Presentación de Reforma a la Educación Superior en el Congreso abre debate sobre un CAE estatal

Fue pasado el mediodía de ayer, justo cuando un grupo de parlamentarios de la Nueva Mayoría se reunían con rectores representantes de las universidades estatales, cuando el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, negaba tajantemente un nuevo ajuste tributario para financiar uno de los ejes centrales de la Reforma a la Educación Superior: la gratuidad universal.

Crítica principal al anuncio del Gobierno en esa materia, que deja sujeto al avance del PIB tendencial (Producto Interno Bruto proyecto en el largo plazo) el aumento de deciles beneficiados con la educación superior gratuita, el jefe de la billetera fiscal se apuró en descartar otra reforma e incluso deslizó la idea de que, de recaudar mayores ingresos en los años posteriores, sería la sociedad quien “tiene que debatir si quiere dedicar más recursos a educación superior o a otras cosas”.

“(…) si Chile tuviera esa plata, supongamos que tuviéramos la suerte que el precio del cobre vuelve a 3 dólares y se mantiene ahí, la pregunta siguiente que tiene que hacerse la sociedad y que el proyecto de ley pone sobre la mesa es: ¿queremos usar toda esa plata en educación superior o hay otras necesidades también que compiten con esta? Salud, educación no terciaria sino educación primaria, educación secundaria, jardines infantiles, pensiones…”, dijo Valdés.

Una definición que, apoyada más tarde por el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, y la propia ministra de Educación, Adriana Delpiano, dejaron claro la convicción formal del Ejecutivo de no ampliar las expectativas a cambios profundos en recaudación en el texto ingresado a la Cámara de Diputados, la reforma más esperada de la actual administración.

Ministro Valdés descarta una nueva reforma tributaria para financiar gratuidad universal en educación – The Clinic Online

La torta mala

Desde muy temprano, las críticas a la forma de financiar el derecho prometido en campaña por el Gobierno se tomaron el debate. Los cálculos que realizó la Confech de que tal como estaba propuesto en el proyecto, la gratuidad universal podría recién alcanzarse en 20 ó 30 años, tuvieron eco y fueron respondidos por Valdés en los pasillos del Congreso.

El titular de Hacienda explicó que toda la gratuidad cuesta 1,5 por ciento del PIB, lo que se traduce en poco menos de 4 mil millones dólares, cifra con la que hoy no cuenta el Ejecutivo. Por eso la mesura y la responsabilidad fueron parte de las palabras más usadas por las autoridades de Gobierno ayer en el Parlamento.

Si bien, buena parte de los parlamentarios de la Nueva Mayoría apoyó esa decisión e incluso señalaron como “absurda” la opción de un nuevo ajuste para recaudar más recursos y así llegar a la gratuidad en todos los deciles, al interior del oficialismo también consideran que esa posición viene como apéndice de la decisión de ingresar el proyecto esta semana, a pesar de las advertencias de senadores oficialistas, como Carlos Montes o Guido Girardi. En ese bloque, consideran que la intención de llevar la “guerra” hacia el Parlamento liberaba al Ejecutivo del lobby prelegislativo -que se extendió por casi un año y medio, después de la aprobación de la Ley de Inclusión- y ahora se generará en un espacio “más transparente” que dentro del Ministerio de Educación.

Pero esa es sólo la mirada positiva del ingreso del proyecto, que ayer volvió a ser criticado por rectores, estudiantes y parlamentarios de todo el espectro político.

Durante la reunión con los rectores, realizada en el salón Juan Bustos y con los senadores Montes y Girardi como maestros de ceremonia, los parlamentarios de distintas bancadas de la NM e independientes se sumaron a un reconocimiento del rol de las universidades estatales en el criticado proyecto.

En ese documento, diputados y senadores se comprometieron con principios esenciales, como que las instituciones estatales sean la columna vertebral del sistema, con un programa específico para potenciar la educación superior estatal y transparencia y fiscalización en el uso de recursos públicos, entre otros ítems.

Dicha declaración, que fue firmada incluso por senadores como Andrés Zaldívar, Ignacio Walker y Jorge Pizarro y la presidenta DC Carolina Goic, fue valorada por el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, quien valoró la oportunidad de discutir un nuevo sistema de educación superior después de los cambios realizados en dictadura, pero a su vez fustigó las críticas hacia sus pares de que estuvieran más preocupados de repartirse el mejor pedazo de torta antes de pensar en el futuro.

“Se insiste en que el problema es de transferir fondos de un lado para otro, que estamos los distintos rectores peleando unos con otros por agarrar el pedazo más grande de la torta y esta torta es muy mala, o sea, la forma en como está pensada la educación universitaria es terrible”, explicó.

Además, al sinfín de reacciones que tuvo la presentación del proyecto -que será estrenado oficialmente hoy en una sesión especial de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados- se sumaron las de los estudiantes, quienes se convocaron en Santiago y regiones sin autorizaciones de las respectivas intendencias y exigieron explicaciones a la ministra Delpiano.

Apuntando principalmente a la mantención de la política del voucher y la eternización del endeudamiento estudiantil mientras no se extienda la gratuidad -principalmente por medio del CAE-, los estudiantes insisten en que el camino que debiera tomar el Ejecutivo es establecer un financiamiento permanente con recursos obtenidos de la Ley Reservada del Cobre y otros impuestos, en vez de depender de “los vaivenes del mercado”.

“Acá se esconde que el sistema es hegemonicamente privado, acá quienes hacen negocio son los que tienen el 85 por ciento de la matricula total de Educación Superior; por lo tanto, cuando no hay una apuesta por hacer crecer el sistema público se está dejando el negocio en la educación y se le está entregando bastantes fondos”, dijo la presidenta de la Fech, Camila Rojas.

¿Un CAE estatal?

Con las críticas en punto de ebullición, la ministra Delpiano ayer destacó que los cálculos del Ejecutivo se han hecho con mucha responsabilidad ante el momento económico que vive el país y destacó que durante el próximo año aumentará considerablemente el número de beneficiarios de gratuidad sin subir hasta el sexto decil con la inclusión de estudiantes de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.

Dicha medida, eso sí, está sujeta a su aprobación en el Senado, donde el proyecto -que venía aparejado a la ley corta de gratuidad de 2016- lleva estancado algunos meses. Con ella, los alumnos de Inacap, Duoc y otras dos instituciones de ese tipo podrán sumarse al beneficio.

Junto a eso, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, también defendió la permanencia del CAE en el proyecto, principalmente por el alto número de estudiantes que lo reciben actualmente y explicó que el problema de ese instrumento no pasa por su tasa de interés “sino que se haga a través de la banca formal y que en esa pasada gane el banquero”.

“El crédito para la familia es bajo, tiene el 2% que la verdad es menos casi que el IPC, pero el tema vamos a estudiarlo nosotros porque creemos que ayudas estudiantiles tienen que existir mientras estamos en el proceso de transición hacia la gratuidad. Pero tal como está el CAE es perfectible”, dijo.

“Más que el interés yo creo que el tema más complejo es si hay algún tipo de institución estatal que pueda administrarlo”, dijo la ministra, agregando que “el interés que había hace unos años era de 6%, bajó al 2% y yo creo que lo que agobia a los estudiantes efectivamente es que tienen que pagar en tiempo y eso se lo cobran durante mucho tiempo. Pero hay ya morigeraciones respecto de que tú puedas pagar más de una cierta cantidad. Y por cierto que esto se soluciona con el avance en la gratuidad. Esa es la solución definitiva”.

Cabe recordar que la misma Delpiano señaló el lunes en CNN Chile que “los bancos son mejores cobradores que las universidades con el Crédito Solidario, esa ha sido la razón (de que se mantengan administrando el CAE), pero eso no tiene por qué seguir siendo así”.