Rectores A1

Aumentar el pozo del Fondo Solidario e impedir que los estudiantes lleguen al CAE. Esa es la forma que están buscando los rectores de las universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) para aminorar el impacto de los rezagados de la gratuidad 2016.

Una situación que preocupa a las autoridades universitarias y que vino a complicar aún más los problemas de caja en las instituciones que adhirieron a la política pública, que el jueves pasado cifró en 125 mil la nueva cifra de estudiantes beneficiados.

En total, 35 mil menos de los proyectados en febrero y casi 55 mil que los que se pensaban cuando se discutió la glosa presupuestaria en noviembre de 2015, lo que ha obligado a estudiantes a preferir mantener las becas anteriores y a los rectores a abogar frente al ministerio de Educación a que aumente el presupuesto de crédito solidario para dar solución a los rezagados.

El estrés

Alrededor de 3.500 millones de pesos dice el rector de la Universidad Católica del Maule y vicepresidente alterno del Cruch, Diego Durán, que necesitará para el Fondo de Crédito Solidario de este año. El problema es que ese monto representa más del 50% del total nacional de recursos destinados a ese fin en el presupuesto de 2016. “Y con los 2.500 millones que necesita la UC de Temuco ya se acabó el dinero”, agrega.

Tras redirigir una parte del presupuesto a la debutante Gratuidad, el financiamiento de ese crédito estatal bajó un 92%, pasando de 80 mil millones de pesos en 2015 a 6.456 millones de pesos durante este año.

La situación complica de sobremanera a las universidades adscritas al beneficio porque ahora no tienen presupuesto al que echar mano para que los estudiantes no deserten. A principios de mes el Cruch alertó al ministerio que los estudiantes que quedasen fuera de gratuidad no les quedaría otra opción que optar por el Crédito con Aval del Estado.

“En nuestro caso, el problema es que los 1.049 estudiantes nuestros que quedaron fuera (de gratuidad), un 30% de los que postularon, generan un impacto de 3 mil millones en nuestro presupuesto. Si no acceden a la gratuidad a lo único que podrían acceder es al Fondo Solidario o al CAE porque para beca no puede ser porque si no cumplieron requisitos de gratuidad tampoco lo harán para la beca”, agrega el rector Durán.

En el Cruch estimaron que loa cálculos del Ejecutivo tuvieron un error del orden del 30%, tal como ocurre en planteles como la UC del Maule y en la Universidad de Talca.

“Acá nos faltan 1.100 estudiantes, que quedaron fuera. Algunos están apelando, pero eso no va a resolver el problema de todos. Vamos a tener una brecha concreta, pero tendremos que solucionar el problema. No vamos a dejar a nadie en la incertidumbre. Ahora, cómo lo vamos a resolver es algo que tenemos que conversar aún con el Ministerio de Educación, pero damos la garantía que como universidad del Estado si alguien va a entrar a estudiar acá lo va a hacer como corresponde”, dijo el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas.

El jueves pasado, en una reunión del Consejo de Rectores, según explicó el rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez, se comprometió a solucionar ese problema y que los estudiantes rezagados no pasarían al CAE.

“Si efectivamente el Mineduc reinstala el Fondo Solidario y se da garantía que los estudiantes que no acceden a gratuidad no modificarán sus condiciones respecto del año pasado sobre becas y créditos, me parece que este primer paso en aplicación de la gratuidad efectivamente iría en el camino correcto”, agregó el rector de la Universidad de Los Lagos, Óscar Garrido.

Este lunes, el jefe de la Divesup señaló a El Mercurio que de tener problemas con esos recursos el Ministerio de Hacienda debería hacer reasignaciones desde algunos instrumentos, entre ellos, los del Crédito con Aval del Estado (CAE), que este año subió su presupuesto de un monto de 448 mil millones de pesos en 2015 a 610 mil millones de pesos en 2016, según un informe elaborado por el Centro de Estudios del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech).

Para Víctor Orellana, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y director de la Fundación Nodo XXI, esta es una discusión de dinero que escapa completamente a lo que se debería discutir

“El camino de una gratuidad vía voucher y vía glosa presupuestaria es una camino pedregoso en estos términos porque se trata de una forma de financiamiento ridícula y que no existe en ninguna otra parte del mundo. Detrás de esta ingeniería del detalle que intenta arreglar otro Puente Cau Cau en realidad lo que está ocurriendo es un simple juego de regateo entre las instituciones y el gobierno para fijar un precio. Es un regateo de barrio y a mi me preocupa que en este regateo las universidades públicas terminen peor”, dice.

Desde el Confech se sumaron al llamado de rectores a dar solución a este problema, pero además con una salida que no implique seguir con el endeudamiento de estudiantes que después tardarán décadas en pagar su educación. “Es cierto que el Fondo Solidario es mejor que el CAE, pero ambos son un crédito. No haberse hecho cargo de esto es algo bastante grave del gobierno y debe hacerse cargo”, dice Camila Rojas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech).

Gratuidad Renunciable

Aunque de la reunión del jueves pasado los rectores se fueron con un “compromiso” bajo el brazo, las sorpresas no han parado. La tarde del pasado viernes 29 de abril el Departamento de Financiamiento Estudiantil de la División de Educación Superior del Mineduc informó a las oficinas de Bienestar de las universidades adscritas a Gratuidad que se había habilitado un formulario en el sitio web www.gratuidad.cl para que los estudiantes pudieran renunciar al beneficio.

Aunque ya había sido anunciado por la subsecretaria Valentina Quiroga que se oficializaría luego de entregar los resultados del 27 de abril, la información sorprendió a administrativos universitarios y miembros de Bienestar que habían consultado al respecto en ocasiones anteriores pero no habían tenido respuestas formales sobre ese punto.

Sin embargo, el formulario dice que en virtud del artículo N° 12 del Código Civil se puede realizar dicho trámite, escogiendo alguno de los cuatro motivos presentados en esa carta tipo: considerar que no pertenece al 50% de la población de menores ingresos del país, que excede la duración formal del plan de estudios de la carrera en la que obtuvo el beneficio, que el estudiante ya cuenta con un título profesional o grado académico de licenciado y el haber perdido la residencia definitiva en Chile.

Las cuatro razones descritas, sin embargo, son justamente los puntos de conflicto que han caracterizado la asignación de este beneficio y que debían ser fiscalizados por el Ministerio antes de asignarlo.

Algo que ya había ocurrido a principios de enero con Javier Mañalich, hermano del exministro de Salud de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, quien apareció como beneficiario en la primera nómina, pero al terminar ese mismo mes se confirmó que no accedería a la gratuidad porque ya contaba con un título de Licenciado en Ciencias con mención en Biología de la Universidad de Chile otorgado en 1993.

Al final del formulario también aparece la opción para renunciar “Otros Motivos”, aunque sin un espacio para explicar cuáles son. Los alumnos que hagan este trámite tienen hasta el 20 de mayo para presentarlo en las oficinas de Mineduc: en Santiago en Fray Camilo Henríquez #262 y en regiones en las Oficinas de Partes de las Direcciones Provinciales o en las Secretarias Regionales Ministeriales (Seremías).

La medida fue criticada por el rector Durán. “Tienes cinco factores para poder renunciar y el único que podría corresponder a una renuncia verdadera es el ‘Otros Motivos’, que es el quinto factor. Los otros cuatro son condiciones para haber recibido la beca y si yo recibí la beca es absurdo renunciar porque eran parte de las condiciones para recibir el beneficio. Ese formulario no dice nada y es de una ambigüedad muy grande porque además el estudiante que renuncia lo hace ante la Seremi, las instituciones de Educación Superior no se enteran de la renuncia y ahí también hay un conflicto”, señala el académico.

La información también sorprendió a la Confech, quienes señalaron que el Mineduc les había informado en su última reunión conjunta que al tratarse de un derecho y no una beca como han señalado insistentemente los estudiantes, no podía ser renunciable.

“Todos esos problemas que son de implementación tiene una raíz mucho más profunda que es haber tratado esta temática sin apostar a una transformación de las instituciones, sin apostar a las otras demandas que nosotros como estudiantes habíamos levantado. Cuando decimos ‘Educación Gratuita’, también decimos ‘Pública y de Calidad’. Y esas dos condiciones quedaron completamente rezagadas. Ya sabemos los problemas que tiene la gratuidad y el gobierno intenta a través de una medida muy parcial solucionar la problemática de la educación y eso obviamente no sucede”, dijo la presidenta de la Fech.

La desconocida fórmula para definir al 50%

Desde el primer anuncio de beneficiarios surgieron casos de estudiantes como el de Belén Ortíz, quien a pesar de vivir en una casa de material ligero en Conchalí junto a sus padres y dos hermanos, el sistema de selección arrojó que pertenecía al 50% más rico de Chile.

Como los casos se repetían, el Mineduc habilitó un plazo para la apelación a alumnos nuevos y antiguos al FUAS. Pero tras la última cifra entregada de beneficiarios (40 mil de primer año y el resto de generaciones anteriores), ahora sólo queda una nueva apelación que se zanjará el próximo 29 de junio, casi terminando el primer semestre en algunos planteles.

Y en este proceso, tanto estudiantes como funcionarios de las universidades dicen que existen pocas certezas del cruce de datos para definir si están sujetos al beneficio. La principal crítica es que el proceso de entrega de información socioeconómica es distinta para alumnos nuevos y antiguos y que en ella hubo información dispar según las instituciones que presentaron los datos.

Para realizar el trámite los estudiantes debían declarar ante el nuevo Registro Nacional de Hogares, instrumento que reemplazó a la Ficha de Protección Social. Y en ese intertanto pudieron haber errores, como los que afectaron a Joaquín Bustamente, estudiante de Odontología de la U. Autónoma. Según él, en ese registro aparece en el cuarto decil más vulnerable, pero el Mineduc lo dejó sobre el 50% y quedó fuera. “Parece que no trabajaron con la información correcta”, dice.

El rector Rojas, de la U. de Talca, dice que para los alumnos antiguos se usó la información “de lo que era el sistema de acreditación socioeconómica que hacía el batallón de asistentes sociales y que después verificaba el ministerio y después se asignaban becas o créditos. Después de eso el ministerio (de Educación) verificaba y definía si tenían gratuidad o no”.

Con respecto a este ítem, el Ministerio de Educación respondió a este diario enumerando los pasos de calificación socioeconómica de cada estudiante (Inscripción, Preselección, Asignación y Apelación) y explicó que en la segunda etapa es una fase “de preasignación que hace el Mineduc en base a la información que entregan los estudiantes y la información que el Ministerio recoge de otras bases administrativas del Estado”.

Además recalcó que “cerca del 70% de los postulantes recibió un resultado de beneficiado o no beneficiado de Gratuidad, ya que la información recopilada fue suficiente. El 30% restante quedó en estado “Pendiente”, ya que con la información disponible se detectaron discrepancias que no permitieron determinar el nivel de ingresos de los estudiantes y sus familias”.

Tras ello, los estudiantes presentan documentos de respaldo a las universidades, quienes envían el listado oficial de matriculados y su información académica actual, información que es chequeada por el Mineduc para asignar el beneficio. Si en esa fase aún no se confirma la gratuidad, existe la apelación donde se pide reevaluación, se considera la información actualizada de los ingresos y si se vieron afectados por una modificación de sus condiciones económicas durante los últimos meses.

Desde las universidades, los funcionarios administrativos señalan que aún no saben cuál es la fórmula que ocupó el ministerio para calcular en qué deciles se encuentran los estudiantes y que además, a diferencia de otros años, en vez de decir específicamente en qué decil se encuentran ahora se les asigna una especie de rango en el que se encuentran.

Por este punto, el Mineduc confirmó esa información señalando escuetamente que “las instituciones han recibido información que indica si sus estudiantes forman parte del 50% de la población más vulnerable del país, de acuerdo a los ingresos y gastos del grupo familiar y a los distintos integrantes que lo conforman”.

Debido a estos problemas, también existen casos de estudiantes que no quisieron postular para no perder sus becas anteriores y otros instrumentos de mantención. Diego Soto, estudiante de Medicina y delegado de Bienestar de la Fech, dice que al ser la gratuidad un beneficio excluyente del resto, no es una política que se preocupe de mantener a los estudiantes y que no deserten.

“Muchos alumnos que están con beca no postularon a la gratuidad. Están las dos opciones: una cuasi gratuidad vía becas y la otra. Entonces muchos optaron por no postular porque además hay ayudas de mantención básica, de alimentación, entonces te despedías de la beca y también de esos complementos”, explica el rector Rojas.

La referencia es a becas complementarias como la BAES (Beca de Alimentación para la Educación Superior) y otras herramientas para materiales o fotocopias que supuestamente quedan excluidas para los estudiantes de primer año que obtuvieron gratuidad.

Sin embargo, la Junaeb informó oficialmente que los 125 mil estudiantes beneficiados con la gratuidad para la Educación Superior en todo el país cuentan con la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES), un subsidio de alimentación entregado a través de una tarjeta electrónica de canje que puede ser utilizada en una red de locales especializados en la venta de productos alimenticios y supermercados que tiene un monto promedio de 32 mil pesos.

Plazos, montos y devoluciones

Aunque el escenario se ha visto complejizado con el número final de beneficiarios, los rectores coinciden en que los compromisos de fechas que han ido conociendo se han cumplido. En febrero pasado recibieron un adelanto correspondiente al 38%, que fue aprobado por Contraloría el 10 de ese mes.

El adelanto ascendió a $200 mil millones de los $518 mil millones totales destinados para la gratuidad, los que corresponden al 38% de la glosa presupuestaria aprobada para financiar el compromiso de la Presidenta Michelle Bachelet.

El problema es que, justamente, se repartieron proporcionalmente según la cantidad de estudiantes que cada una de las instituciones matriculaba sujeto a gratuidad. Ahora, con estudiantes rezagados, la cifra es menor.

“Años anteriores el pago del Estado a las instituciones siempre fue complejo. Nunca al momento oportuno, siempre con complicaciones, pero este año ellos tomaron el acuerdo, lograron entregar el 50% durante el primer semestre de la proyección que ellos hicieron. Sin embargo, esa proyección ahora tiene una merma del 30%, por lo que ese 50% ya no es 50%, sino que 60%. Eso puede producir un problema, porque tenemos la plata pero no sabemos si el Fondo Solidario va a cubrir lo que falta”, dice el rector de la UC del Maule.

Sobre ese punto, desde el Ministerio de Educación señalan que han estado enfocados en que las instituciones puedan contar con los recursos necesarios lo antes posible, en coherencia con la normativa vigente. “A partir del año 2016 y gracias a las gestiones realizadas por el Ministerio de Educación ante la Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda, se pudo emitir un decreto de pago anticipado a las universidades adscritas a la política de Gratuidad. Este adelanto le permitió a las instituciones contar con recursos financieros desde el mes de febrero de 2016, y se seguirá pagando hasta el mes de junio del presente”, dijeron.

Además, agregaron que para el semestre siguiente, y una vez que se tenga la nómina consolidada de estudiantes que serán beneficiados con Gratuidad, la cartera emitirá un nuevo decreto de pago por la diferencia, el cual se pagará durante el segundo semestre.

Pero los problemas no terminan ahí. Desde el gobierno anterior, las universidades se vieron obligadas a devolver dineros de estudiantes que desertaban y hasta ahora, aunque no han sido suficientemente claros, desde las unidades técnicas del ministerio han señalado que se tiene que devolver.

Consultados por este punto, desde el Mineduc respondieron que dicha secretaría de Estado “ha adoptado los resguardos para evitar la solicitud de restitución de fondos a las universidades. Para ello, respecto de la renuncia, se ha definido un periodo hasta el 20 de mayo, lo que permitirá tener claridad de los estudiantes beneficiados por institución durante el primer semestre”.

Aunque esos montos puedan ser inferiores, para los encargados financieros de los planteles constituye un nuevo problema porque parte del dinero necesario para que los rezagados del beneficio no deserten implica desembolsar dinero desde las instituciones. Y ahí se vuelve a la discusión del presupuesto del Fondo Solidario, lo que es rechazado por los estudiantes porque sigue generando endeudamiento.

“No es que estemos contra el fondo, ya que no es un endeudamiento tan usurero como el del CAE, pero esa no debería ser la solución. Sigue habiendo mucha improvisación”, señalaron desde la Confech.

Reforma a la espera

A la suma de todos los problemas anteriores, el pronóstico de rectores, estudiantes y miembros de la comunidad académica es que el próximo año se volverá a financiar la gratuidad vía glosa presupuestaria, mientras no se discuta la gran reforma a la Educación Superior.

El proyecto, que ya ha sido aplazado varios meses, sería anunciado el próximo 21 de mayo durante el mensaje presidencial de la Presidenta Bachelet, donde se espera que aclare la montonera de dudas al respecto. A eso se suma otro factor para la tramitación de la gratuidad 2017: el anuncio en enero pasado de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, del ingreso de estudiantes nuevos de la formación técnico profesional el próximo año con gratuidad.

En enero la ministra Delpiano aseguró que “si todo va bien” y si los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) que actualmente tienen fines de lucro se transforman en entidades sin fines de lucro, ingresaría un número de estudiantes similar a los beneficiados de este año del sistema universitario. Es decir, al menos 125 mil estudiantes más.

“Esperamos que el próximo año, si todo va bien y se cambian, podamos tener efectivamente incorporado un número más o menos equivalente de alumnos como los que entraron este año en gratuidad, pero focalizado en las instituciones técnicas de buena calidad”, dijo la ministra, enfatizando que para llegar a esa meta los planteles técnicos que comprometieron su transformación de personalidad jurídica a “sin fines de lucro” -25 según el Mineduc en ese momento- lo cumplan.

Sin embargo, más allá de que el número de beneficiarios aumente, las críticas se extienden a la espera de la gran reforma. “El gran efecto de este ‘estrés financiero’ es que ha imposibilitado que los actores de la educación vuelvan a reponer el problema de fondo, que es que acá todavía no hay reforma porque nos concentramos en un regateo para pagar la misma educación que tenemos. Acá no hay reforma y mientras los actores sucumban a eso, no se va a resolver nada sustantivo”, dice Orellana.

“Mientras no tengamos una ley que sea potente, transversal, que reconozca y valore la provisión mixta de educación, es mejor esto que una ley mala. Ahora, esto tiene que ser mejorado con respecto a lo que pasó para el año 2016. No se pueden repetir errores”, dice el rector de la UC del Maule.

Desde el Cuech (Consorcio de Universidades Estatales) resaltan que esto no provoca un cambio de paradigma porque el 75% del financiamiento de la educación superior sigue viniendo del bolsillo de las familias.

“Lo interesante es que el gobierno logró instalar un concepto porque el problema no es la gratuidad sino el instrumento por el cual se asigna. Es muy similar al concepto con el que se asignaban las becas anteriormente. La gratuidad es menos exigente para los estudiantes, pero más para las instituciones. Entonces, es como una transición que entiendo porque a lo que se quiere llegar es hacia el financiamiento de la oferta. Pero la fórmula que está ocupando hace muy débil la diferencia entre una y otra”, dice una autoridad académica del Cuech.

En tanto, desde la Confech dicen que el gobierno sigue improvisando sin tener claros los beneficiados y montos reales. “Finalmente el bolsillo de Hacienda o las órdenes de Eyzaguirre desde la Segpres es lo que prima en Educación, y el ministerio de Educación como tal queda rezagado ante los que de verdad toman la decisión. A nosotros nos preocupa en la medida en que cuando lo que pesa es la plata, lo que pasa son situaciones como las que hoy día enfrentamos con la gratuidad. Hemos sido bien tajantes en decir que la gratuidad no puede pasar nuevamente por glosa porque con todos los problemas que ha tenido sería un gran error y una gran catástrofe social el seguir implementando la gratuidad a pesar de todas las situaciones que ya conocemos”, agrega Camila Rojas.

“Cuando tenemos períodos de crisis, es Hacienda el que toma la decisiones. Entonces una reforma educacional definida por Hacienda, perdóname pero yo veo con bastante dificultad el futuro que pueda tener”, remata el rector Durán.