Hace unos días, el Ministerio de Salud dio a conocer una información alarmante: el 51% de los médicos obstetras que trabajan en servicios públicos son objetores de conciencia en al menos una causal. Esto, conforme al recuento posterior a la dictación del reglamento de octubre de 2018 que regula la forma en que profesionales, equipos de salud e incluso personas jurídicas pueden acogerse a la objeción de conciencia. Previo al reglamento, los obstetras objetores alcanzaban el 47%; es decir, la dictación de la normativa ministerial posibilitó que aumentaran los especialistas que no están dispuestos a intervenir en la interrupción legal del embarazo por causales.

Frente a ello, el entonces Ministro de Salud, Emilio Santelices, en una de sus últimas declaraciones públicas, señaló que “ha habido algún incremento de objetores en la tercera causal, no nos inquieta, no es significativo”. De este modo la ex autoridad sanitaria pretendía descartar la gravedad de la situación, obviando lo indesmentible. Tan alta proporción de profesionales objetores de conciencia constituye un serio obstáculo a la aplicación de la ley sobre aborto en tres causales, especialmente para las mujeres y niñas que han sufrido violencia sexual y deciden interrumpir su embarazo.

La posibilidad real de que mujeres y niñas que se encuentran en alguna de las tres causales legales de aborto, riesgo vital, inviabilidad y, especialmente, violación sexual, puedan acceder a la atención de salud que requieren, de manera oportuna y en entornos cercanos a sus redes, se vuelve cada vez más difícil. En solo un año, en lugar de disminuir las barreras al acceso, aumentaron quienes se acogen a la objeción de conciencia en establecimientos públicos. Además del alza entre obstetras, aumentaron los médicos anestesistas objetores, de 21,7% a 26,3%; y los técnicos paramédicos que se desempeñan en pabellón, de 13,2% a 13,5%.

Este aumento se produce posterior a la dictación del reglamento para la ejecución de la objeción de conciencia, que flexibiliza al máximo la posibilidad de acogerse a esta prerrogativa para no tener que intervenir en la interrupción legal del embarazo de una mujer o niña que se encuentre en alguna de las tres causales, por lo demás bastante acotadas y excepcionales. Conforme a la regulación ministerial, basta con llenar un formulario para ser reconocido como objetor de conciencia, sin que se exija siquiera señalar las creencias o convicciones que supuestamente le impedirían brindar la referida prestación de salud.

Bajo la normativa vigente, que no resguarda el carácter excepcional que debe tener la objeción de conciencia, quien simplemente no desee intervenir en la interrupción legal de un embarazo puede ser reconocido como objetor solo completando un formulario tipo. De esta manera, no se garantiza lo dispuesto en la ley, orientada a resguardar, al menos, los derechos de las mujeres y las niñas que se encuentren en alguna de las tres causales.

Ello contrasta con las reiteradas declaraciones del Presidente de la República acerca de su preocupación por la infancia. Hace un par de semanas, en su cuenta pública, el Presidente Piñera se dirigió al país señalando que los niños “están en el corazón de nuestro Gobierno” y que el abuso sexual “no tiene perdón”. Por ello, la desprotección que enfrentan las niñas víctimas de violencia sexual que deciden interrumpir un embarazo resultado de tal violencia, ante la gran cantidad de funcionarios públicos objetores de conciencia, no puede considerarse insignificante.

El Estado de Chile ha asumido compromisos vinculantes en materia de protección de las víctimas de violencia sexual y obligaciones reforzadas si se trata de menores de edad. Por ello preocupa que al conocerse los altísimos índices de objeción de conciencia entre funcionarios públicos, en lugar de adoptarse medidas concretas para asegurar la atención de las víctimas de agresiones sexuales, se señale que ello “no nos inquieta”. La reparación de las víctimas y el acceso a la atención de salud en tales casos hace parte de las obligaciones que las autoridades del país deben garantizar, especialmente respecto de niñas que han sufrido violencia sexual.

Corporación Miles rechaza aumento de objeción de conciencia en aborto: “MINSAL no puede permitir que en sistemas de salud públicos se masifique”

Corporación Miles, que recientemente presentó un recurso de protección contra un hospital por negar un aborto en tres causales a mujer que reunía todos los antecedentes, critica el aumento de profesionales objetores de conciencia en recintos de salud públicos: “implica una gravísima falta de servicio de parte del Estado, en especial del ministro de Salud, Emilio Santelices, quien tiene la responsabilidad de precaver que no se obstaculice el acceso de las mujeres al aborto protegido por ley”.