En las últimas décadas, de forma gradual pero creciente, las demandas de la sociedad hacia la política pasaron de unas preocupaciones centradas en la recuperación democrática, propias de los años noventa, a apuntar inquietudes y malestares que exigían una definición ante un neoliberalismo que invade de disímiles formas la vida cotidiana. Ello instaló una exigencia de transitar desde programas abstraídos en las condiciones del juego político, a una agenda que encarara las incertidumbres y adversidades que acarrea la extrema mercantilización de los aspectos básicos de la vida sobre el día a día de la población. A este reclamo económico y social se une, además, una nueva realidad cultural que amplía estas demandas hacia una autonomía moral, que choca con el conservadurismo de unas élites acostumbradas a reducir todo horizonte de libertad a uno puramente mercantil e individual.

En ese curso comenzó a crujir el sistema de partidos y las alianzas provenientes de los términos en que se fraguó la transición chilena. En especial, esto fue agotando y vaciando de sentido los acuerdos que sustentaban el proyecto de la Concertación -y su proyección en la Nueva Mayoría-, abriendo un vacío por el que asoman diversos intentos de conformación política.

La expresión más visible de ello es el Frente Amplio, cuyo debut electoral en 2017 quiebra la tendencia seguida por la transición chilena de un electorado repartido entre la alianza de derecha y la Concertación. Sin embargo, más que un proyecto consolidado, se trata de una expresión de la heterogeneidad de procesos sociales y políticos en los que surge. De allí que en ella convivan desde organizaciones que habitaron la propia Concertación hasta diversos movimientos de izquierda formados tras las movilizaciones estudiantiles de 2011, incluido un novel Partido Liberal.

De tal modo, hoy el proceso político atraviesa diversas dinámicas de reorganización que tensionan las configuraciones que dominaron desde la transición. Allí se mezcla y colisiona el largo ocaso de la Concertación y las búsquedas de un sentido histórico del debut frenteamplista, bajo la ineludible demanda por erigir nuevos proyectos políticos.

¿Estado v/s mercado?

Bajo la carga de las privatizaciones impulsadas por la dictadura, la oposición a aquél desmantelamiento estatal se convierte en uno de los elementos centrales de los idearios políticos que presiden la pugna en que se fragua la transición a la democracia. Alrededor de este dilema entre Estado y mercado se configuran los ideales inmediatos de sociedad y de desarrollo, en un hecho que, además de la cultura política de masas que se expresaba en los idearios que movilizan las campañas políticas del Sí y del No en el plebiscito de 1988, también arrastraba los debates intelectuales y de los centros de pensamiento más relevantes.

Tales eran los horizontes socioculturales que movilizaban a las fuerzas políticas y sociales, influyendo en el sentido que adoptaba la propia idea de democracia y, con ello, la formación de la cultura política de la nueva etapa. Se vinculaban por esa vía las aspiraciones de democratización política con aquellas de democratización social propiamente tal. En este panorama se proyecta la opción socialdemócrata -encarnada en varios de los partidos de la Concertación-, como la oposición más efectiva a la experiencia neoliberal pinochetista que se aspiraba a superar.

El pionero ímpetu privatizador de la dictadura chilena contiene dos fases bien diferenciadas, que distinguen al neoliberalismo criollo de otras experiencias latinoamericanas. La primera de ellas, que pronto se hace común a escala continental e incluso prácticamente global en las décadas siguientes, es aquella privatización de las grandes empresas estatales, incluyendo áreas como el transporte, forestal, de la minería e hidrocarburos y de las comunicaciones, entre otras. Todas, destinadas a una subasta privatizadora que constituye una verdadera subvención estatal a los procesos de acumulación por desposesión y de concentración de la propiedad en manos de grandes grupos privados, tanto criollos como extranjeros.

Sin embargo, despuntando la década de los ochenta, una segunda ola privatizadora avanza sobre los antiguos servicios sociales estatales, en áreas como la educación, la salud y las pensiones. Se trata de una mercantilización de esferas de la vida cotidiana que constituye, hasta hoy, una experiencia que todavía resulta difícil encontrar de modo tan extendido y profundo a escala mundial. El acceso a diversas ofertas educacionales, con grandes brechas de calidad, pasa a depender de los ingresos individuales, y las oportunidades en el mercado laboral asociadas a estos niveles educativos, se proyectan como nuevas fuentes de desigualdad. En salud y pensiones ocurre lo mismo: áreas que quedan en manos de empresas privadas, donde los servicios a que se puede aspirar quedan atados al nivel de ingresos individuales, lo que ensancha las brechas sociales y abre una pesada ausencia de certezas sobre la vida cotidiana. En estas esferas, ante el debilitamiento sostenido de los servicios sociales estatales y el traspaso de funciones a empresas privadas que los ofrecen, el individuo se enfrenta, en forma cada vez más aislada, a un enjambre de costos y precios que pasan a inundar el nuevo panorama de la reproducción de la vida en sociedad. De aquí una fuente de malestar y conflictividad social que llega hasta la actualidad, profundizando  la crisis de legitimidad y de representación actual del sistema político.

La corrosión del ideal socialdemócrata

Tras más de dos décadas de gobiernos civiles y de un considerable aumento del gasto social estatal -especialmente en educación y salud, los cuales promedian un alza anual, en los cuatro gobiernos de la Concertación entre 1990 y 2009, de 7,3% y 7,8%, respectivamente-, resulta que, paradójicamente, aquél dilema de los orígenes de la experiencia democrática entre Estado y mercado termina desdibujándose y diluyendo su anclaje en la legitimidad de los proyectos políticos que la animan.

¿Qué sucedió? Lejos de una reconstrucción de los antiguos servicios públicos, este expandido gasto social estatal se orienta, bajo los consecutivos gobiernos de la Concertación, a estimular el crecimiento de una suerte de “capitalismo de servicio público”, a saber: grandes empresas privadas (nacionales al inicio, luego el desembarco creciente de capitales extranjeros) proveedoras de servicios públicos a costa de subsidios estatales. Se trata del pregonado voucher de los monetaristas de Chicago. Un curso en el que florecen, hasta su enorme talla actual, una profusa red de universidades y otros centros privados de enseñanza, clínicas y centros asistenciales privados, una práctica que se extiende hasta cárceles privadas y una polémica red asistencial privada para niños, todas dependientes de las asignaciones estatales en forma de bonos y licitaciones. Las dudosas razones ideológicas apuntadas a la ineficiencia estatal son de sobra conocidas para justificar este proceder, pero su particularidad estriba en el formidable grado de expansión que alcanzan, bajo un curso que se intensifica en plena democracia, a manos de fuerzas políticas que se autodefinen “socialdemócratas”.

Esta experiencia cobija dos cuestiones que impactan en la cultura política y ocasionan el desarraigo de estos idearios en la sociedad, cuya consideración es fundamental para comprender la fisonomía actual de las demandas sociales y los movimientos que las sostienen, así como de las alternativas que pujan por constituirse en expresión política, en particular, el Frente Amplio.

Primero, esto introduce una crecida y conflictiva desafección con el Estado, expresada en una desidentificación del ciudadano común -especialmente arraigada en sectores populares-, donde la falta de protecciones es más sensible. Una desafección que se expande hacia toda la política, expresándose en la caída de la votación de la Concertación -hasta registrar las victorias electorales de la derecha y la irrupción electoral del propio Frente Amplio- y la crisis sin excepción del sistema de partidos, plasmando la debilidad de las formas representativas. Es que, de lo que se trata, es de una extrema y sin par privatización y mercantilización de las condiciones de vida, que altera profundamente a la vida cotidiana, en la que aflora el páramo del individuo.

La segunda cuestión que explica tal impacto en la cultura política es que todo esto ocurre bajo gobiernos de fuerzas que se autodefinen socialdemócratas, como el Partido Socialista, el Partido Por la Democracia y el Partido Radical, que comparten gobierno con la Democracia Cristiana, encabezando a menudo estos ministerios del “área social”.

La corrosión de los idearios socialdemócratas que esta experiencia ampara está en el centro del declive de la Concertación. Es la deformación de la vocación social y económica de los idearios en que se había fundado la oposición entre Estado y mercado al momento de superar la noche dictatorial. La creciente incorporación de muchos de los dirigentes de tales gobiernos a esferas privadas (al frente del Consorcio de Universidades Privadas, en los directorios de las ISAPRES y las AFP), lejos de indicar casos aislados, ilustran una relación que alcanza altos grados de organicidad, en un curso que señala una colonización empresarial de las élites concertacionistas.

Aquella contraposición entre Estado y mercado ve así esfumarse su anclaje en la cultura política de masas, tras tal desfiguración del ideal socialdemócrata. El panorama social refleja, más bien, la disparidad que siguen los indicadores de pobreza y desigualdad, pues, si los primeros caen sostenidamente, bajando de un 39% a un 15% entre 1990 y 2009, los segundos porfían y hasta empeoran, alcanzando, en el mismo tiempo, un índice Gini entre los más altos de la OCDE (véase su informe de 2011). La persistencia y hasta el aumento de la desigualdad, en un contexto de relevante reducción de la pobreza, solo responde a una aguda concentración de la propiedad, la riqueza y las oportunidades, bajo estos gobiernos democráticos. De aquí el sello distintivo que adopta el malestar social que no tarda en explotar.

Se trata de un peculiar capitalismo de servicio público que cobija una aguda concentración de la riqueza a manos de un empresariado rentista dependiente del gasto social estatal. Una modalidad capitalista que depende más del favor del poder político que de la competencia, el emprendimiento y la eficiencia que alega. Allí se cifra el desdibujamiento de la identidad socialdemócrata, así como el desborde de la política por un malestar social anclado en la desprotección, la incertidumbre y la precarización de la vida social que esto acarrea.

Lo que se termina desdibujando, en definitiva, es la contraposición entre socialdemocracia y neoliberalismo en Chile, expresada en la desidentificación del ciudadano con esta fisonomía del Estado en los años de postdictadura. Se trata de algo relevante para entender la movilización y los empeños de constitución política que siguen a esta experiencia.

Derechos sociales y autonomía individual

Una vez disipados los temores a la regresión autoritaria, propios de los años noventa, una profusa demanda en disímiles dimensiones que van desde los derechos sociales hasta la autonomía individual, sacude el quietismo del escenario político y sociocultural chileno. Son las movilizaciones del nuevo siglo por la educación, las pensiones, las libertades sexuales, la igualdad de género, el medioambiente o el animalismo, que están ancladas en difusos -y muy dispares- discursos políticos. Unos en los que las clásicas fuerzas de izquierda buscan anclarse sin mucha efectividad. De cierta parte de esas nuevas demandas movilizadas surge el Frente Amplio, aunque sólo como expresión parcial de ello.

Estas experiencias sociales acarrean cambios en la cultura política. Desnudan los límites de las viejas formas de la izquierda para abordar -por ejemplo- el problema de la libertad, por su dificultad para lidiar con las demandas de autonomía individual, pues en gran medida en el siglo XX se sacrifica la libertad en nombre de la igualdad en aquellas prácticas, a menudo ligadas a la homogenización forzada. Además, gravita en estos movimientos la desconfianza hacia la intervención estatal como solución mecánica a dichos problemas, lo que marcha junto a un rechazo generalizado hacia los partidos políticos.

Una borrasca aquella en la que no solo resulta que el dilema entre Estado y mercado deja de funcionar, sino en la que también estos sectores sociales, que han pasado a renegar de la posibilidad de alguna solución estatal, actúan políticamente de un modo pendular, sacando ventaja en ello la derecha, tras un enjuto compromiso con las nuevas “clases medias emergentes”. Unos sectores donde, botados a su suerte, el mercadeo alienta su desidentificación con el Estado y la política, y se une a la derecha que aprovecha la cómoda condena a tal “arribismo” de un progresismo que se resiste a ver su propia responsabilidad en ello.

Este panorama no aguanta respuestas complacientes. Junto con una apropiación del presente es preciso recuperar también una idea de libertad que la destrabe de las restricciones mercantiles e individualistas que han impuesto las doctrinas neoliberales sobre el sentido común, como todo horizonte posible de ello. Es una disputa que fue eludida por la declarada socialdemocracia criolla, dejando este campo abierto a idearios de derecha. De ahí que la simple invocación a la intervención estatal no baste y carezca de un sentido claro en tal panorama. Por el contrario, fundar una práctica política efectiva supone una reconstrucción de la política como la esfera fundamental de la libertad, donde ocurre la deliberación racional a través de la cual la sociedad puede proyectar su futuro.

No son las demandas tradicionales de integración que estaban en la base de la movilización clientelar de los antiguos populismos latinoamericanos. Es, más bien, la desconfianza en las instituciones, de la que -con razón, valga insistir- no escapa el propio Estado, cuya función de proyección social palidece en el sentido común ante opciones como el esfuerzo individual, por crudo que resulte aceptarlo. De ahí que se insista en recuperar la diferenciación entre lo público y lo estatal, reivindicando en la primera esfera a una polis para quien las soluciones de todo no pasan necesariamente por el Estado.

El dilema político es de unos horizontes tradicionales desdibujados. La protección reclamada en forma de derecho busca una restricción política a la mercantilización de la vida cotidiana, que el propio Estado ahondó con el subsidio a ofertas privadas sobre tales servicios sociales. Una demanda de derechos que se resiste al reemplazo en bonos y, más aún, en vouchers como forma del gasto social estatal, destinado a un subsidio estatal a la acumulación privada. Por eso, lejos de los viejos dilemas entre Estado y mercado, grandes mayorías se mueven de forma práctica entre ambos ámbitos sin supuestas complicaciones ideológicas. Que no lo entiendan en los partidos es otro problema. Es la respuesta en amplios sectores de la sociedad a las condiciones de extrema individuación de la reproducción social que se extienden en estos años, amparada en la desarticulación de las viejas formas de resistencia asociativa.

De ahí su mezcla con demandas de autonomía individual en estos movimientos “unicausales”, muchas veces de alto impacto en confrontar los modos tradicionales de la dominación cultural, pero que, por cierto, no resuelven la distancia entre política y sociedad. La política se aísla en su elitización burocrática, ensimismada, pero no ante una sociedad “apática” -como espera la derecha más cómoda-, sino una profusamente movilizada. Luego, el dilema a resolver es que esa sociedad profusamente movilizada carece no sólo de similar empuje hacia esfuerzos asociativos, sino que de idearios políticos estructurantes.

En este contexto, las anotadas demandas por autonomía individual y derechos sociales condicionan tanto la formación como el ajuste de las fuerzas políticas. En esas condiciones se ubica la emergencia del Frente Amplio, con un arraigo real aunque parcial en semejantes experiencias sociales, expresivo tanto de sus posibilidades como de sus limitaciones. Es la demanda histórica de un nuevo proyecto político.