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(Foto captada por The Clinic Online, cuando Cheyre abandonó el cuartel de la PDI)

El abogado Jorge Bofill, patrocinante del general (r) Juan Emilio Cheyre en el caso Caravana de la Muerte, sentenció en una entrevista a The Clinic Online publicada en noviembre de 2015: “Se está tratando de juzgar al comandante en jefe del Nunca Más”.

Bofill, un prestigioso penalista del foro, quien nunca había defendido a militares involucrados en violaciones de derechos humanos durante la dictadura, apuntaba con sus dichos al capital político que construyó Cheyre cuando era comandante en jefe del Ejército del Gobierno de Ricardo Lagos y se transformó en el primer militar en condenar los atropellos a las garantías fundamentales en dictadura.

Trece años después del histórico “Nunca Más”, Cheyre fue procesado ayer en calidad de cómplice por el ministro Mario Carroza, por su responsabilidad en quince homicidios calificados, en el marco del paso de la comitiva militar dirigida por el general Sergio Arellano Stark en el regimiento Arica de La Serena. En esos días posteriores al golpe militar de 1973,  fue definido como una oficial brillante, leal, con iniciativa por sus calificadores, luego de que el helicóptero Puma abandonara la IV Región.

Su jefe en ese entonces, el coronel Ariosto Lapostol comandante de la unidad, lo calificó antes del golpe del 73 en su hoja de vida: “Es el mejor oficial subalterno que he tenido”.

Nombrado a la cabeza de la institución por el exPresidente Ricardo Lagos en 2002, fue instructor de la Escuela Militar en infantería, cargo apreciado dentro del Ejército, pues la formación que entrega influye en los futuros oficiales.

Durante su jefatura institucional, intentó desmarcarse de Ricardo Izurieta, el mismo general que recibió a Pinochet cuando volvió desde su detención en Londres y se paró de su silla de ruedas en el aeropuerto.

Así, también la frase pronunciada por Bofill, apuntaba a la carta que publicó en 2004 en La Tercera, donde hizo un mea culpa por las violaciones de derechos humanos, hecho que le abrió más las puertas las puertas al espectro político y sus dichos fueron ampliamente reconocidos por todos los sectores, mas no por las agrupaciones de víctimas de la dictadura que la consideraron insuficiente.

Así escribió Cheyre: “Además, (el Ejército) ha reconocido en reiteradas oportunidades las faltas y delitos cometidos por personal de su directa dependencia; las ha censurado, criticado públicamente y ha cooperado permanentemente con los tribunales de justicia para, en la medida de lo posible, contribuir a la verdad y la reconciliación. Asimismo, se ha condolido por los sufrimientos de las víctimas de estas violaciones, reconociendo que recibieron un tratamiento que no se condice con la doctrina permanente e histórica de la institución. Unas violaciones que no justifica y respecto de las cuales ha hecho y seguirá haciendo esfuerzos concretos para que nunca más vuelvan a repetirse”.

Salido en 2006 el Ejército, Cheyre siguió una carrera meteórica. Se dedicó a la academia y asumió en la Universidad Católica (UC) como director del Centro de Estudios Internacionales, fungió de columnista, panelista y durante la administración del Presidente Sebastián Piñera fue nombrado integrante del Servel y miembro de la mesa asesora para la demanda que presentó Bolivia ante La Haya.

Pues bien, fue en la reunión de esta instancia donde Cheyre fue sorprendido con el aviso de que iniciaba su caída: el ministro Mario Carroza había despachado una orden de detención en su contra. Salió entonces del edificio Carrera que alberga a la Cancillería, abordó su automóvil y se dirigió al cuartel de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, ubicado en calle Condell, donde se le notificó que estaba encausado. De allí partió al Batallón de Policía Militar del Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén y las reacciones no se hicieron esperar.

Palabras

La abogada de derechos humanos Carmen Hertz, cuyo marido -Carlos Berger- falleció a manos de los integrantes de la Caravana de la Muerte en 1973, sentenció: “El procesamiento de Cheyre es algo extremadamente importante para la sociedad chilena”.

El ex ministro de Defensa de la era Piñera, Jaime Ravinet, en tanto, lo defendió aludiendo a a un “afán vengativo”.

El querellante en el caso, Cristian Cruz, quien desde hace al menos 4 años está detrás de la causa, indicó a CNN Chile que el encausamiento de Cheyre no fue al azar, sino que hubo “cientos de medios de prueba que dan cuenta de manera inequívoca con estos quince prisioneros que fueron ejecutados y lanzados a una fosa común”.

“Está triunfando la verdad y vamos camino a la justicia. Se ha triunfado sobre los poderes fácticos -lo digo claramente, el Ejército de Chile- que había permitido que los procesados tuvieran inmunidad”, adujo.

Asimismo, indicó que su expectativa es que Cheyre cumpla una pena efectiva de cárcel “por los graves crímenes que cometieron”. Y añadió que los años transcurridos antes de que enfrentara la justicia, se debió al “respaldo político (que) vino extrañamente de no pocos sectores que hablaban de los derechos humanos”.

En RN Nicolás Monckeberg, en conversación con radio Bio Bio, en tanto, manifestó: “El caso Caravana de la Muerte es de aquellos casos que no puede quedar sin resolverse (…) es de las páginas negras que uno puede conocer y que es bueno que se investigue a fondo y que los responsables sean finalmente sancionados. Juan Emilio Cheyre va a tener que probar cada uno de sus dichos, él clama su inocencia, lo acusan en contrario, espero que en verdad el proceso se lleve a fondo”.

Caminos procesales

En el antiguo sistema de persecución penal de los delitos, cuando un juez dicta un auto de procesamiento, significa que ha reunido presunciones suficientes de que una persona ha tenido participación en calidad de autor, cómplice o encubridor del delito que investiga.

En ese contexto, es que el abogado defensor tiene tres alternativas a la mano. La primera y más lógica, es presentar un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con el fin de revocar el auto de procesamiento. Para ello tiene un plazo de cinco días como máximo para ingresar el escrito.

Así, una sala conformada por tres ministros, analizan si las pruebas reunidas por el magistrado a cargo del caso coinciden con la imputación.

Si el tribunal de alzada capitalino considera que no fueron bien aplicados los criterios de presunción, Cheyre podría quedar en libertad y sin cargos en su contra. En corto, queda fuera del caso. Otra posibilidad es que podrían bajar la “participación” que tuvo el exmilitar a encubridor.

Ahora bien, si la Corte confirma el dictamen de Carroza -y ese es uno de los mayores riesgos para cualquier defensor- el procesamiento quedaría “a firme”, lo que implica un apoyo cerrado a la labor de Carroza, hecho que le permitiría continuar con el caso, cerrar el sumario, acusar, dar inicio al plenario (figura similar al juicio oral) y dictar la condena de primera instancia, hecho para el cual sólo existe un plazo prudencial. Luego de ello quedan las apelaciones a los tribunales superiores.

Una segunda posibilidad es que Bofill espere días o meses y pida la modificación del auto de procesamiento, pero quienes han alegado en el antiguo sistema saben de sobra que en casos de violaciones de derechos humanos, es casi un “saludo a la bandera”.

Por último, Bofill podría solicitar la libertad condicional de su cliente e iniciar su estrategia de defensa con miras a una eventual acusación.

Al respecto, ayer el ministro Carroza indicó que la decisión de procesar a Cheyre en el caso Caravana se basó en la acumulación de pruebas durante la indagatoria, pero “el elemento esencial es su conocimiento de lo que se estaba realizando en esas 3 horas que estuvo la comitiva en La Serena”.

Lo que viene

Si el caso llega a la Corte, Bofill se enfrentará al querellante Cristián Cruz, al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (PDH), como también a la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Alma Sánchez. Todos son parte de la causa.

Esta semana, en su reunión plenaria de los miércoles, el CDE resolvió según fuentes del organismo, no pedir el procesamiento de Cheyre y “defender” la decisión de Carroza en el tribunal de alzada.

La decisión del CDE demoró varios meses. Pasó primero por el análisis del comité penal, como también del pleno y se revisó por varios meses. La señal de prudencia, dijo uno de los consejeros, se debió que ninguno llegaba a la convicción de que Cheyre hubiera tenido participación directa en los hechos y era mejor esperar la resolución del magistrado.

Otro hecho que marcó el caso antes que Carroza procesara al ex general, fue la solicitud de encausamiento del PDH en calidad de encubridor que ingresó hace exactamente un mes.

La presentación fue realizada por el exjefe jurídico del organismo, Rodrigo Lledó, antes de que la nueva directora Catalina Lagos, asumiera el cargo y pidiera su renuncia.

Las sospechas al interior del “programa” era que el gobierno nunca pediría el procesamiento de Cheyre, por lo que antes de dejar el cargo Lledó, junto a los abogados Javier Contreras, Sergio Concha, Gabriel Aguirre, Hugo Pavez, Loreto Meza, Ilan Sandberg y Paulina Zamorano, habrían decidido actuar antes de partir.

En La Moneda se optó por no levantar olas con el asunto, y la petición siguió su curso.

Hoy Cheyre, que siempre ha alegado inocencia, pasa sus horas detenido en un penal militar.