenemos 8 millones de prestaciones de servicio entre el PAE, Salud, de computadores, TNE, 21 becas, hogares estudiantiles que nos obligan a que nuestra información sea extremadamente precisa para el usuario externo y nuestro servicio. Y además, dictamos medidas de transparencia interna.

Tengo entendido que una de ellas es que los funcionarios declaren vínculos con las empresas que participan en licitaciones.

Dictamos una resolución que obliga a los funcionarios a abstenerse de tener vínculos con las empresas proveedoras fuera el ámbito estríctamente de la prestación de los servicios. ¿Por qué? Porque para poder relacionarse con los proveedores necesitan un marco de formalidad. El día de mañana cuando te pregunten qué se habló en la reunión, a qué acuerdos llegaron, los funcionarios tienen que tener un respaldo de que todo haya estado dentro del marco jurídico. Entonces, las medidas de transparencia buscan dar tranquilidad a la ciudadanía y los funcionarios.

¿Ya tienen un catastro de esos datos?

Se publicó. O sea, no es malo en sí mismo que alguien tenga un grado de parentesco con alguien que pertenece a alguna empresa u otra, o algún tipo de amistad íntima, lo importante es que esa persona se inhiba de participar en los procesos licitatorios respecto de quien tiene ese tipo de relación. Lo que nosotros hicimos es llevar un expediente paralelo de todos los funcionarios que declaraban si tenían algún vínculo, donde además yo y los demás ejecutivos teníamos que declarar si nos llamaba alguna empresa interesada, donde junto con declarar que no podíamos entregar ningún tipo de información teníamos que notificar al fiscal de que se había recibido ese requerimiento. Y todo ese expediente se publicó junto a la licitación. Entonces, yo diría que más que sea malo en sí mismo, lo importante es transparentarlo. Quién es quién, y por tanto uno puede saber el ámbito donde puede habilitarse y donde no.

¿Hubo otras medidas para la licitación 2016?

Cuando llegué, la Contraloría tenía observaciones formales acerca del proceso licitatorio. O sea, yo llegué hace cinco meses, si hubiera llegado tres semanas después la licitación del PAE ya hubiera estado en curso. Y tuve tres semanas para abordar materias que son bien sensibles. Una de ellas era como hacer un proceso licitatorio formal. Entonces, establecimos dictámenes. Que las comisiones tenían que llevar un acta, más allá de lo que pide Chile Compra. A las comisiones se sumó Mineduc, Junji, Integra, Dipres y Junaeb. Además que tuvieran solvencia económica, porque solo el año pasado, antes que yo asumiese, dejaron de prestar servicios en el programa 3 empresas: Ferbas, que dio lugar al contrato de trato directo que hoy está en el centro de la polémica; la empresa Ibasa y la empresa Sercomaule. Y eso es un verdadero drama porque impacta al servicio de calidad de los estudiantes. Segundo, porque deja sin remuneración a trabajadores, y con demandas laborales. Hoy tenemos 2.600 demandas laborales que lleva adelante el CDE, porque la empresa no pudo pagar las cotizaciones y algunas remuneraciones. Además, dejas a terceros, proveedores esencialmente, que después no tienen dónde cobrar sus créditos. Y finalmente dejas a la institución con la obligación de tomar medidas de urgencia que la expone a situaciones administrativas como las que hemos visto.

¿Qué se exigió?

Que las empresas no se pueden adjudicar ninguna ración más que la capacidad financiera que tienen. Y además se les exigió a la empresas que presentaran un Dicom y, si los tenían, se les evaluaba negativamente. Eso, en la práctica, las dejaba fuera del proceso licitatorio. Y además premiamos a las empresas que tuvieran seguros. Entonces, fue un paquete de medidas que se tomó en un corto plazo que yo diría que nos permitió tener una licitación con altos estándares de transparencia y que además adicional a eso incorporó la dieta celiaco, se mejoraron las dietas alimentarias. Además, por un acuerdo con las federaciones de manipuladoras, a través de un protocolo, mejoramos los puntajes a quienes le entregaran mejores condiciones a las manipuladoras. Esta licitación, siendo una licitación con los mayores estándares, costó lo mismo que la licitación del año 2015. Eso indica que hubo mayores competencias porque a mejor calidad tuvimos un mismo precio.

Aunque tuvieron poco tiempo para revisar la licitación 2016, hubo problemas en este proceso. ¿Cómo calificarías lo que sucedió con este consultor externo que, según ustedes, falseó información sobre las empresas?

Mira, creo que uno puede blindar mucho el sistema. De hecho, eso fue lo que hicimos y, aunque fue poco tiempo, integramos a la Dipres, el Mineduc. Fue un trabajo interdisciplinario. Lo que pasa es que en ese tiempo nos hubiera gustado meternos en muchas cosas más. Pero a lo que nos abocamos es a garantizar que el servicio se diera y para eso necesitábamos empresas solventes. Ahora, lo que tú no puedes controlar, es que, precisamente como tú decías, que a la empresa que tú contratas para que haga auditoría del análisis financiero entregue información falsa. Yo diría que blindamos la licitación de tal forma que probablemente el único forado que quedó, fue un forado que era externo a la institución. Ahora, también debe haber un mucho mejor control de la institución respecto de los resultados que entrega una empresa externa en esta materia.

La pregunta que se repite es por qué se adjudicó una licitación de 219 mil millones de pesos a un contador que al parecer no tiene la experiencia para hacer una revisión de empresas del tonelaje que licitaban.

La verdad es que la auditoría también se adjudicó por licitación, entonces también te refleja que el tema de precio no siempre te garantiza la calidad del servicio que te van a entregar. Pero aún así lo que no es explicable… porque tú te puedes equivocar en los números, te puede faltar información, pero reportar información derechamente falsa ya no tiene que ver directamente con quien tú contratas sino que derechamente con una falla que no debe darse nunca. O sea, lo que aquí pasó es que alguien reportó que se entregaron seis documentos, documentos que derechamente no existían. Entonces esas son materias que efectivamente tú puedes tener muchas mejores empresas para hacer esa certificación. Yo no voy a calificar la calidad de esa empresa, pero lo que tú no esperas es que una empresa nos entregue una información que no es veraz.

¿Pero el criterio económico es primordial para una consultoría como esa?

Lo que pasa es que siempre el precio juega un factor, en igualdad de condiciones. Y ahí hay un tema: tengo dudas de si las empresas auditoras grandes no se presentan a esa licitación precisamente porque tienen un conflicto de interés, porque auditan a empresas vinculadas a las proveedoras. A nosotros nos encantaría que estuvieran las mejores empresas auditoras de Chile, pero es probable que no se hayan presentado a esa licitación por el conflicto de interés. Tú puedes hacer el mejor proceso licitatorio, pero con algo que no cuentas es que alguien entregue información falsa. Eso no tiene que ver con la calidad, sino que con un error que es inexplicable. Yo no voy a calificar si es delictivo o no, pero es de una gravedad tal que consideramos que teníamos que presentar una denuncia ante la fiscalía. Porque la verdad es que es inexplicable que un auditor entregue información derechamente falsa.

EMPRESAS CUESTIONADAS
¿Cómo se explica que empresas puedan acceder a nuevas licitaciones en un proceso regular, siendo que ustedes mismos presentaron antecedentes para que se iniciara acciones legales en contra de ellas?

En primer lugar, aclarar que lo que nosotros hicimos fue entregar antecedentes a la fiscalía y al CDE donde nos parecía que había dudas y donde habían hechos que eventualmente podrían revestir carácter de delito. Segundo, que el CDE se querelló en particular con respecto de dos ex funcionarios. Y tercero, es que mientras nosotros no tengamos alguna condena que saque a la empresa del registro de proveedores o le caduque su personalidad jurídica, nosotros por ley de Chile Compra no podemos inhibir a ninguna empresa de poder postular por el principio de libre concurrencia. Es decir, todas las empresas tienen derecho a participar de un proceso licitatorio porque si no derechamente incurriríamos en una arbitrariedad y el tribunal de contrataciones nos suspendería. Distinto es en un trato directo. Ahí podemos decir que estas son las empresas que nos dan garantías y que nos pueden prestar el servicio, que no están expuestas a ninguna situación que el día de mañana pueda poner en riesgo la prestación del servicio.

¿Y para más adelante es posible sacar a esa empresa si se comprueba que incurrieron en algún delito?

Depende de cuál sea la condena que establezca el tribunal, pero hay delitos que son tan graves que podrían derechamente caducar la personalidad jurídica de una empresa. Pero eso, la verdad, es que tienen que ser las autoridades las que determinen ese tipo de responsabilidades. A mí me encantaría saber si una empresa fue culpable o fue responsable de algo, pero lo importante es que sean las autoridades pertinentes las que determinen las responsabilidades. A todos nos gustaría saber quién hizo qué, pero para eso está tribunales, fiscalía. Y si nosotros recibimos una orden judicial de que una empresa queda fuera del registro de proveedores o que a alguna empresa se le caduca la responsabilidad jurídica, nosotros vamos a actuar con eso, sin ninguna duda.

A propósito de los problemas que hubo el año pasado, ¿cómo se puede asegurar que las aseguradoras de esas empresas no aumenten los problemas? Lo digo con respecto a Sercomaule, donde hay proveedores y trabajadores que aún no pueden cobrar su dinero.


Respecto de la empresa aseguradora Cesce, que es la que presentó esta situación, se ejecutaron las boletas de garantía, la empresa se negó a pagar y se puso un reclamo a la superintendencia. La empresa se volvió a negar a pagar el seguro y finalmente lo que hicimos en conjunto con el CDE demandamos civilmente por el pago a esa empresa. Ahora, en el nuevo proceso licitatorio no hay ninguna empresa que haya presentado garantía de la aseguradora Cesce, así que esa situación no debiera volver a presentarse.

PROBLEMAS ESTRUCTURALES
¿Cuánta gente trabaja en el servicio?

Son 902 personas, incluyendo honorarios. De ellos, son en total 204 funcionarios a honorarios.

¿Y es suficiente para todas las tareas que tienen?

Mira, nosotros manejamos 1.300 millones de dólares y un 2,2% del presupuesto. Estamos expuestos a una fragilidad gigante. O sea, acá hay funcionarios que trabajan muchísimo más de lo que debieran de trabajar para poder sostener una prestación el servicio gigantesco. Nosotros tenemos 52 programas y todos de alto impacto, que van a la vena social del país. Yo te diría que uno agradece el alto nivel de coordinación a nivel de gobierno que hemos tenido sobre esto. Con el ministerio de Educación, de Interior, de Hacienda, con eso hemos tenido una coordinación muy fuerte. Pero yo te diría que acá se requiere una voluntad política aún mayor, que apunte a fortalecer la institución en lo inmediato, para sostener la operación. Y en eso estamos trabajando, tenemos un trabajo bien avanzado con la Dirección de Presupuesto para fortalecer de inmediato las unidades más críticas de la institución. Pero adicionalmente, permite avanzar hacia un proceso de modernización institucional, que va a tomar mucho más tiempo, pero las bases tienen que quedar sentadas desde ya. Porque el proceso de fortalecimiento lo que tiene que permitir es inyectar capacidad en las áreas de soporta básico de la institución. Por ejemplo, tenemos 10 personas para 4 mil procesos de compra. Tenemos 11 personas para 5 mil procesos de pago mensuales. Entonces, con tan poca gente a cargo de tantos procesos y tantos recursos, la posibilidad de exponerse a un error es muy grande. O sea, hoy tenemos regiones donde se ejecutan servicios públicos completos y tienen muy poco personal. Pero más allá de quejarse por lo que hay, lo importante es hacer un buen diagnóstico y presentar ese diagnóstico a nivel gubernamental.

A propósito del rol del ex jefe de programa PAE, Marcos Urbina, Contraloría señala que Junaeb no tiene no tiene el carácter de institución fiscalizadora. ¿Qué opinas de ese fallo y qué implica para la fiscalización que realizan diariamente en colegios y jardines infantiles?


Lo que pasa es que la calidad de planta fiscalizadora es la que se establece en la orgánica de cada una de las instituciones y que genera una serie de obligaciones, entre ellas de dedicación exclusiva, la incompatibilidad de funciones, etcétera. Tenemos una planta del año 64, entonces parte del proceso de modernización de la institución va a tener que contar con un componente legal en lo inmediato. Pero al mismo tiempo pensar en el servicio público que necesitamos, que se necesita para poder prestar la cantidad de servicios que nosotros tenemos, y que al mismo tiempo que establezca esos estándares tanto en los perfiles profesionales de la institución, en los niveles de remuneración y en las obligaciones que tienen los funcionarios. Pero efectivamente, la Junaeb hoy día por ley no tiene el carácter fiscalizador. Lo que nosotros hacemos es supervisión y multa. Nosotros le cursamos multas a las empresas. Pero porque ese carácter de supervisión le otorga las licitaciones que nosotros mismos establecemos. Por sí misma, la institución no es una institución fiscalizadora, lo que a mi juicio se tiene que revisar junto con una revisión completa de la orgánica de la institución. O sea, uno puede preguntarse si estos 52 servicios los puede prestar una sola institución o debiera ser más de una. Nosotros tenemos programas de salud de todo tipo: oral, oftalmológica, de apoyo psicosocial, tenemos programa de alimentación, la TNE, computadores… o sea, tienes una cantidad de programas que tú dices, bueno, ¿es una sola institución la que tiene que prestar estos servicios o debiera ser más de una? ¿Qué nivel de centralización debiera tener la toma de decisiones? ¿El programa de alimentación escolar debiera ser más o menos descentralizado? Esas son las preguntas que uno tiene que hacerse.

¿Está la fiscalización hoy a la altura del servicio de que se presta, que es para millones de niños?

De hecho, son 1 millón 800 mil niños y son 4 millones de raciones diarias en 12 mil establecimientos. Acá hay dos órdenes de control o supervisión. Uno es cuando haces el proceso licitatorio. Que estén las mejores empresas, que tengan solvencia económica para poder responder al contrato. Ese es el primer control que pudimos abordar desde que yo asumí la gestión y que nos da certeza de que las empresa que ahora adjudicamos, que adjudicamos un tercio del país, son empresas solventes. Pero nosotros tenemos que tener, tal como tú señalas, otros dos tipos de supervisión. Uno, respecto de las otras dos licitaciones que siguen vigentes, un control preventivo de si las empresas efectivamente tienen la solvencia para ver si las empresas pueden mantener la operación, con altos niveles de calidad. Y otro control que tenemos, pero que hay que potenciar, es la calidad de la alimentación que tenemos en cada establecimiento. Y para eso nosotros tenemos 72 fiscalizadores para 12 mil establecimientos. Tenemos que certificar la calidad de la atención, pero también la cantidad del servicio. Porque hoy día tenemos una contraparte en cada establecimiento que es un profesor que prácticamente de forma voluntaria hace de contraparte del PAE. Entonces, el estándar de certificación de cuántos alumnos recibieron la ración, podría ser muchísimo mejor. Vamos a presentar, espero que dentro de los próximos meses, un plan piloto de certificación de sistema biométrico. Y esperamos que en la próxima licitación ya se empiece a implementar un sistema biométrico.

¿De esa forma van a certificar que los recursos de Junaeb sean bien invertidos?

Y que la comida no se bote, porque en el fondo si tú sobre certificas o sobre asignas raciones, no necesariamente vas a alimentar a más niños. Lo importante es que nosotros le asignemos a las empresas la cantidad de niños que efectivamente van a alimentarse, de manera que la comida no se bote y además nosotros paguemos exactamente lo que se necesita porque son miles de millones de pesos. Nosotros gastamos 2.500 millones de pesos diarios en el Programa de Alimentación Escolar. Entonces, la verdad es que es un volumen de recursos tan gigante que cualquier problema que tú tengas en la cantidad del servicio que se presta es una cantidad de recursos gigantesco. Por eso hay que pensar la manera de supervisar.

LAS MANIPULADORAS
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Una de las críticas de los parlamentarios de la comisión es que se han enfocado mucho en las condiciones financieras de las empresas, pero no en las condiciones laborales de las aseguradoras. De hecho, las manipuladoras se tomaron este edificio hace algunas semanas y están pendientes de lo que pase en la comisión porque reclaman que las empresas que salieron eran las que tenían mejores convenios colectivos.

Con las manipuladoras hay que distinguir muy bien los temas. El tema de las manipuladoras es una cuestión completamente inaceptable, que usaron la fuerza hace dos semanas, tenía que ver con una resolución judicial con respecto a Sercomaule. Hay temas laborales pendientes, que están en manos del CDE y de los tribunales laborales, donde hubo una resolución judicial en la cual nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Con respecto a los sueldos de las manipuladoras, con respecto al protocolo de acuerdo que firmamos con ellas, subimos la ponderación en la licitación de la remuneración de las manipuladoras. Nosotros dijimos que acá el que se tiene que hacer cargo es la empresa, no el Estado a través de bonos, y por eso la ponderación se hizo cargo de eso. Nosotros hablamos, nuestra política pública es a través de la licitación. Entonces, esa es la manera en que la Junaeb establece su criterio. Y en esta licitación se incrementaron en un 11% los salarios de las manipuladoras y en un 17% los salarios brutos.

Existe alguna idea o proyecto para intentar repatriar ese servicio a los colegios o los servicios de educación que se van a instalar con la reforma. Eso puede generar que hayan contratos con proveedores locales y así todo el mundo gana.

Mira, yo no tengo una respuesta definitiva en la materia. Creo que todo tiene pros y contras. La gracia de hacer grandes licitaciones es que abarata los costos. Y si tu tienes empresas más solventes, tú le das más seguridad a la prestación del servicio, seguridad laboral a las manipuladoras, etcétera. Pero por otro lado tienes más presión económica respecto de grandes licitaciones porque hay mas intereses en juego. Por otro lado, tienes un servicio que sus supervisiones son mucho más centralizadas. Entonces, eso es parte de lo que hay que analizar. Yo prefiero no dar respuestas porque no las tengo todas. En esto, no me las sé todas. Prefiero asesorarme por gente experta y que ellos nos den una opinión de cómo podemos mejorar el PAE. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora el primer semestre, antes de empezar el otro proceso.

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La Junaeb es responsable de varios programas y sabemos que hubo un problema específico en el software de la TNE entre el 15 de diciembre pasado y el 11 de enero pasado. Eso generó que el Minsiterio del Interior tuviera que entregar soporte informático para reponer el software. ¿Qué ocurrió en ese caso?

En servicios que requieren modernización siempre va a haber dificultades en los sistemas informáticos, que tienen que estar actualizándose. Y efectivamente hubo un problema en ese minuto en las bases de datos que por un problema eléctrico tuvieron dificultades de financiamiento y con apoyo del ministerio del Interior se reconstruyó toda la base de datos, pero tuvo al servicio funcionando digamos en modo de prueba, por decirlo de alguna manera, durante varias semanas. Pero nuestra principal preocupación era llegar a tiempo con el proceso de la Tarjeta Nacional Estudiantil. Estábamos a punto de comenzar el proceso de captura temprana (fotos) y pudimos resolver el problema antes y hoy día se está trabajando normalmente. Tuvimos un 63% de captura temprana a nivel nacional en educación superior y un 85% en básica y media. Mira, las dificultades del trabajo de una institución de esta envergadura, son millones. Podríamos estar toda la tarde hablando de los problemas que uno tiene que sortear en el día a día. Es que así es la vida, porque una institución así de grande nunca va a estar exenta de dificultades. Pero hoy día te puedo decir con certeza que los servicios de la Junaeb están garantizados y particularmente la TNE que ha sido un trabajo que nos ha demandado mucho tiempo.

¿No se va a retrasar?

Yo te diría que vamos a tener un proceso de entrega de la TNE normal, que va a llegar antes del 31 de mayo (fecha en que vence la TNE). Creo que tendremos un proceso impecable, ejemplar y que nos va a generar todas las garantías. Siempre puede haber un margen de fallas, pero muy menor. Son cosas que pasan en un proceso de esta envergadura. Tenemos que entregar 700 mil tarjetas nuevas, revalidar un 1 millón 300 mil tarjetas. Son 2 millones de tarjetas a nivel nacional, una cosa muy masiva. Pero yo puedo dar la certeza de que el grueso del país y los estudiantes van a tener su tarjeta estudiantil al día.

¿Se pudo recuperar la información?

De todas formas. De otra manera no podríamos haber mandado a producir las tarjetas, que hoy están en la producción del Metro. Y además vamos a poder cumplir con algo que para nosotros es muy importante, que los alumnos que se sacaron la fotografía con captura temprana van a poder recibir con mayor anticipación su tarjeta.