Jubilazos en Fuerzas Armadas: CDE reconoce que no tiene facultades investigativas y fiscalizadoras

En un oficio reservado del 4 de julio pasado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) precisó al diputado Leonardo Soto, presidente de la comisión investigadora sobre jubilazos en Gendarmería y Fuerzas Armadas, que la institución no cuenta con facultades investigativas y fiscalizadoras sobre el caso de pensiones de inutilidad de segunda clase.

El documento del CDE es en respuesta a  la solicitud del parlamentario PS para actuar e indagar en detalle si las pensiones de inutilidad de segunda clase, que abordó el capítulo de Informe Especial emitido este domingo, se ajustan a la legalidad vigente o si se deben iniciar acciones legales.

El organismo encargado de defender las arcas estatales señaló que “su objeto principal es la defensa judicial del Estado y sus organismos, careciendo en consecuencia de facultades investigativas y fiscalizadoras”.

Junto a eso, el CDE mencionó que ya había interpuesto una querella criminal por fraude al Fisco en la causa por pensiones aparentemente abultadas de funcionarios de Gendarmería de Chile, pero agregó que recibieron el informe de la comisión el 15 de junio pasado “el que se analizará en conjunto con los antecedentes remitidos, dentro del marco de las facultades de este organismo”.

Ayer, el gobierno reaccionó al último programa emitido en TVN con un punto de prensa desde La Moneda, donde los ministros de Defensa, José Antonio Gómez, y de Trabajo, Alejandro Krauss, anunciaron que crearían una mesa de trabajo para analizar modificaciones al sistema previsional y que remitirían los datos a instituciones fiscalizadoras. Y dijeron que los chilenos debían estar tranquilos porque no permitirían que los recursos de todos los chilenos fueran “mal utilizados”.

“Todos los antecedentes que hemos recabado los vamos a enviar a la Contraloría para que analice si esas pensiones pueden o no ser revisadas desde el punto de vista de la administración, y en segundo lugar al Consejo de Defensa del Estado para que determine si existe o no alguna situación irregular desde el punto de vista del sistema penal”, dijo Gómez.

Sin embargo, dichos antecedentes, además de estar en poder del mismo CDE, también son parte de una investigación que Contraloría inició hace varios meses.

El 6 de marzo pasado el ente contralor respondió al mismo diputado Soto, presidente de las “Comisiones Especiales Investigadoras Unidas encargadas de analizar las eventuales irregularidades en el otorgamiento de las pensiones en Capredena y Dipreca y las pensiones pagadas a funcionarios de Gendarmería”, que había iniciado una investigación con los antecedentes entregados sobre pensiones Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

El documento firmado por Jorge Bermúdez señala que se iniciaría dicha fiscalización tras la entrega de información sobre exdirectivos de Capredena con pensiones que oscilaban entre los 3 y 5 millones de pesos mensuales.

Los antecedentes correspondían a las pensiones de la exvicepresidenta Ejecutiva de Capredena, Patricia Ewing Pinochet, quien actualmente recibe $4.868.017 mensuales; y los exdirectivos Luis Jara Lepe ($4.035.277), Juan Vargas Cordero ($3.744.519) y Carlos Fuentes Gajardo ($2.863.087).

Según explicó el diputado entonces, el monto total de perjuicio fiscal de los exdirigentes, quienes además eran encargados de calcular y entregar pensiones de retiro, se elevaba entonces a los 750 millones de pesos, desde el año 2007.

“Me parece que la reacción del ministerio de la Defensa ha sido sin duda tardía, toda vez que el detalle de todos estos antecedentes ya obraban institucionalmente en poder de la Cámara e incluso fueron remitidos hasta el mismo Ministerio de Defensa hace varias semanas, sin que hayan tenido reacción alguna”, dijo Soto.

Según el parlamentario, en innumerables oportunidades planteó los antecedentes e incluso se los remitió al mismo Ministerio de Defensa, sin que éste se hubiera hecho cargo de la información revelada.

“Eso deja en evidencia, sin duda, que no han hecho un seguimiento cercano al trabajo que hizo la Cámara de Diputados, porque si lo hubieran hecho sabrían que hace más de un mes todos los antecedentes fueron entregados al CDE”, agregó el diputado.

Finalmente el parlamentario señaló que el ministerio debe abocarse a presentar diversas medidas administrativas e iniciativas legales para terminar con pensiones “claramente millonarias, injustas y abusivas”.

“Hoy día el sistema sigue funcionando, y tal como en el pasado entregó pensiones que son escandalosas, hoy día puede estar pasando exactamente lo mismo”, concluyó.