Proveedor-confiesa-coimas-en-el-Milicogate-y-dinamita-el-Alto-Mando1

El ministro en visita civil de la Corte Marcial, Omar Astudillo, ordenó congelar fondos por $ 697 millones, en el marco de la investigación que lleva por el fraude a la Ley Reservada del Cobre, conocido como el “Milicogate” y que asciende hasta ahora a unos US$ 10 millones.

De acuerdo a la información recabada por The Clinic Online, los fondos estaban depositados en la cuenta de un banco de la plaza a nombre de la esposa de uno de los principales procesados. Se trata del coronel Clovis Montero, quien está encausado por delitos reiterados de fraude al fisco y privado de libertad en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

Esta es la primera incautación de un monto tan alto y se busca dilucidar si los recursos podrían ser producto del cobro de coimas por parte de Montero y el desfalco a los dineros para materias estratégicas provenientes del mentado cuerpo legal.

Asimismo, el magistrado encausó por 6 delitos de cohecho al coronel (r) Juan Carlos Guerra. El total de dineros que recibió Guerra, de acuerdo a lo establecido en el expediente y plasmado en el dictamen, asciende a poco más de $ 4,8 millones. Este dinero le fue entregado por el exproveedor del Ejército Waldo Pinto, tal como lo confesó este último ante la fiscalía militar, antes que el caso llegara a Astudillo.

Guerra renunció en noviembre de 2015 a la institución, en momentos en que el decreto que lo promovía a general de brigada estaba en manos del Ministerio de Defensa, revocándose de esta manera su nombramiento. En su testimonio, Guerra no reconoció el cohecho y se limitó a declarar que se trataba de préstamos que le hizo Pinto.

La indagatoria de Astudillo se remite al período de tiempo entre 2011 a 2014, respecto de más de 2.500 facturas. El sistema que habría permitido el millonario ilícito comenzaba al interior de la institución cuando un funcionario castrense obtenía un documento tributario, por ejemplo, con un proveedor como Pinto.

Posteriormente, este papel era enviado a la División de Mantenimiento, luego al Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), órgano a cargo de la administración de los los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.
En el CAF, en tanto, los egresos eran disfrazados bajo una glosa conocida como “Compensación Presupuestaria”, evitando que fueran detectados.

En la investigación hoy es parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Los falsificados

La semana pasada, en este contexto, Astudillo sometió a proceso al exproveedor Waldo Pinto Gaete, como autor de delitos reiterados de fraude al fisco y falsedad documental.

En la resolución de 20 páginas a la que accedió este diario, el magistrado revela la existencia de 57 facturas que “generan el cobro y posterior pago de supuestos servicios prestados del Ejército”. Los documentos tributarios suman en total más de $ 556 millones.

Para determinar que las facturas habían sido llenadas de manera ilegal, Astudillo interrogó al mayor Eduardo Grez, de dotación de la Dirección de Proyectos del Ejército.

En 2011 se desempeñó en el regimiento de Pisagua y cuando le mostraron las facturas fue claro: la firmas no eran suyas.

Igual situación ocurrió con el general y jefe de la División Logística, Juan Carlos Henríquez, a quien le habían falsificado también su rúbrica. Junto a los anteriores, el capitán Christian Parra, el mayor Eduardo Soto, el general Daniel Aberl Pacheco, el comandante Marcos Godoy, el general René Bonhomme, el mayor Hernán Berríos, el mayor Roberto Castillo y el coronel Rodrigo Kalwitz, enfrentaron la misma situación.

Astudillo, para verificar la falsificación contó con un peritaje del Laboratorio de Criminalista de la PDI (Lacrim) que determinó que las firmas no se correspondían con las anotadas en las facturas.

Otro oficial, en retiro que aparece recibiendo coimas por operaciones ilegales es el coronel (r) Wellington Álvarez. A este último, el ministro no podrá perseguirlo penalmente ya que enfrenta un grave problema de salud de carácter irreversible.

En este último auto de procesamiento, Astudillo también encausó al cabo Juan Carlos Cruz -ya imputado y en prisión preventiva- por su participación en estos hechos y ser el nexo de las coimas con Pinto, Álvarez y el ingeniero informático y empleado civil del Ejército Danilo Alarcón.

Este último, se encuentra procesado en otro caso que sustancia la fiscalía militar por el delito de fraude al fisco por más de $378 millones, luego que se descubriera compras falsas de toner para impresoras.

Junto a los anteriores procesados, se encuentran en la misma situación las sargentos sargento Millaray Simunovic y Liliana Villagrán; y los suboficiales Claudio González, Miguel Escobar y el cabo Juan Carlos Cruz.

El caso milicogate quedó al descubierto gracias a una serie de reportajes publicados por The Clinic y que dio origen al libro “Traición a la Patria”, del periodista Mauricio Weibel.

En distintas declaraciones públicas el Ejército ha señalado que se han tomado todas las medidas con el fin de que hechos de este tipo no vuelvan a repetirse, toda vez que ha comprometido su colaboración con la justicia.