Cómo un abogado rockero consiguió la primera condena contra un expresidente latinoamericano en EEUU

Un treintañero de rostro alargado y pelo rubio despeinado empuja una silla de ruedas en la que va una cholita, como se conoce a las indígenas bolivianas, a la salida de una corte federal de Florida. El joven de traje negro ajustado y corbata estrecha era el principal guitarrista de Beautiful Bodies, una banda de rock alternativo que hacía giras por Europa y Estados Unidos. Hasta que tuvo que dejarlo para enjuiciar a un expresidente.

Thomas Becker es uno de los abogados de la Clínica de Derechos Humanos de Harvard que ayudó a nueve indígenas aimaras a ganar un juicio civil sin precedentes en Fort Lauderdale. Un jurado declaró al expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín responsables por ocho ejecuciones extrajudiciales durante una ola de protestas en Bolivia en 2003 en las que murieron más de 50 personas.

“Es algo muy importante. Es el primer juicio contra un expresidente que tiene que responder directamente a los acusadores en la historia de los Estados Unidos”, afirmó Becker el pasado miércoles, pocas horas después de conocer la decisión del jurado, que celebró junto al resto del equipo de abogados y cinco de los demandantes bolivianos, todos ellos familiares de víctimas de la masacre.

La decisión del jurado, que la defensa del expresidente ya ha recurrido, se conoció esta semana. Pero para Becker, el caso comenzó hace más de una década, en 2005, durante unas vacaciones a Bolivia, cuando él era un estudiante de derecho de Harvard originario de Kansas City (Missouri) que apenas hablaba español.

Al llegar al país sudamericano se topó con unas ruidosas manifestaciones que pedían que se hiciera justicia por la matanza del llamado ‘octubre negro’: “Para mí fue muy increíble. Nunca había visto protestas tan grandes y me dijeron que eso era parte de la cultura de Bolivia. La protesta es como un equilibrio entre la gente de la calle y los del gobierno”, recuerda.

Sin embargo, al conocer a algunas de las víctimas de la masacre, supo que en ese caso no se podía hacer justicia plenamente porque, pese a que se había encarcelado a algunos jefes militares, quienes estaban a cargo del país políticamente durante ese conflicto lo habían abandonado en medio del caos para irse a vivir a Estados Unidos y nunca fueron juzgados.

“Para mí, (Gonzalo Sánchez de Lozada) escapó. Estaba usando los Estados Unidos como refugio. Entonces decidimos: ¿por qué no intentamos traer un juicio?”, recuerda Becker, quien confiesa que sintió cierta culpabilidad porque el exmandatario y su ministro de Defensa vivieran tranquilamente en su país de origen sin haber rendido cuentas por las muertes. “No era justo y decidimos buscar una oportunidad de justicia para las familias”.

Al regresar a Estados Unidos, habló del caso en la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de Harvard que, junto con otras organizaciones, presentó una primera demanda en 2007. Entonces, Becker comenzó una serie de viajes a Bolivia, donde pasaba temporadas largas recolectando pruebas y testimonios y entrevistándose con las víctimas.

Encuentro con las víctimas del ‘octubre negro’

Entre las familias que conoció estaban Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos Mamani, los padres de Marlene Nancy Rojas Ramos, una niña de ocho años que fue asesinada cuando estaba en el dormitorio de su madre en Warisata, en el altiplano boliviano, y una bala traspasó la ventana de la casa y le atravesó el pecho.

También estaba Teófilo Baltazar Cerro, viudo de Teodosia Morales Mamani, quien murió de un disparo de los militares enviados a controlar las protestas a la ciudad de El Alto, aledaña a La Paz. “Mi esposa estaba sentada en el primer piso de la casa de su hermana. Dispararon a las casas y traspasó la bala. Entró por aquí y la abrió”, explica mientras traza una línea con su dedo entre la espalda y el estómago.

“Ella no estaba en esos conflictos y estaba embarazada de cinco meses. Lamentablemente, ese gobierno mató a mucha gente inocente”, critica Baltazar Cerro, antes de relatar el viacrucis que pasó desde que dispararon a su esposa hasta que pudo llevarla al hospital sorteando calles cortadas por las protestas.

Teodosia Morales no superó las heridas y falleció días después. A su esposo le tocó enterrar su cuerpo y el del bebé que engendraba, que los forenses le entregaron en un tarro de cristal. También le tocó empezar una nueva vida criando solo a los siete hijos que tenían.

Por eso, tras pasar el duelo, se prometió a sí mismo que haría lo posible por encontrar justicia y se puso al frente de la asociación de las víctimas del ‘octubre negro’. Después, tras conocer a Thomas Becker, se convirtió en uno de los demandantes bolivianos en el juicio a Sánchez de Lozada y Sánchez Bezaín que promovió el equipo legal de Harvard en Estados Unidos.

Entre el rock y los derechos humanos

“Thomas es el que ha llevado este proceso, lo ha sacado adelante”, asegura Baltazar Cerro. “Es un boliviano más”.

Por aquellos años, el chico de Kansas City tenía una especie de doble vida entre la música (componía canciones con su grupo a distancia y regresaba a Estados Unidos para las giras) y la defensa de los derechos humanos, algo que, según dijo en una entrevista en 2015, también se reflejaba en las creaciones de su grupo, Beautitul Bodies.

“La educación informal que he recibido de trabajar en las calles con gente que lucha por un cambio influyó en nuestra música. Nos inspira la gente que quiere levantarse y batallar para hacer del mundo un lugar mejor”, le dijo a la revista Static Magazine.

Pero llegó un punto en el que a Becker le tocó elegir. Fue hace dos años cuando la demanda judicial que habían presentado en 2007, tras superar varios obstáculos, recibió un nuevo impulso en los tribunales y decidió centrar sus esfuerzos en el caso del ‘octubre negro’.

A principios de marzo, más de una década después, la demanda llegó a un juicio civil en la corte federal de Fort Lauderdale, donde Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín y las víctimas se vieron las caras. Después de más de tres semanas de declaraciones, testimonios y deliberaciones, el pasado miércoles un jurado popular compuesto por diez personas dictaminó por unanimidad que el expresidente y el exministro deberán pagar 10 millones de dólares en compensaciones a los familiares de las víctimas.

Y aunque la defensa del expresidente apeló el veredicto por considerarlo incongruente y confían en que será revocado, los demandantes y sus abogados consideran el dictamen del jurado una victoria y un caso que sienta precedente en Estados Unidos.

“Es importante para Bolivia, para las víctimas del abuso de los derechos humanos y de violaciones de los derechos humanos en todo el mundo”, explicó Becker. “La gente quería justicia. Y no es solo cuestión de dinero. Lo que queríamos es que quedara claro que estas personas son culpables por los muertos de 2003″.

Para Teófilo Baltazar Cerro, con esta decisión del jurado se cumple de alguna manera una promesa que le hizo a su mujer. “Yo juré hacer justicia en la tumba de mi esposa y voy a ir hasta donde tenga que ir y hasta donde pueda. Y lo estoy haciendo”, afirma. “Y no soy yo nomás. Somos diez demandantes, pero también estamos aquí por los demás. Los fallecidos son 60 y cuatro amputados. Por ellos también estamos peleando”.

Pero él asegura que la verdadera justicia sería si pudieran extraditar al expresidente y al exministro a Bolivia para que fueran juzgados allí, algo que el gobierno de ese país ha intentado durante años sin éxito.

Mientras tanto, Becker, ya tiene planes para ir a celebrar esta decisión a Bolivia con el resto de víctimas del ‘octubre negro’ y después sólo piensa en tomarse un tiempo de reposo. “Necesito descansar. Ha sido un mes largo…. y una década larga”, bromea.

Texto de Lorena Arroyo y Luis Velarde para Univision.com